Se adelantan manifestaciones y bloqueos de vías, que exigen al Gobierno nacional soluciones ante la caída de los precios y la necesidad de asegurar la sostenibilidad del sector
Pedro Pineda Rojas (*)
Los arroceros proponen diversas medidas de comercio exterior para paliar la crisis, entre ellas, la implementación de salvaguardias a las importaciones para contrarrestar la competencia desleal de otros países, así como la revisión de los acuerdos internacionales de libre comercio. También plantean medidas internas tales como alivios crediticios, reducción de intereses, nuevas líneas de crédito e incluso la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, ante posibles abusos de la industria molinera.
La herencia neoliberal
Como afirman algunos dirigentes del paro, la crisis es consecuencia de las políticas neoliberales adelantadas por los diferentes gobiernos, que desde la década de los años 90 tomaron la decisión de abrir de manera indiscriminada el mercado a los productos importados.
A esta política se sumó el desmantelamiento de la institucionalidad rural, que incluyó la liquidación de entidades como el Himat, Inderena, Incora, Inpa, así como la cuasi privatización del ICA y el languidecimiento del Idema debido a la pérdida de competencias.
En términos reales, las posibilidades de intervenir en el mercado agropecuario se perdieron cuando al Idema se le quitó el control de importaciones agrícolas y, por ende, la capacidad de intervención y de fijar precios en el mercado nacional. La liquidación de este instituto fue la conclusión lógica de la pérdida de funciones y la corrupción.
Actualmente, el Gobierno nacional no cuenta con herramientas de política exterior para enfrentar esta situación, y todos somos conscientes de la difícil realidad presupuestaria que enfrenta.
El arroz en Colombia
A pesar de las dificultades, el sector arrocero colombiano es uno de los pocos que ha logrado cubrir prácticamente la demanda interna. Colombia tiene un consumo anual de 46 kilos por persona, que crece aproximadamente el uno por ciento cada año.
Según datos de Fedearroz, existen 631.000 hectáreas sembradas en arroz, que cubren el 90% del consumo nacional cercano a los 2,4 millones de toneladas de arroz blanco y el sector emplea aproximadamente a unas 20.000 familias.
Existe libertad de precios y tratados internacionales suscritos por diferentes gobiernos que favorecen las importaciones por los menores costos de producción y mayor productividad frente a la producción nacional.
A su vez, los precios internos presentan una alta volatilidad, tal como se muestra en el cuadro. Esta volatilidad, cercana al 17%, dificulta enormemente buscar herramientas de política pública que permitan estabilizar los precios y así ayudar a productores y consumidores.
Sin solución estructural
La única medida real de apoyo al sector fue el Incentivo al Almacenamiento de Arroz. Este consistía en pagar a la industria molinera para que, en épocas de cosecha, comprara arroz y lo almacenara sacándolo del mercado y estabilizando precios.
Esta herramienta cumplía dos funciones: en primer lugar, se establecía un precio de compra concertado entre productores e industria y, en segundo lugar, la industria se comprometía a comprar y almacenar el arroz excedente, gracias al subsidio otorgado.
El incentivo permitió que, en medio de movilizaciones y disputas entre productores e industria, se asegurara la compra de la cosecha principal (mitad de año) y se controlaran los precios; pero la movilización actual se produce en la cosecha de mitaca lo que sugiere que ya no es posible recomponer el incentivo porque este o dejó de funcionar o no hay confianza en la cadena.
Pero los males del sector van más allá de los precios y el almacenamiento.
Según los estudios de Fedearroz, el 61% de toda el área sembrada es arrendada y el costo puede llegar a ser de entre un 20% y un 30% de los costos totales. Esta especie de “Renta de la Tierra” es una condición gravosa, casi feudal que atrasa el desarrollo productivo
Finalmente, el cultivo del arroz tiene una baja productividad (5,5 Ton/Ha) y serios problemas en el manejo del agua que amenazan su sostenibilidad y la soberanía y seguridad alimentaria del país.
Las respuestas del Gobierno
El Gobierno ha dispuesto la negociación en cabeza de la ministra de Agricultura para encontrar salidas a la problemática que hemos planteado, sin embargo, es necesario explorar alternativas hacia el futuro para continuar la senda del campo como motor del crecimiento nacional.
En primer lugar, tal como lo ha propuesto la ministra de Agricultura, es necesario abordar el asunto de la planeación productiva como una solución concertada entre el Estado, los industriales, los productores y los consumidores, con el fin de asegurar unas condiciones mínimas de producción que permitan superar el problema de la estacionalidad.
En segundo lugar, debe desarrollarse un paquete tecnológico que en un horizonte de mediano plazo impacte de manera contundente la productividad por hectárea aumentándola significativamente para acercarnos a las diez toneladas por hectárea como media de competitividad.
Deben tomarse decisiones para superar la “Renta de la tierra en el arroz” que genera un lastre inconcebible para una actividad productiva en pleno siglo XXI.
Deben explorarse alternativas de cobertura de precios vía mercados de futuros, opciones u OTC ─mercados Over The Counter─ que ayuden a estabilizar los precios y permitan transferir los riesgos de la alta volatilidad de precios.
El cambio apenas empieza y aún queda un largo camino por recorrer para beneficiar a la producción nacional.
(*) Magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales
