El dirigente sindical comenta sobre los aportes a las propuestas gubernamentales para reformar el sistema educativo
Redacción Actualidad
El Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego ha planteado una reforma profunda al sistema educativo, en general, y a la educación superior, en particular, cuyas propuestas han sido construidas con la participación social, para responder a “las necesidades de formación de calidad que demanda la sociedad en su búsqueda de mayor equidad, bienestar y desarrollo”, como lo expresa el Ministerio de Educación.
VOZ dialogó con Pedro Hernández, presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, para conocer su apreciaciones y postura ante las reformas educativas y, en especial, las referidas a la educación superior.
Desde la visión de ASPU, ¿cómo creen que debe ser una reforma a la educación?
Cursa en el Congreso de la República el proyecto de ley de reforma estatutaria, como derecho a la educación en todos los niveles. Desde la primera infancia hasta la educación superior, que garantice la universalidad y la gratuidad. Hicimos varios aportes a ese proyecto, los cuales fueron recogidos. Excepto definir compromisos fiscales por parte del Gobierno donde haya recursos suficientes para garantizar este derecho, que pueden salir de la reforma tributaria. Porque si se fija una matrícula esta es una negativa de ese derecho a la educación.
Entonces, la mayor observación al proyecto de ley de reforma estatutaria, es que se definan compromisos fiscales del Estado para garantizar que la educación sea gratuita y universal.
La autonomía universitaria
¿Y en cuanto a la educación superior?
Desde las universidades y, en especial, desde ASPU, proponemos que se siga respetando y desarrollando el principio de autonomía universitaria, pero que no se quede para las universidades autónomas, sino que se desarrolle también en las otras instituciones de educación superior.
La autonomía para nosotros, y para la jurisprudencia, reside en la participación real y efectiva de todos los estamentos que hacen parte de las instituciones de educación superior, llámese universidad, tecnológico o técnico. Las decisiones se deben tomar invitando a los profesores, a los estudiantes y a los empleados y trabajadores. Se debe respetar la autonomía en sus estatutos generales, y las diferentes formas y nombres y número de miembros de su estructura orgánica y académica. Las estructuras de las instituciones de educación superior deben ser colegiadas.
¿Cómo quitarle el control y manejo de las universidades a los politiqueros, sobre todo, en las regiones donde sus roscas clientelistas las manejan?
Una manera es haciendo respetar el concepto de autonomía en la participación real, efectiva, directa o indirecta de los miembros de la comunidad educativa. No estamos negando que participen también otras personas como los egresados.
Lo que sí queremos es que sea el órgano general o colegio general o el colegio administrativo, como le quieran llamar, que el 70 por ciento tiene que ser de miembros elegidos entre los estamentos de profesores, trabajadores, empleados y estudiantes.
El otro 30 por ciento lo cubre miembros de la sociedad y del Gobierno, representación del Ministerio, debe haber parlamentarios, sindicalistas y gremios de la producción, entre otros.
Los recursos
¿Qué piensan o proponen en temas como calidad, infraestructura, cobertura en la educación superior?
En cobertura es importante la ley estatutaria del derecho a la educación, porque al hablar de universalidad y gratuidad, ya la garantiza, define que tiene que haber suficiente acceso.
Ahora, ¿cómo garantizamos que haya capacidad para la cobertura y para la gratuidad? Proponemos que en la financiación haya una fórmula genérica, el Índice de Costos de la Educación Superior más ocho puntos adicionales. Pero habrá nuevos recursos, unos para funcionamiento y otros para inversión. Y en nuestro proyecto consideramos que la mayoría de los profesores y empleados deben ser de planta, o que se respete el Artículo 125 de la Constitución.
Entonces, todos esos recursos deben garantizar el aumento del programa de formalización hacia el aumento de profesores, que acabe con la precarización. Eso es un costo que puede superar los cuatro billones, pero que está en el Artículo 124 del Plan Nacional de Desarrollo.
Al aumentar las plantas de personal se garantizaría una calidad digna de la educación porque podría haber más profesores, para aumentar, por ejemplo, 500 mil cupos, porque lo real es que hay que aumentar en más de un millón de cupos.
Inversión y funcionamiento
Pero esto exige un aumento en la infraestructura
Eso va por el lado de recursos de inversión. De funcionamiento saldría el sostenimiento de la planta de profesores, de administrativos y para recursos consumibles de bienestar. Adicionalmente, en el Artículo 124 del Plan de Desarrollo está contemplado aumentar recursos de inversión.
También queremos que se fije una política de Estado y que los recursos destinados para las instituciones públicas de educación superior superen el uno por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, en los próximos cuatro años.
¿Y con respecto a la calidad?
En particular, no me gusta hablar mucho de calidad, sino de educación digna. Los recursos deben garantizar, entre otras cosas, las plantas de profesores, no precarizadas, que permitan la dignidad.
En el derecho a la educación hay aspectos como accesibilidad, es decir, facilitar el ingreso, que haya cupos suficientes y no haya problemas para entrar por matrícula. Y, adaptabilidad y aceptabilidad. En adaptabilidad se dice que, si hay suficientes profesores, suficientes administrativos, buenos programas de bienestar y buenos recursos para la ayuda en didácticas, para laboratorios, talleres, clínicas, granjas de experimentación u hospitales universitarios; además de subsidios de alimentación, subsidios de vivienda, se logra que el estudiante se adapte. Esto hace parte de la educación digna.
Las mejores condiciones
¿A qué se refiere con aceptabilidad?
A que, además de tener los recursos, haya un compromiso de profesores, administrativos y del mismo estudiantado para que el tránsito de la educación sea un vivir sabroso. En otras palabras, que esas condiciones, no cada una por separado, sino en conjunto, le brinden al estudiante unos escenarios gratos para desempeñarse en su aprendizaje. Y a los profesores en su papel como docentes, como investigadores y como agentes que promueven la cultura, que democratizan la ciencia, la tecnología y que apoyan a las comunidades de su entorno.
