Desde entidades del Ejecutivo hasta la justicia transicional faltan a lo pactado. Podría abrirse espacio a que la Corte Penal Internacional, CPI, entre a investigar
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
El incumplimiento en la implementación del Acuerdo de La Habana se preveía desde que el uribismo dijo que lo pactado debía hacerse trizas. Fueron evidentes la lentitud, las trabas en el tema de tierras, las ejecuciones extrajudiciales a excombatientes, la reactivación de órdenes de captura a exguerrilleros y la no salida de las cárceles de firmantes de paz, entre otros puntos.
No obstante, con el actual Gobierno se aceleró la ejecución del documento que había sido suscrito ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por parte del gobierno de Juan Manuel Santos.
Según denuncias, no se ha podido materializar como se esperaba debido a trabas burocráticas en instituciones de los tres poderes del Estado, aunque los firmantes reconocen voluntad y una disposición diferente por parte del presidente de la República Gustavo Petro.
Por su parte, la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación, CSIVI, expresó: “Es para nosotros lamentable decir que a la fecha dos gobiernos derrocharon con inmensa perfidia la potencia transformadora y las bondades que esta carta de navegación le ofrece al pueblo colombiano”.
Con todo lo anterior, la sorpresa la dio la semana pasada el propio Gustavo Petro al afirmar que él mismo irá al Consejo de Seguridad de la ONU a notificar el incumplimiento: “Mis preguntas tienen que ver ahora sobre dos grandes capítulos: incumplimos el acuerdo de paz y le decimos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, al mismo tiempo, incumplimos las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y decimos en Costa Rica que nos salimos del Sistema Interamericano”.
Diversas percepciones
El primer mandatario aclaró que el Estado está obligado a cumplir, que eso no cambia con la llegada de otro gobierno o la Constitución porque es supraconstitucional: “Es decir, tiene un status jurídico que obliga vinculantemente al Estado y a la sociedad a cumplir el acuerdo de paz, que tiene una vigencia de 12 años”.
El primer cuestionamiento a la decisión es que el presidente como jefe del Estado reconoce que el mismo Estado no cumple. En ese sentido, se expresó el exjefe del equipo negociador del gobierno Santos, Humberto de la Calle, quien reconoció la lentitud del proceso, aunque mostró desacuerdo en ir a la ONU: “Es cierto que el cumplimiento del Acuerdo ha sido insuficiente. La responsabilidad, sin embargo, recae exclusivamente en el Ejecutivo. En su momento el Congreso convirtió en norma imperativa lo pactado, y lo hizo de manera extraordinariamente rápida. (…). Por ejemplo, la reforma rural está dotada de todas las normas; falta una norma reglamentaria en materia de procedimiento de la Jurisdicción Agraria, pero eso no impide, por ejemplo, la compra de tierras a Fedegan”.
Al contrario de lo expresado por De la Calle, Diego Martínez, integrante de la comisión jurídica de los diálogos de La Habana en 2016, dijo a VOZ que Petro quiere denunciar cómo diferentes ramas del poder público se han opuesto a la implementación, pues esta no es solo responsabilidad de la Ejecutiva: “Esto sí puede tener algún piso político y legal en la medida en que, por ejemplo, la Corte Constitucional en sus pasadas decisiones exhortó al Congreso a implementar las normas del acuerdo de paz, entre ellas, las de reforma rural integral y de participación política, que es el mayor rezago legislativo”.
Así se incumple
Cuando se encendió la polémica, Petro aclaró que el Acuerdo tiene tres ejes: la reforma agraria, la transformación del territorio y la verdad judicial. “En reforma agraria se necesita poner a funcionar al máximo la Jurisdicción Agraria y la compra expedita de tierras. En la transformación del territorio hay que cambiar las vigencias futuras que aprobaron gobiernos anteriores y priorizar las regiones excluidas, y en la verdad judicial hay que potenciar que la JEP sea el tribunal de cierre”.
Para Martínez, el mensaje de Petro involucra a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ya que hay muy pocas investigaciones sobre crímenes de guerra por parte de agentes del Estado, “y es muy grave porque la jurisdicción pronto va a finiquitar sus actividades investigativas. Si eso ocurre, los riesgos son altos en la medida en que podría volver la Corte Penal Internacional a intervenir, porque existió impunidad en crímenes de Estado”.
Agrega que hay responsabilidad del Ejecutivo en este Gobierno, aunque reconoce avances: “Hay una gran apuesta de la institucionalidad por la entrega de tierras. En el semestre anterior a excombatientes les entregaron tierras y hoy son campesinos, fue aprobada la Jurisdicción Agraria”.
Comenta que gran parte de la implementación no se ha dado por la falta de interés de muchos funcionarios, por lo que se debe hacer un llamado a varios ministerios.
Saboteo desde adentro
En este sentido, el firmante de paz y senador de Comunes, Julián Gallo, manifestó en su cuenta de X que han encontrado trabas burocráticas por parte de funcionarios medios: “Estamos ante un Estado que parece hecho para que no se ejecuten las cosas”.
De la misma manera, la CSIVI señaló: “Es para nosotros claro que existen fuerzas que pretenden impedir que la paz sea el camino por el que transite la sociedad…”.
Así las cosas, el incumplimiento es una oportunidad que está perdiendo la sociedad de avanzar en materia económica, rural, política y de reconciliación.
Hacer la denuncia ante la ONU provocaría investigaciones a expresidentes y agentes del Estado por el posible regreso de la CPI, aunque también abre una nueva oportunidad o un nuevo momento en la implementación.
De no ser así, podría cumplirse la premisa de Petro: “Si no cumplimos lo que firmamos, lo que viene es derramamiento de sangre y más violencia en otras escalas y en otras formas”.
