Mientras el Ministerio de Educación presenta el borrador que quiere transformar las universidades del país, el movimiento estudiantil y diferentes sectores sociales debaten y buscan consensos
Comité Ejecutivo Central JUCO
El 20 de julio en el marco de la conmemoración del grito de la Independencia y como cada año en el país, se dio inicio a un nuevo periodo legislativo que trae consigo la avanzada por el cambio en cabeza del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez.
El discurso presidencial del 20 de julio en el Congreso de la República tuvo como propósito instalar este periodo legislativo. El jefe de Estado hizo hincapié en los principales retos, el llamado por el acuerdo social y reveló que los pilares principales para llegar a ser la “potencia de vida” son la justicia ambiental y la justicia social. En ese sentido el Gobierno nacional dispone su agenda en la que se encuentran reformas para el sector educativo.
Ese mismo 20 de julio y en consonancia con la orientación presidencial, el Ministerio de Educación Nacional, MEN, en cabeza de la jefa de la cartera Aurora Vergara se presentó a manera de borrador a través de su página web el proyecto de ley por el cual se regula el derecho fundamental a la educación y el proyecto de Reforma a la Ley 30 de Educación Superior.
La juventud y el cambio
El MEN en compañía con la Alta Consejería para la Juventud (Colombia Joven) han liderado varias iniciativas para vincular múltiples voces a esta importante tarea en un reconocimiento sobre el papel que han cumplido las y los jóvenes en los escenarios de movilización.
Igualmente, se realizaron los diálogos vinculantes por la educación superior en los que participaron diferentes sectores de las comunidades universitarias y las asambleas populares de jóvenes para la educación superior. Estos espacios se desarrollaron de manera descentralizada por las regiones del país y con la posibilidad de llegar e impactar territorios históricamente excluidos como Quibdó, Manaure, Popayán, Tumaco, Arauquita, entre otros.
En estos diferentes espacios el Ministerio logró recoger aportes para los proyectos de ley de los cuales se destaca la necesidad de construir los principios de la educación superior para concebirla como de bien común, popular, democrática, plural, crítica y antipatriarcal.
También se abordó la concepción de la autonomía universitaria como forma de autogobierno de las Universidades que permita ampliar el dialogo entre los actores universitarios y tomar decisiones acordes a las necesidades de los campus universitarios y del país; del bienestar universitario como mecanismo para garantizar los derechos y el desarrollo cognitivo, social, político y humano de la comunidad universitaria; y de la financiación como eje transversal que permitirá el acceso, la mejora de la infraestructura y la calidad educativa.
La educación como derecho
El movimiento estudiantil y universitario han liderado una histórica lucha por la educación en la que han denunciado la mercantilización a la que ha sido expuesta y con la que se excluye la posibilidad de que su acceso sea universal, digno y oportuno
El borrador presentado por el MEN regula el derecho fundamental a la educación el cuál tiene por objetivo garantizarlo y establecer las condiciones necesarias para su protección y de esta manera asegurar la formación integral inclusiva, equitativa y de calidad.
El proyecto de ley establece los deberes del Estado como responsable de proteger y garantizar de manera progresiva el acceso a la educación por medio de la formulación de políticas públicas para el goce del derecho, de la inspección y la vigilancia de las instituciones educativas y de la garantía para la inclusión, así mismo, regula los derechos con disposiciones que incluyen a los adultos mayores, personas de ingreso tardío, comunidades étnicas y personas privadas de la libertad en los diferentes niveles educativos.
La reforma integral de Ley 30 ha desatado el interés de toda la comunidad universitaria y de diferentes sectores, por lo cuál ha sido un debate nutrido y que a hoy requiere un nivel de centralización que permita por medio de una agenda unitaria obtener el más amplio consenso.
El borrador presentado contiene un total de seis títulos en los que llama la atención los cambios para los fundamentos de la educación superior que contiene entre sus principios la educación superior como transformadora de la sociedad y los territorios, sobre el régimen estudiantil que busca responsabilizar a las instituciones de brindar todos los medios educativos para el desarrollo académico y sobre el bienestar universitario que propone un aumento del cinco por ciento de destinación presupuestal para que este reduzca las brechas sociales.
La agenda
Sí bien, se han generado los diferentes espacios de interlocución con el gobierno y toda una agenda institucional alrededor de las reformas educativas, se hace necesario que el movimiento estudiantil, universitario y social, logre articular una agenda propia de carácter unitario, con proyección de movilización que garantice el más amplio consenso sobre los proyectos de ley que propone el MEN.
Por ello, desde diferentes espacios como el Encuentro Nacional de Jóvenes por el Cambio, las asambleas populares, entre otros, se viene proyectando el Comité Nacional por la Reforma a la Educación que permita generar consensos, discutir insumos y articular una agenda que permita movilizar a los sectores de la sociedad en defensa de las reformas.
Desde diferentes ciudades del país se vienen adelantando los foros regionales multiestamentarios que permitan agitar, estudiar y proponer sobre las reformas de cara a la convocatoria de una Gran Convención Nacional Multiestamentaria con participación de los sectores sociales para ganar el gran consenso bajo la más amplia unidad.
¿Qué proponen las y los jóvenes comunistas?
Las y los comunistas desde diferentes espacios de militancia y trabajo, desde el Congreso de la República, los escenarios de designados presidenciales ante consejos superiores universitarios, las representaciones estudiantiles y desde sus organizaciones de masas han venido realizando propuestas de cara al articulado que contienen ejes alrededor de la definición de la educación superior, IES privadas, democracia universitaria, financiación y bienestar.
La definición de la educación superior se proyecta como derecho fundamental y de bien común con una estrecha relación con la dignidad humana que desarrolla las potencialidades integrales del ser humano de cara a la construcción de conocimiento.
Así mismo, la educación superior debe tener una estrecha relación con la sociedad y concebirse como transformadora de la realidad social. Además. debe ser antipatriacal, democrática, universal y popular, plural y crítica bajo los principios de dignidad humana, autonomía, responsabilidad social, democracia participativa, entre otros.
La democracia debe ser autónoma y que permita a las IES autogobernarse y autolegislarse. Para ello es importante garantizar los procesos de toma de decisiones entre la comunidad universitaria, replantear la composición del Consejo Superior Universitario para brindarle más alcance y más voz a los estamentos universitarios.
Será tarea del movimiento estudiantil y universitario arrojarse a proponer y defender las asambleas universitarias como máximo órgano de gobierno universitario que incida en el quehacer de las IES con una caracterización decisoria, representativa, democrática, amplia, participativa, incluyente y deliberativa.
La financiación de las IES debe ir dirigida a garantizar progresivamente el acceso universal y gratuito de la educación superior. Por ello la reforma de Ley 30 debe dirigirse a cerrarle puertas a la financiación a la demanda y a la mercantilización e incluir el proyecto de ley que ya se encuentra andando en el Congreso sobre la financiación, propuesta del representante a la Cámara, Gabriel Becerra.
