El magisterio no se niega a la presencialidad, pero exige cumplimiento de los acuerdos con el Gobierno, que garantizarían condiciones aptas para el regreso a clases en las aulas de más de ocho millones de niñas, niños y jóvenes
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
“El regreso escolar en Bogotá será el 24 de enero. No lo vamos a aplazar. Ya no estamos como hace un año ni dos, en el que llegó la pandemia y no sabíamos qué hacer, en el que para cuidarnos nos tocó quedarnos en casa. Ahora ya no estamos ahí. Para cuidarnos lo que tenemos que hacer es vacunarnos y vacunas hay disponibles”, así lo dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el pasado 6 de enero en una rueda de prensa en la que dejó clara su posición sobre el regreso a clases de manera presencial.
Al siguiente día, el ministro de Salud Fernando Ruiz expresó que la recomendación enfática es no parar la presencialidad en la educación del país, pues los niños deben ser el último caso en los que se conduzca a un aislamiento. Además, que el 70% de los casos de contagio de Covid en Colombia corresponden a la variante ómicron y se ha logrado una importante inmunidad natural, producto de quienes estuvieron afectados en los pasados picos.
Por lo anterior, y con base en evidencia científica, desde el Ministerio de Salud se tomó la decisión de modificar los lineamientos para enfrentar el coronavirus: Las personas sintomáticas deberán guardar aislamiento continuo de siete días y no es necesario que se realicen la prueba, ya que hay una alta probabilidad de que tengan esta variante. Los adultos mayores y los niños menores de tres años deben consultar a la EPS.
Por su parte, que los asintomáticos con esquema completo de vacunación no están obligadlos a hacer aislamiento ni a tomarse la prueba. De no tener esquema completo, deben guardar aislamiento preventivo por siete días.
Los acuerdos
Ahora bien, es necesario recordar que, desde los primeros meses de la pandemia, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, manifestó su posición en cuanto a regresar a clases presenciales para alrededor de ocho millones de estudiantes, como se pretendía desde el Gobierno nacional y algunos locales.
Ante las circunstancias sanitarias, el magisterio avanzó en clases mediadas por TIC, aun con las deficiencias técnicas existentes en todo el país, lo que obligó a miles de docentes a poner a disposición sus propios recursos para cumplir.
Luego de constantes discusiones, fue hasta el pasado mes de julio que se lograron acuerdos con el Gobierno nacional para tener garantías de regreso a la presencialidad, que superaran condiciones como estas expresadas por Fecode: “los directivos docentes nos cuentan que para el 30% la prioridad número uno en términos de presencialidad y reapertura es la adecuación de baterías sanitarias, para el 26% hacer mejoras en la infraestructura para garantizar una buena ventilación, como una de las medidas más importantes para prevenir el covid-19, y para el 20% mejorar la conexión a internet en las instituciones educativas. Además, encontramos una situación bastante preocupante y es que casi el 50% de los establecimientos educativos tiene menos de lo requerido en cuanto a lavamanos funcionales por número de estudiantes, asimismo, encontramos que el 12% de los colegios no cuentan con acueducto y proveen este servicio a partir de aguas lluvia, superficiales o subterráneas y que el 41% de los colegios no tiene agua potable”, explicó Daniel Tobón, director ejecutivo de Escalando Salud y Bienestar.
El incumplimiento
El problema actual, como lo denuncia Fecode, es que el Gobierno nacional no cumplió con lo pactado. María Eugenia Londoño, del ejecutivo nacional de esta federación, precisó a VOZ que se desconoce lo convenido en cuanto a la creación de mesas de seguimiento y monitoreo en el ámbito regional, en el que habría participación de los padres de familia, del Gobierno y los educadores para hacer seguimiento a las condiciones de los colegios que permitan el desarrollo de clases en presencialidad.
“Las mesas se alcanzaron a crear, pero no se desarrollaron. El debate que tenemos hoy es que ante un nuevo pico se está desmontando todo lo acordado porque se alejan de los protocolos, del aforo y señalan que la presencialidad vuelve en su totalidad, sin que desde las mesas de verificación se garantice la vida y salud de las comunidades educativas. También plantean que regrese todo el mundo a pesar de que tengan comorbilidades. Y hay que tener claridad de que no todo el mundo tiene esquema completo de vacunación”, argumenta la dirigente sindical.
María Eugenia también hace énfasis en que en países como Estados Unidos, con la variante ómicron hay una alta cifra de niños y jóvenes contagiados y que la Organización Mundial de la Salud, OMS, planteó que no se pueden minimizar los efectos de esta variante que ya en algunos países ha causado hospitalizaciones y muertes.
“Como Fecode debemos decir que este año el Gobierno no asignó recursos para la presencialidad. Y los recursos que envió el año anterior desde el FOME no se ejecutaron en su totalidad. Todas las variables como la canasta educativa y las brechas estructurales que ha tenido la educación pública estatal tampoco están resueltas”, anota la profesora María Eugenia.
Las condiciones básicas
La dirigente de Fecode explicó que las disposiciones aptas para la presencialidad son agua potable en las instituciones, esquemas completos de vacunación para toda la comunidad educativa, control del contagio, protocolos de bioseguridad, distanciamiento y aforo en los salones, es decir, reducción de estudiantes por aula. “Actualmente no hay esas condiciones, no hay un mayor número de maestros, no hay espacios verdes, no hay infraestructura. Si no las hay en las áreas urbanas menos en las rurales”.
Como en otros ámbitos, en este caso la pandemia develó las brechas estructurales de la educación o su desfinanciación. “Salen a flote las seis brechas estructurales de la educación colombiana, relacionadas con la reforma del Sistema General de Participaciones: el acceso universal de niños, niñas y jóvenes al sistema educativo; la canasta educativa; infraestructura; las relaciones técnicas maestro-estudiante-aula; la brecha de la educación rural (acentuada con la pérdida de los 70 mil millones de pesos de las Tic que se perdieron en corrupción); y de una jornada única con condiciones”, explica la docente.
Por otra parte, así como el Gobierno echa al agua a la comunidad educativa para que se enfrente al virus sin condiciones aptas, sus acciones y han sido interpretadas por integrantes de la comunidad científica como la forma de desentenderse de la problemática de la pandemia. Es así que la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, Carolina Corcho, en dos tuits expresó: “Lo que pretenden es terminar de legalizar el manejo de la pandemia como un hecho médico individual, y abandonar cualquier esfuerzo de vigilancia en salud pública. Así diluyen la responsabilidad de la autoridad sanitaria y estatuyen de manera definitiva el ‘sálvese quien pueda’”.
Y, haciendo alusión a una película muy vista por estos días en Netflix, la galena advirtió: “Con los nuevos lineamientos van a bajar el reporte de casos, lo que tendrá como resultado una falsa percepción de seguridad y superación de la pandemia, bajo la hipótesis aún no probada que Omicron es la variante q será endémica y debemos convivir con ella. !No Miren para Arriba!”.
