La emisión de gases contaminantes a la atmosfera ha alterado peligrosamente el equilibrio climático, ocasionando desastres a lo largo y ancho del país. La agricultura se podría ver seriamente afectada con menos producción y altos precios a los consumidores
Iván Posada Pedraza
Los fenómenos del Niño y la Niña son ciclos naturales de autorregulación del clima, pero su periocidad e intensidad se han ido incrementando a causa del calentamiento global ocasionado por la emisión de gases contaminantes provenientes de las industrias y del transporte movido por combustibles de origen fósil como la gasolina.
Consiste, en esencia, que las aguas del Pacifico Sur en la zona ecuatorial, se calientan más de lo normal y esta mayor temperatura se acumula en su superficie, ocasionando la mortandad de los peces o su emigración hacia aguas menos cálidas; otros efectos colaterales son los incendios forestales, lluvias más intensas y las sequías.
Los estragos que puede causar este fenómeno son múltiples, incluso la vida de millones de habitantes que han construido viviendas improvisadas al borde de ríos o en proximidades a las playas, quedan en inminente riesgo. Es la situación a las que enfrentan millones de familias en América Latina, Asia y África.
Región sensible
La ubicación de Colombia con costas sobre el océano Pacífico, la hace especialmente vulnerable con respecto a los fenómenos climáticos. El informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, sobre el fenómeno de la Niña entre el 2010 y 2011 señalaba que fue uno de los más desbastadores en la historia del país, “por la intensidad de las precipitaciones, las temperaturas y los caudales de los ríos, que generaron graves desastres como las inundaciones y deslizamientos”1. Las regiones más afectadas fueron la Pacífica, Andina y Caribe; los ríos Cauca y Magdalena alcanzaron los niveles más altos de la década, agrega el citado estudio.
El Niño que se presentó en Colombia entre 2014 y 2016 produjo un costo aproximado de 1,6 billones de pesos en prevención y mitigación de la emergencia ocasionada por la falta de lluvias. De los 1.123 municipios en el país, el 64 por ciento de ellos, unos 720 municipios, tuvieron algún grado de secuelas negativas.
La nueva amenaza
El riesgo para el país ante un Niño de categoría alta o moderada radica en un eventual racionamiento de energía eléctrica por cuanto cerca de 84,4 por ciento de la energía que se genera en el país proviene de las hidroeléctricas que se alimentan de los embalses, cuyos niveles pueden descender a un punto crítico que no permitiría la producción de energía. (Gráfico 1)

Los cálculos de XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional, estima que ocho regiones del país, que representan el 35 de la demanda total y unos seis millones de usuarios, asumirán mayores tarifas de la energía por dos causas: la primera es la escasez de agua para generar electricidad y la segunda por la mayor demanda de la fuente alterna a la hidroeléctrica, es decir, la térmica2. Uno de los factores en la fórmula para calcular la tarifa de energía a los usuarios es precisamente la cantidad de agua disponible para la generación de energía.
Impactos
Uno de los sectores que podrían experimentar mayores daños es el agrícola a causa de la escasez de agua, lo que repercutirá en los costos de producción de alimentos y su precio final al consumidor, ya altos por la inflación (12, 36 por ciento a mayo/2023) que apenas comienza a descender y en la cual los alimentos tienen una alta participación.
Si el Niño alcanza niveles altos, existe alta probabilidad de importar aún más alimentos de los que hoy se adquieren en el exterior para suplir la producción interna. Si se destinaran dos millones de hectáreas al cultivo de maíz no habría necesidad de importar este producto, ejemplo de lo que significa la soberanía alimentaria.
Desde el Ministerio de Agricultura se vienen tomando medidas para contrarrestar este impacto en lo que tiene que ver con implementar reservorios de agua y adecuar los distritos de riego. Por otro lado, se está promoviendo la siembra de variedades resistentes a las altas temperaturas y a las sequias. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, Ungrd, destinó la suma de medio billón de pesos para atender esta emergencia.
Punto de no retorno
La humanidad está ante una virtual carrera contra reloj para detener el cambio climático que, de no lograrse, la vida misma en el planeta tierra quedará en riesgo.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático adoptada en 1992, instituyó la COP, la Conferencia de la Partes, órgano supremo de la Convención, integrada por países, organizaciones regionales y no gubernamentales.
La COP de 2015 en Paris trazó varios compromisos de corto y largo plazo, entre ellos, evitar que el incremento de la temperatura promedio global supere los dos grados centígrados (2oC); promover esfuerzos adicionales para que el calentamiento global no supere 10C; lograr la neutralidad de carbono, es decir, llegar al punto de equilibrio entre emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero.
Lo cierto es que a ocho años de realizada esta COP los objetivos trazados no se han materializado. Los compromisos de las potencias económicas, que son las mayores responsables de la emisión de gases contaminantes a la atmosfera, y que en consecuencia deberían aportar recursos y conocimiento para detener este proceso, no se han cumplido en su gran mayoría, quedado reducidos a un listado de buenas intenciones.
Emergencia económica y social en La Guajira
Desde décadas esta región tiene serias deficiencias en el acceso a los servicios públicos básicos de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado. Con la inminente llegada del Niño, la escasez de agua potable en ese territorio se agudizaría aún más.
El gabinete ministerial sesionará en este departamento para adoptar medidas de emergencia que contribuyan a amortiguar los estragos que puedan ocasionar las elevadas temperaturas. Los ejes de las medidas girarán en torno a la escasez de agua, los proyectos de generación de energía eólica y la desnutrición de los menores de edad entre la población indígena del departamento.