Comunidades del departamento exigen su desmilitarización y silenciar los fusiles para avanzar en un diálogo que termine con el conflicto en la región
Carolina Tejada
@carolltejada
El pasado 2 de enero en el departamento de Arauca se presentaron enfrentamientos entre el Décimo Frente de las disidencias de las Farc y el Frente de Guerra Oriental del ELN, dejando como saldo varias personas asesinadas, desplazadas y desaparecidas. Arauca, está ubicado en el norte de la región de la Orinoquía, limita al norte y al oriente con vecino país de Venezuela, siendo el río Arauca el que separa a los dos países, los cuales han mantenido, históricamente, una relación económica, social y cultural.
Siete son los municipios que lo componen; Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame, de los cuales, cinco fueron afectados por la guerra entre los grupos armados este inicio de año, dejando para la región y el país, los hechos de violencia más dolorosos para la población en los primeros días del 2022, como en las peores épocas del agudo conflicto que vivieron.
Este tipo de confrontaciones habían cesado con el Acuerdo de Paz, pues la riqueza en recursos hídricos, en petróleo, además de la diversidad de sus ecosistemas y su ubicación, geopolíticamente estratégica, han representado una disputa territorial histórica entre los grupos armados regulares e irregulares.
Todos sus municipios han sido golpeados por el abandono estatal y el conflicto armado que ahora se reanuda, deja, según el balance de las organizaciones sociales y del último reporte de la Fiscalía General de la Nación, una cifra de 27 personas asesinadas, de las cuales, dos son mujeres, dos menores de edad y cuatro ciudadanos venezolanos.
La población civil en el fuego cruzado
Además, el terror en medio del fuego cruzado, bajo el control territorial en disputa sin que medie ninguna institución del Estado, dejó a su paso 57 familias desplazadas según la Defensoría del Pueblo y una población con riesgo de desplazamiento inminente de 2.000, según los datos de la Personería del municipio de Tame. En los mismos hechos, al 3 de enero, unas 50 personas habían sido denunciadas como desaparecidas, según el mismo reporte del personero de Tame.
Inmediatamente después de los combates y los asesinatos que sobre las vías de estos municipios se presentaron, las comunidades iniciaron un proceso de movilización pacífica, cuyo llamado se conjuga con el de las organizaciones sociales que hacen presencia en la zona, así como las de derechos humanos: al gobierno nacional se le ha pedido que actué en favor de las comunidades, así mismo se les ha exigido a los grupos armados ¡parar la guerra!
Muchas de las familias desplazadas, según el reporte de las organizaciones de DDHH, “han llegado a las viviendas de familiares, lo cual no genera una situación crítica, sin embargo, se ha advertido que, es necesario prever desplazamientos masivos y actuar para atender esta emergencia social por parte de las comunidades”.
Todo el panorama que empantana la tranquilidad del inicio de año, sin lugar a dudas, son hechos que atentan contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario los cuales prohíben agredir y disparar contra la población civil y personas inermes o en situación de indefensión, toma de rehenes, secuestro, reclutamiento forzado, reclutamiento de menores, desplazamiento de poblaciones, entre otros.
El retorno de la guerra
Desde la región, se ha conocido, incluso por medio de comunicados públicos de los grupos armados, que desde hace varios meses se había adelantado un acuerdo del cese de la confrontación armada entre los irregulares.
Sin embargo, el retorno de la guerra se da, según el Frente de Guerra Oriental, por la “necesidad de defender los territorios y el tejido social de una ofensiva emprendida por el bloque de las Farc representado por Arturo Paz, desmovilizado y hoy comprometido con el plan enemigo colombiano y estadounidense”.
Por su parte el ELN, también desde un comunicado público, aseguró que el gobierno colombiano junto con la DEA y la CIA, “vienen diseñando un plan contra revolucionario y contra insurgente, sobre todo el margen de la frontera colombo-venezolana”. Además, señalando la existencia de la articulación entre “bandas relacionadas con el narcotráfico, con algunos exfarianos y desmovilizados, el Tren de Aragua, los Rastrojos, Clan del golfo”.
Las denuncias de un plan, desde el gobierno central y los EEUU, para desestabilizar el orden en la región y militarizar la importante región fronteriza, finalmente se logró luego del rompimiento del acuerdo del cese armado y los combates entre los tres primeros días del año.
Parar la violencia
Las mismas organizaciones sociales han llamado a la consecuencia en el actuar de los grupos. Pero también, han señalado la existencia de un afán desde el gobierno colombiano de militarización en “la zona fronteriza y desde allí tener un alistamiento para eventuales acciones militares contra el hermano país” expresan algunas organizaciones.
Incluso, se ha conocido una serie de “comunicados y panfletos que parecen ser falsos, a través de los cuales los grupos armados que hacen presencia en la región están haciendo llamamientos a la confrontación y a las acciones militares contra el supuesto enemigo de los intereses revolucionarios”. Lo cual, deja una gran incertidumbre sobre la población civil y las organizaciones que instan a la protección de los DDHH en la región y que insisten en desmilitarizar para frenar la violencia.
Por su parte, el ministro Diego Molano, señaló el nuevo refuerzo militar en la zona, se fortalece el pie de fuerza militar con 600 soldados para un total de 1.200, la militarización de vías y carreteras con 300 hombres, el aumento de las recompensas por los cabecillas de los grupos armados y la decisión de la instalación de nuevas bases militares. Situación que agudizaría la crisis humanitaria y el control, empadronamientos y demás violaciones a los DDHH sobre la población civil, como antes del acuerdo de paz.
Esta situación de violencia en Arauca, se suma a los hechos ocurridos en otras zonas del país. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en los primeros 10 días del 2022, Colombia sigue reportando un panorama violento, pues se han registrado cuatro masacres en distintos puntos del país, bajo un mismo modus operandi, sicariato, que asesinan a sangre fría a personas en sus casas, calles o en las plazas, en donde existe ausencia del Estado en todas sus dimensiones.
Este podría ser uno de los años más violentos para el país en los últimos tiempos, y el más militarizado desde que se trabajó por un Acuerdo de Paz y cesaron las confrontaciones y las víctimas de la guerra.
