Se debe considerar una serie de factores complejos que incluyen el contexto político, social y económico, como también una salida política al conflicto armado que enfrenta el país, para hacer un análisis de los defensores en Colombia
Rubiel Vargas Quintero*
En Colombia, los principales aspectos de los derechos humanos tienen un enfoque de paz territorial y sectorial en la situación actual. Por tal razón, se hace necesario hacer un balance de cada uno de los puntos, para seguir desarrollando y avanzando en la defensa de la vida y los derechos.
Contexto del conflicto armado y la paz
La lucha por los derechos humanos surge de la premisa de que la violencia que vivimos tiene sus orígenes en una profunda desigualdad social, económica y política, y que esta violencia es histórica por ser parte constitutiva de la acumulación de la riqueza y la hegemonía del poder político por parte de las élites dominantes.
Así pues, la política de paz total es un tema crucial para un país que trabaja en la búsqueda de superar todas las violencias y avanzar en la construcción de un orden democrático que le dé soporte a una nueva Colombia. Es urgente el desmonte de la doctrina militar anticomunista y la estrategia paramilitar que se afianza en ella.
El papel de las víctimas, en la consecución de la paz, es fundamental. Se parte que, no debe haber ni perdón ni olvido, que un posible Acuerdo Nacional no implica la impunidad para militares ni civiles.
Pues, se debe avanzar en una mayor articulación sobre las perspectivas de la justicia restaurativa, sobre lo que debe ser la reparación colectiva. La perspectiva de reconciliación nacional es fundamental para saldar las heridas que ha dejado el conflicto armado colombiano.
El instrumento para hacer realidad las transformaciones sociales es la organización y movilización unitaria de un poderoso movimiento social en cada región para materializar las reformas que hagan realidad la paz integral.
Justicia transicional y reparación
Ahora bien, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, con la Jurisdicción Especial para la Paz, ha transitado desde el 2016 con la apertura de once macrocasos.
Se ha establecido mecanismos de medidas cautelares a cementerios, archivos y expedientes que son claves para establecer posibles responsable de crímenes de lesa humanidad. Así pues, se ha avanzado en el caso 03 “ejecuciones extrajudiciales”, conocidos como Falsos Positivos.
Las organizaciones de derechos humanos que están activas en líneas de estrategias de litigio exigen mayor agilidad en el esclarecimiento jurídico de la verdad, implementación de la justicia, mecanismos de reparación colectiva con garantías de no repetición, para que no quede en la impunidad los hechos que permitieron la violación de los derechos humanos por parte del Estado, multinacionales, y empresas privadas.
Política de seguridad y garantías
Por otro lado, persiste en el país la presencia estadounidense con bases militares, inteligencia y organismos de la Administración de Control de Drogas, DEA, que intervienen en asuntos como la política antidrogas.
Por esta razón, las garantías de seguridad que se expresan en las mesas territoriales de garantías de seguridad son importantes en la adopción de las políticas públicas, en materia de prevención de las violaciones a los derechos de la vida de los líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, firmantes del Acuerdo de Paz, de la integridad y seguridad de las personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo por parte de grupos armados y de la fuerza pública.
Son espacios que se debe participar presentando los informes en la regiones o municipios donde se ha incrementado la violación de derechos humanos.
Ahora bien, la justicia implementada para las víctimas de carácter estructural, es de impunidad por las violaciones históricas de los derechos humanos.
La justicia ordinaria, donde los procesos contra agentes del Estado, miembros de la fuerza pública con claros elementos probatorios no avanzan, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para desmontar grupos paramilitares, creada por el Acuerdo de Paz, mantiene en la impunidad las investigaciones de hechos victimizantes contra líderes, lideresas, defensores y defensoras de derecho humanos y los homicidios perpetrados a los firmantes de la paz.
El informe Verdades inaplazables, demuestra la violencia antisindical en el marco del conflicto armado colombiano, que hace parte de los anexos del informe final y legado de la Comisión de la Verdad, representa un avance en relación a este reconocimiento del sujeto sindical, la victimización padecida y los impactos generados.
Recientemente, las recomendaciones que hacen parte del legado del Informe Final “Hay Futuro Si hay Verdad”, emitido por la Comisión de la Verdad se articulan al conjunto de medidas que buscan la reparación, la superación de la violencia antisindical y la impunidad.
Tales recomendaciones se refieren a ajustes al sistema educativo para formar sujetos capaces de vivir en paz; a una estrategia integral para que el respeto por la vida y la diversidad permee los territorios; y a involucrar a los medios de comunicación, las iglesias y comunidades religiosas en la transformación de percepciones y la desinstalación de narrativas de odio, discriminación y estigmatización que permanecen enquistadas en nuestra cultura. La transformación cultural debe ser un compromiso de toda la sociedad en su diversidad y multiculturalidad, de manera que contribuyan.
En 2024, los derechos humanos de los excombatientes en Colombia siguen siendo un tema central en el proceso de paz. A pesar de los avances en la reincorporación y la justicia transicional, persisten desafíos relacionados con la seguridad, el acceso a derechos sociales y económicos, la participación política y la implementación completa de los acuerdos. Los excombatientes necesitan un compromiso firme por parte del Estado para garantizar su protección, inclusión y reparación, así como un esfuerzo continuo para erradicar la violencia y el estigma que enfrentan en su proceso de reintegración a la sociedad.
* Secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH.
