La decisión del presidente de Colombia de romper relaciones diplomáticas ha tenido repercusiones nacionales e internacionales como el rechazo de la ultraderecha, ligada a los intereses económicos y políticos del sionismo
Luis Carlos Domínguez Prada (*)
La decisión presidencial, con el respaldo unánime del bloque de poder y la amplia base popular que lo apoya ─repárese en la fragorosa aclamación con que acompañó el anuncio en la Plaza de Bolívar─, tiene una legitimidad política, jurídica y moral que sólo los espíritus más ciegos y sectarios pueden cuestionar.
Sin discutir la facultad constitucional del presidente como jefe de Estado y director de las relaciones internacionales ─art. 189─, esa ruptura se corresponde políticamente a la alineación del país con el grueso de las naciones del mundo ─no las más poderosas─ que en los cinco continentes repudian el genocidio que Israel comete contra el pueblo palestino, exigen del agresor el cese de la agresión y reclaman de las instancias internacionales hacer valer sus atribuciones para ponerle fin.
Y cuando antes de la valiente denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel por genocidio, los medios alternativos nos traían el día a día de las atrocidades sin cuento cometidas en Palestina, el presidente Petro anunció que nuestro país, signatario de la Convención contra el Genocidio, no sería cómplice de esa abominación; prefigurando así que, si tal situación proseguía, rompería relaciones con el contumaz.
Si Israel no cumplió, Petro sí
Pero contra todo lo imaginado, el Consejo de Seguridad de la ONU mediante resolución ordenó el cese de la agresión en Gaza, gracias al no veto de los Estados Unidos ─ya lo había hecho tres veces─, nuestro presidente hizo una justísima declaración: si Israel no cumple esta resolución, la de mayor peso y trascendencia en el derecho internacional, romperemos relaciones.
De modo que, ante la cínica y retadora respuesta de Israel a esa orden vinculante, consistente en arreciar el ataque contra la población de Gaza y ahora de Cisjordania ─donde no está Hamás─ y para que no quede duda de su intención criminal bombardeando las instalaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados, UNRWA, y matando a cientos de sus funcionarios, el presidente colombiano sólo tenía razones para cumplir lo anunciado. Es más, estaba en mora.
Pero si alguno quisiera abundar en argumentos sobre la legitimidad de la decisión, basta remitirse al dramático reciente informe de Francesca Albanese, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de DD.HH. en los Territorios Ocupados, no gratuitamente denominado “Anatomía de un Genocidio”.
En él detalla cómo de los cinco criterios que contempla la Convención contra el Genocidio ─el crimen de crímenes─, se constatan hoy en Palestina por lo menos tres de ellos: matanza de la población, lesión grave de su integridad física y mental y sometimiento a condiciones de existencia que acarrearán su destrucción.
*Abogado, defensor de Derechos Humanos, analista político
