Violeta Forero
@Violeta_Forero
En el corazón del proceso legislativo, el Proyecto de Ley Estatutaria 224 de 2023 busca trazar un nuevo camino para el derecho fundamental a la educación en Colombia. La estrategia adoptada, centrada en la inclusión de diversas perspectivas, se ha manifestado de manera elocuente a través de audiencias públicas celebradas en todo el país, desde Bogotá hasta Pasto.
Acompañando estas audiencias, se han establecido mesas de trabajo con expertos y académicos, así como encuentros específicos con la bancada por la educación y entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Además, se han celebrado reuniones de trabajo con las madres comunitarias, ampliando así la consulta a una gama diversa de voces.
La compilación de todos estos aportes ha sido fundamental para la formulación de la ponencia que será presentada en el primer debate ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Este proceso participativo ha permitido vislumbrar la posibilidad de que el proyecto se convierta en un significativo acuerdo nacional.
Es crucial entender que esta ley no busca ser una solución completa a todos los desafíos educativos, sino más bien un punto de partida fundamental. Su ambición va más allá de parches superficiales. Aspira a ser un instrumento normativo que catalice la modernización integral de la legislación asociada al derecho fundamental a la educación en todas sus dimensiones.
Entre los consensos que han emergido destaca la imperiosa necesidad de concebir un sistema educativo integral e integrado. Esta visión trasciende la educación como un momento específico en la vida, abogando por su conceptualización como un componente vital a lo largo de toda la existencia, en sintonía con la dignidad humana.
El trabajo de los coordinadores ponentes liderados por el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Gabriel Becerra Yáñez, se ha enfocado en perfeccionar y ampliar el proyecto, introduciendo redacciones más precisas en principios como democracia, enfoque de género, inclusión y pertinencia, entre otros. Se ha llevado a cabo una armonización con las leyes vigentes, actualizando los desarrollos jurisprudenciales que han ampliado el sentido y comprensión de los derechos.
Un punto crucial ha sido la atención a la dignificación de la labor docente, con valiosos aportes que enriquecerán la ponencia. Por otra parte, existe un consenso claro sobre la necesidad de desarrollar instrumentos que identifiquen las causas de la deserción académica en todos los niveles, con un enfoque territorial que garantice la permanencia.
La esencia de esta iniciativa legislativa radica en destacar la estrecha conexión entre la dignidad humana y el derecho fundamental a la educación. Este se presenta como un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más justa, digna y equitativa.
La discusión continúa y se espera alcanzar consensos con diversos sectores de la sociedad, incluyendo estudiantes, rectores, profesores, trabajadores y empresarios. La participación ciudadana, el debate democrático y la deliberación en el Congreso de la República serán los elementos claves que guiarán este proceso.
Más allá de los beneficios presentes, el impacto de esta ley resonará en las generaciones futuras, marcando un hito trascendental en el camino hacia una educación pública, gratuita y de calidad.
La presentación de la reforma a la educación se sintoniza con los otros proyectos que impulsa el Gobierno del cambio. Específicamente, valida las históricas luchas que ha impulsado el movimiento universitario de estudiantes, profesoras/es y trabajadoras/es.
Por una educación al alcance de nuestros sueños.
