Se necesitan mayorías que permitan realizar los cambios prometidos en el programa del Pacto Histórico
Redacción Política
Los intereses en los negocios, el poder político y económico que se maneja en el sistema de salud y los dineros del erario que se pierden por la corrupción se han convertido en temas fundamentales en la discusión de la reforma a la salud, que se inicia a debatir esta semana en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
Solo hay que ver que, desde un inicio, la oposición: medios de comunicación corporativos, partidos políticos del Establecimiento y los negociantes de la salud, como las EPS, manifestaron su desacuerdo con la propuesta que buscaba un modelo sin intermediación en la administración de los recursos públicos y que, entre otros puntos, construyera un sistema de atención primaria, de salud preventiva.
Iniciaron con ataques contra Carolina Corcho, ministra de Salud, a quien acusaban de no escuchar las propuestas de los usuarios, de los partidos políticos y de las agremiaciones médicas, para construir el proyecto que se pasaría al Congreso.
Lo que no dijeron es que la propuesta había nacido de estas organizaciones, había sido ratificada en encuentros regionales y nacionales, y que se seguía construyendo y discutiendo en mesas y amplias asambleas, y escuchando las propuestas de los actores del sistema, como las EPS con quienes se realizaron varias reuniones.
Argumentos contradictorios
Uno de los asuntos que más ha producido escozor en los políticos del Establecimiento y los empresarios de la salud, es la propuesta de que las EPS no manejen recursos públicos. Desde quienes quieren un cambio de fondo, se argumenta que los resultados de la administración por parte de estas no son buenos, puesto que hay grandes deudas con las IPS, clínicas y hospitales públicos y privados, y grandes casos de corrupción.
No obstante, para lograr avances, en los encuentros del Gobierno y congresistas con los partidos políticos se han acordado varios cambios al proyecto original, como la administración mixta de los recursos de la salud, y unas EPS que tendrían modificaciones para adaptarse al nuevo modelo: se convertirían en gestoras de salud.
Aunque los jefes de partidos como el Liberal, Conservador y la U han dicho que sus colectividades en el Congreso no apoyarán el proyecto, el representante a la Cámara, Alfredo Mondragón, coordinador ponente de la reforma a la salud, confía en que se cuenta con los votos necesarios y que varios de los congresistas de los partidos que abiertamente se apartaron de la propuesta harán planteamientos, discutirán y respaldarán la esencia de la iniciativa que inicia su discusión esta semana en la Comisión Séptima de Cámara.
“Se han presentado más de 100 proposiciones que ya estamos trabajando, analizando, clasificando y vemos con muy buen ánimo que muchas de las proposiciones fortalecen el proyecto”, comentó el parlamentario al periódico El Colombiano.
Corrupción de EPS y políticos
Por otra parte, uno de los grandes cuestionamientos que se le ha hecho a la propuesta gubernamental es que se entregará el manejo de la salud a políticos regionales y locales. En ese sentido, el expresidente Álvaro Uribe en pronunciamiento por redes sociales afirmó: “En lugar de pedir ayuda a la acción de tutela, habrá que pedir ayuda a los políticos cercanos al Gobierno nacional o al gobierno local. Las EPS quedarán sin la administración de los riesgos de salud ni de la racionalización de los recursos”.
En respuesta, Mondragón aclaró que la ciudadanía ha utilizado la tutela no porque ahí esté el derecho, sino justamente porque se lo han negado: “Así que Álvaro Uribe Vélez no le puede echar el cuento a la población de que con la reforma ahora la salud quedaría dependiendo de políticos regionales y nacionales, y que ese es el gran problema. No. Él sabe que los peores casos de corrupción de EPS han estado en vínculos con cónclaves o con grupos políticos de las regiones. Pero, además, venir a manipular de que las EPS son las que mejor pueden administrar el riesgo en salud o las que pueden administrar de manera racional los recursos queda en entredicho, porque hoy los datos es que son más de 16,6 billones de pesos los que adeudan las EPS con los prestadores públicos y privados, cuando le entregaron los recursos pulpitos. (…) Lo que ustedes han hecho es que, por vía de contención del gasto, es decir, autorizaciones o demoras para las citas, para los especialistas, para los medicamentos y negarle derechos a la población, terminaron llevando a un negocio a la salud. Lo que vamos a hacer es sacar la salud del negocio en que usted la dejó”.
Daño patrimonial
Asimismo, sobre la pérdida de dineros públicos en manos de las EPS, el parlamentario dijo el pasado 17 de abril que las investigaciones de la Contraloría habrían dicho que algunas EPS causaron un daño patrimonial de más de 5.5 billones de pesos, contra los recursos públicos de la salud: “De quedar en firme esta responsabilidad fiscal, este sería uno de los daños patrimoniales más grandes en la historia contra los recursos públicos”.
Ahora bien, se ha sabido que en esta Comisión la propuesta del Ejecutivo ya cuenta con 13 votos a favor, distinto a lo que anuncian los medios de comunicación corporativos, en el sentido de que la reforma está hundida, y hay acercamientos que evidencian que la intención de los representantes del Pacto Histórico y del Gobierno es seguir construyendo consensos, siempre y cuando se mantenga el espíritu de la reforma.
Y, uno de los pilares es la construcción de los Centros de Atención Primaria públicos, privados o mixtos, que serían la puerta de entrada al servicio, y en los que se vería si se puede dar solución a la necesidad del paciente.
La ministra de Salud explicó que estos centros actuarán bajo unas reglas específicas y que muchos de ellos serán los mismos hospitales públicos de primer nivel, que son los únicos en estar en más de 800 municipios. “Su financiación será por oferta, porque si seguimos con la financiación por demanda no vamos a poder construir un sistema de atención primaria en salud”.
Sin autorizaciones de EPS
Por su parte, el representante Mondragón complementó en un medio radial: “Ahí se hará un ejercicio de referencia o contrarreferencia, es decir, saber si se necesitan servicios especializados de mediana o alta complejidad. Lo que va a tener la población, no es que tenga una autorización, un papel para que vaya y reciba los medicamentos y vaya u busque la farmacia, o vaya y busque al prestador a ver cuándo tiene agenda o cuándo puede hacérsele efectiva, sino que los Centros de Atención Primaria tengan una capacidad administrativa que le permita hacerle ese procedimiento a la población, no que la población sea quien lo haga. Desde esa vía se acabarían las autorizaciones”.
Al inicio de los debates, es claro que hay poderes muy grandes que no quieren que se haga la reforma o que se adelanten cambios, que no se transforme nada de fondo, y por otro lado, millones de colombianos exigen tener acceso a su derecho a la salud, como se comprometió el Gobierno nacional.
“Son debates que tenemos que dar en la Comisión y públicamente para que la población se dé cuenta que los ponentes no somos notarios de unos caprichos de los presidentes de partidos. Lo que sí es verdad es que necesitamos configurar una ponencia donde estén todas las voces, porque hemos escuchado a pacientes, a madres, a médicos y no podemos renunciar a todo lo que ellos nos han dicho porque tenemos que hacer caso solamente a lo que digan cuatro presidentes de partidos”, concluyó Alfredo Mondragón.
