El proyecto “Trabajo para el cambio” quiere acabar con dos décadas de recortes en derechos para la clase trabajadora. Sectores empresariales se oponen mientras el país se estanca en su productividad
Hernán Camacho
@camachohernan
En el año 2002 entró en vigor la más reciente reforma laboral, la Ley 789 sancionada por el expresidente Álvaro Uribe, con carácter neoliberal y pro empresarial, que prometía atacar la informalidad y generar empleo reduciendo el pago de horas extras, extendiendo en tres horas la jornada de trabajo y abaratando el despido del trabajador sin justa causa.
Para garantizar el apoyo de los miembros que pertenecían al Congreso de la República en aquella época, la ley se puso la meta de generar 240 mil empleos o quedaría derogada. Cambios beneficiosos para el empresariado.
Veinte años después la productividad del país se estancó, la ley no se derogó y los empresarios se acomodaron a un régimen laboral de precariedad y un sistema de acumulación de ganancias a costa de los derechos y garantías laborales de los trabajadores. La máxima empresarial es: más utilidad es menos derechos.
Derogar la Ley 789
“Es la hora de la justicia social para la clase trabajadora”, dijo con autoridad la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez en la Comisión IV de Senado. Su presencia en el parlamento se dio luego de publicarse un estudio del Banco de la República sobre perspectivas económicas de la reforma laboral, que concluía una presunta perdida de 450 mil empleos una vez sea aprobado el proyecto.
Sin embargo, las cifras son cuestionables por ser un informe carente de metodología y de fuentes de información para cuantificar las pérdidas de consumo y crecimiento económico de las familias colombianas por el no pago de las horas extras y la pérdida de garantías laborales. Para esa discusión se tienen otros instrumentos como la Encuesta Nacional de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.
La competencia sobre el impacto fiscal de la reforma laboral lo emite el Ministerio de Hacienda, quien ya dio visto bueno y, además, advirtió que no significa un riesgo ni para la economía de los hogares colombianos, ni para el Presupuesto Nacional de la Nación.
“La reforma laboral, en términos generales, no implica gastos del presupuesto, dado que su campo de aplicación como se menciona en sus artículos 2 y 3, solo regula las relaciones laborales de derecho individual y colectivo del trabajo, de carácter particular, es decir, del sector privado”, enfatizó la ministra Ramírez.
Los verdaderos impactos
Al contrario del informe avalado por el gerente del Banco de la República, el Ministerio de Hacienda señaló la pertinencia de la reforma dados los cálculos y las proyecciones macroeconómicas en relación con la tasa de ocupación. Se prevé para el año 2023 que la población ocupada estaría alrededor de las 22 millones 578 mil personas. Mientras que las cifras del Plan Nacional de Desarrollo le apuntan a la creación de 546 mil nuevos empleos.
“Las normas de la reforma laboral que aplican al sector público son solo las de contratación laboral y terminación de los contratos para trabajadores oficiales que no tienen contemplada nueva erogación y que por tanto no implicarían nuevo gasto derivado directamente de la reforma. Solo podría calcularse el costo del aumento de la licencia de paternidad a 12 semanas, contemplado en el artículo 43 del proyecto de ley respaldado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Sin embargo, vale la pena aclarar que la licencia de maternidad no es un gasto de funcionamiento de las entidades públicas sino una inversión en el sistema de salud”, indicó el ministerio de Hacienda Ricardo Bonilla.
En cambio, existen programas de incentivos puestos en marcha por el Ministerio del Trabajo como apoyo a la producción o a la contratación con beneficios económicos para 25.500 empresas, de ellas, el 94% son pequeñas y micro empresas que también reciben apoyo digital y actualización tecnológica.
Priorizar derechos
“Los empresarios pactaron con los políticos y el gobierno de turno una reforma (2002) sin tener en cuenta la afectación de los trabajadores. Hoy estamos pidiendo a este Congreso de la República, al que pertenecí por ocho años, que no miren una sola cara de la moneda, que se haga justicia social, que exista justicia laboral con otras dimensiones no solamente la del crecimiento del ingreso salarial sino también la del crecimiento de empleo, una dimensión de derechos, de libertad y de la democracia con quienes producen la riqueza del país”, indicó la ministra mientras explicaba pilar por pilar de la reforma laboral.
Uno de los propósitos de la reforma es precisamente aumentar la formalización laboral mediante el reconocimiento de derechos laborales y el ingreso a la seguridad social de sectores históricamente marginados laboralmente, como los jornaleros.
Los sectores priorizados para la formalización laboral son quienes se reconocen como trabajadores campesinos, casi 6.472.000 personas, de estas 568 mil son jornaleros; y dentro de la población que no se reconoce como campesina unos 15 millones y medio, de ellos 68 mil jornaleros, de estos jóvenes aprendices 187 mil, trabajadoras del servicio doméstico 567 mil no formalizadas y migrantes trabajadores de las plataformas digitales que calcula el Ministerio están entre 80 mil y 120 mil personas. Con la priorización de estos sectores el Ministerio espera 1.5 millones de nuevos cotizantes al sistema de seguridad social integral.
Otra polémica alrededor de las reformas laboral y pensional sería su armonización. La ministra Gloria Inés Ramírez fue muy clara: “Los proyectos se construyeron con el principio del diálogo entre sectores y priorizando los intereses de las mayorías. Mientras que la reforma laboral contribuye a la formalización de muchos sectores, aumenta la estabilidad laboral y mejora los ingresos de las personas trabajadoras, la pensional se reflejará en mayores, constantes y continuas cotizaciones, así como el ingreso de nuevos cotizantes al sistema. La reforma pensional crea figuras como la cotización a tiempo parcial que permite que la laboralidad de sectores con flexibilidad horaria e intermitencia y temporalidad en sus vinculaciones, al fin ingresen al sistema como cotizantes. La reforma laboral es un aporte fundamental para la reforma pensional y viceversa”.
El Banco de la República le debe al país un estudio sobre el impacto que tuvo sobre los trabajadores y sus condiciones de ingresos por las políticas neoliberales impuestas desde haces tres décadas.
Las propuestas del Gobierno no son ni para quebrar empresas ni para destruir empleos, dijo la ministra Ramírez: “Esos son mitos que nos están colocando para desinformar al país. Aquí lo que estamos diciendo es que tiene que haber un equilibrio entre dos actores del mundo laboral. Queremos empresas sólidas, potentes y fortalecidas, pero sin precarización laboral”.
