RedLas Propias
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El artículo 25 de la Constitución indica que: “El trabajo es un derecho y una obligación social que goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. Sin embargo, las condiciones laborales que viven miles de personas en el país no cumplen con esta premisa.
Hace un par de días el Ministerio del Trabajo promovió un encuentro temático sobre plataformas digitales en la ciudad de Medellín, uno de los más de 50 encuentros que se están desarrollando a nivel nacional, con el propósito de generar espacios de participación, diálogo social y concertación entre el Gobierno, empresarios, trabajadores y sectores informales, contando con la participación y acompañamiento de la OIT.
La discusión se centró en la precarización de las condiciones laborales que padecen las y los repartidores de aplicaciones, una realidad que afecta a miles de personas, pero que en el caso de las mujeres opera de forma particular y puede variar según las condiciones e intersecciones que le atraviesen, por ejemplo: si es una mujer racializada, empobrecida, migrante o con hijos.
Son bien conocidas las condiciones de explotación a las que son sometidos los varones en las plataformas domiciliarias. En los últimos meses han cobrado mayor protagonismo por las protestas que han realizado y donde reclaman de forma legítima condiciones dignas y humanas de trabajo.
Las mujeres en esta historia tienen mucho por contar, aunque su realidad no es igual de visible, nos es difícil imaginar a lo que se enfrentan: largos turnos de trabajo a pesar de tener hijos en la etapa de la primera infancia, accidentes por cumplir metas de super-productividad que impone Rappi y la falta de herramientas para realizar el trabajo, así como la usencia total de protección y seguridad social. ¿Hemos pensado cuánta vida cuesta un domicilio por plataforma?
En el encuentro temático una rappitendera, joven, madre soltera que depende exclusivamente de su trabajo, compartió la experiencia: turnos de más de 17 horas, bloqueos injustificados en la aplicación, enfermedades adquiridas por el desarrollo de trabajo, comportamientos xenófobos contra migrantes venezolanos, alta accidentalidad (no reconocida como laboral). Además, en medio de los domicilios, tienen riesgos a ser víctimas de violencias basadas en género.
No importa si los trabajadores cuentan con moto, bicicleta o hacen los domicilios a pie, tienen que cumplir con metas, hacer las entregas de formas rápida, así las herramientas de trabajo no sean las mismas, marcando una clara desventaja entre unos y otros.
Realizando una lectura breve con lupa de género, las mujeres que se vinculan a las plataformas no tienen otras alternativas laborales y por supuesto los dueños de estas aplicaciones acrecientan sus ganancias a costa del trabajo precarizado.
Muchas de las mujeres que trabajan en la aplicación, no cuentan con moto o bicicleta, no pueden cumplir metas de la plataforma, son madres cabeza de hogar y son vulnerables a accidentes y violencias, solo por mencionar algunas situaciones que les afecta de forma particular.
La presente columna es apenas una pincelada de un entramado aterrador de explotación, esclavismo y xenofobia.
El gran reto del Gobierno del Cambio es que el proyecto de ley de reforma laboral que se radicará en el Congreso interprete las nuevas realidades del mundo del trabajo y que sea aprobado por amplias mayorías.
