Aunque saben que su trabajo no es legal, no tienen opción para llevar un sustento a casa. Dicen sentirse perseguidos por la Policía y piden legalización con regulación de las plataformas
Redacción Laboral
Las malas condiciones de la malla vial y los trancones han provocado que cada vez más ciudadanos de las grandes urbes utilicen los servicios de plataformas para transportarse en motocicletas. Si a esto se suma el alto desempleo, se obtiene que sean miles quienes buscan un sustento con esta forma de trabajo, y entreguen soluciones a cientos de miles de usuarios que deben transportarse a sus labores o lugares de estudio.
No obstante, deben hacerlo sin caer en los controles de la Policía, pues son labores declaradas como ilegales ya que sus vehículos no tienen autorización para transportar personas. Constantemente, deben pagar comparendos, sus motos son inmovilizadas y hasta pierden sus licencias de conducción con la infracción D12: “Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días”.
La constante “cacería” de motociclistas que laboran en estas plataformas, hace que se cometan abusos por parte de las autoridades, como lo denuncian cientos de motociclistas, quienes decidieron organizarse, ante la persecución y la inseguridad, en un club de ayuda llamado Picaminosos 420 team.
La organización
Según su vocero Alejandro Ramírez, asocian motociclistas que laboran en plataformas digitales para transporte de personal y domiciliarios. “Nos toca trabajar todos los días desprotegidos ante los ladrones, los huecos y los policías. Somos personas que no tenemos condiciones laborales”.
El grupo se creó por solidaridad ante adversidades y ausencia de condiciones en el trabajo: “Digamos, no hay seguridad, o un compañero se estrella o lo pueden robar, pues se hizo el grupo de apoyo. Ahí nos mandamos las ubicaciones cuando salimos a trabajar para que –en caso de que ocurra un accidente, o que un policía se nos vaya a llevar la moto por un comparendo D12 o porque se estrelló, o porque lo intentan robar– el grupo reaccione, defendiéndonos para protegernos, salvaguardar nuestra vida”, explica el vocero del club.
La organización no solo tiene el grupo en Whatsapp, también ha arrendado una casa a la que pueden llegar los motociclistas cansados que quieren dormir, “porque uno no tiene lugar donde descansar, Bogotá es muy grande y a veces no alcanza a llegar a la casa. También para cuando el motero se accidenta puesto que como nos quedamos sin trabajo, pues no podemos comer, para lo cual tenemos un banco de alimentos”.
Actualmente, tienen inscritas 500 personas y declaran ser una organización sin ánimo de lucro; han inventado un sistema coins para premiar a quienes adquieran sus insumos o hagan mantenimiento a sus motos con quienes tienen convenios. “Digamos que uno gasta en aceite 32 mil, hacemos un convenio para que al amigo motero le quede muchísimo más barato. Entonces, le quedan 27 mil y le dan dos coins, cada uno equivale a mil pesos. Para usted pertenecer a mansión, que es como el grupo principal en donde se le va a brindar siempre asistencia 24/7, tiene que pagar cien coins. Solo con eso salen beneficiados y benefician al público porque se puede mantener un arriendo”.
Reto gubernamental
Uno de los problemas que ven con la Policía es que constriñe a los pasajeros para que digan cosas que los puedan inculpar. “Usted va conduciendo su moto y lo para la Policía, bajan al pasajero y le hacen preguntas como para dónde va, qué va a hacer, y eso no se puede hacer. Luego le dicen que el que está conduciendo tiene conductas de violador, nos tratan de abusadores o de ladrones. Logran que la persona diga que uno es contratado por plataforma y se le llevan la moto”. Además, se quejan de que el procedimiento está mal porque la Policía no instala un retén con conos, señalización y no cogen al supuesto infractor en flagrancia.
Son conscientes de la necesidad de la legalización y regulación de las plataformas y sus trabajos, aunque creen que serían perjudicados: La legalización va a ser un golpe muy duro porque supongamos que somos 100 mil mototrabajadores, si se ponen regulaciones y ciertas restricciones, quedarían apenas unos 40 mil. Van a exigir frenos ABS, cierto tipo de motos, ciertos modelos y muchas personas no cumplimos con esto. Eso no se puede hacer de un momento a otro porque van a haber muchos perjudicados, sí estamos de acuerdo con eso, pero progresivamente, de manera pedagógica, de forma tal que nos puedan educar, nos puedan ilustrar y nos puedan guiar a un buen camino”, explica Alejandro Ramírez al identificar un reto para el Gobierno nacional, con el que se formalizará miles de trabajos y no se excluirá a nadie.