Santos profundiza el modelo neoliberal

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La reforma a la salud se niega a suprimir las parasitarias EPS

María Monsalve*

En clara contravía de las demandas políticas para que se ponga fin a un modelo económico que segrega al país desde su estructura, el gobierno Santos ha insistido en poner al día un paquete de medidas económicas y sociales que profundizan las tendencias neoliberales de las últimas décadas.

La reforma a la salud se niega a suprimir  las parasitarias EPS
La reforma a la salud se niega a suprimir las parasitarias EPS

Cual cuento infantil, estas reformas se arropan con el lenguaje de la equidad, cuando en realidad no hacen más que redistribuir los ingresos del trabajo entre los mismos asalariados, mientras descargan de sus responsabilidades sociales a los grandes capitalistas nacionales y extranjeros para que amplíen la acumulación, que poco se refleja en la reinversión productiva que genere empleo formal, el otro componente de la fantasía oficial.

La reforma tributaria descarga su peso impositivo en las personas naturales y por cuenta propia, exonera a las grandes empresas del pago de parafiscales si los trabajadores ganan menos de 10 salarios mínimos y traslada a las inciertas y mañosas utilidades el impuesto a la equidad (CREE) de donde se asignarán los recursos al SENA y al ICBF, dos resquicios de bienestar social que les quedaban a los trabajadores y que, por supuesto, correrán la misma suerte de marchitamiento de todo aquello que alguna vez garantizaba el Estado.

Entre tanto, la reforma tampoco toca a las parasitarias y elitistas cajas de compensación familiar, y esto es así porque en la era del Innombrable se les trasladó buena parte de la ejecución de las políticas sociales que competían al Estado, véase por ejemplo la reforma laboral de 2002.

La reforma pensional en ciernes le añade un factor de beneficencia estatal que aporta entre $40 mil y $70 mil mensuales a los ancianos desamparados, lo que sólo es un sofisma distractor que aparenta equidad. Entre tanto busca desmontar los subsidios que el gobierno aporta al sistema pensional, cuya generosidad está en duda, pues en el caso de extensos periodos de cotización, más allá de lo requerido, estos recursos no son dádivas sino deudas adquiridas con el trabajador aportante.

En principio los recortes pensionales operarían para los salarios altos pero no se descarta que la nueva norma opere a partir de las pensiones de dos salarios mínimos. De allí se deriva que los trabajadores que cotizaron pensiones en el antiguo ISS o régimen de prima media verán disminuidos de manera significativa sus ingresos para la vejez. A la vez se mantiene la ruptura de la solidaridad intergeneracional con la división de los cotizantes en dos regímenes.

Los formuladores de la reforma a la salud se niegan a suprimir los intermediarios financieros que son las EPS, cuya presencia no tiene razón que las justifique más allá de haberles otorgado rentas vitalicias y crecientes desde que se configuró la ley 100. No basta con que se vayan a centralizar los recursos de la salud si estos rentistas siguen siendo el eslabón principal de la cadena de servicio al ciudadano enfermo.

Con todas estas reformas de claro corte neoliberal se procura hacer real la meta de este gobierno de alcanzar una alta formalización de la población económicamente activa. Y es que ese 60% de la población laboral colombiana ya no es solo el ejército de reserva del capital, que además le permite minimizar los salarios, ni es solo el mecanismo de refugio anticíclico de los trabajadores, sino que ahora resulta determinante en la sostenibilidad del sistema capitalista.

Es una enorme masa laboral que puede ser mejor explotada como capital humano, que puede aportar al sistema impositivo, pensional y de salud antes de que la minoría formal que lo sostiene hoy lo haga saltar en añicos y lo torne inviable.

Los mandatos del Banco Mundial

El núcleo duro de estas reformas no es otro que la sostenibilidad fiscal del sistema, la misma que logró introducirse en la Constitución para ponerle límite a la exigencia ciudadana del ejercicio efectivo de los derechos (Acto Legislativo 3 de 2011). Detrás de las medidas está la garantía del pago de la deuda externa que ha comprometido en el pasado el ajuste fiscal y que lo sigue forzando en un horizonte de largo plazo.

Este nuevo ajuste no puede garantizarse sin un apretón más sobre los ingresos laborales. De ahí que los subsistemas de salud y pensiones tengan que hacerse autosostenibles y dejar de ser una carga para el fisco. De esta naturaleza son los “acuerdos” entre el gobierno colombiano y los organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial.

Sólo olvidan que la sociedad capitalista está conformada por actores interesados cuyas decisiones retroalimentan los resultados agregados de sumas y restas sociales. De manera que el ahogamiento de la clase trabajadora encierra su propia contradicción: vendrá acompañado de una caída de la demanda de consumos que resquebrajará, aun más, la producción industrial y agrícola y elevará el desempleo y la informalidad, ¡qué paradoja! El gran capital destruirá su propia solución.

* Investigadora CEIS.