lunes, marzo 4, 2024
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Perú, rebelión contra la dictadura

Para contener la protesta se dispuso del toque de queda en varias regiones y en varios momentos. El régimen de Boluarte se endureció aún más y optó por el camino de la represión para ahogar las reclamaciones de justicia y de cambio levantadas por los manifestantes

Alberto Acevedo

La vigorosa movilización de sectores indígenas, obreros, estudiantiles, de docentes, transportadores y de otros gremios de la producción, que coparon la ciudad de Lima y lograron estremecer al Perú, enviaron un poderoso mensaje a la clase dominante del país latinoamericano, en el sentido de que no les será fácil salirse con sus planes antidemocráticos.

La exigencia generalizada de renuncia de la presidenta usurpadora Dina Boluarte, la disolución del actual congreso de la República, la convocatoria a elecciones anticipadas, junto a una Asamblea Nacional Constituyente, se mantiene en primer plano y, dado que la fuerza del movimiento no ha conseguido la renuncia de la mandataria, distintos sectores sociales han notificado esta semana que la protesta social continuará.

El pasado fin de semana Lima, la capital peruana, estuvo bloqueada. Miles de manifestantes ingresaron por los cuatro puntos cardinales de la ciudad y se concentraron en sitios estratégicos: la Plaza de San Martín, el Campo de Marte, la Alameda 28 de julio y la Ciudad Universitaria, entre otros lugares.

En todo el país

La policía, que antes había intentado impedir el ingreso de los caminantes, en esta ocasión disparó gases lacrimógenos, provocando enfrentamientos, de los que resultaron numerosos heridos y detenidos. Y a pesar que hasta ese momento las organizaciones de derechos humanos reconocían la muerte de 70 ciudadanos por los ataques policiales y del ejército, en la capital no se registraron pérdidas de vidas.

En simultáneo, en varias regiones del país se realizaban marchas, concentraciones y bloqueos de vías neurálgicas que, en esta ocasión, a diferencia de protestas anteriores, consiguieron resentir la economía. De hecho, uno de los renglones más afectados ha sido el turismo, que representa un importante rubro de ingresos de la nación.

La parálisis por la protesta se sintió especialmente en los departamentos de Puno, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Ica, Cusco y otras regiones del sur. Desde que comenzó la protesta, tras la destitución del presidente Pedro Castillo, estas movilizaciones se habían localizado en el sur del país. Con las movilizaciones del fin de semana anterior, los sectores populares les mostraron a las élites capitalinas que la protesta podía llegarles hasta la puerta de su casa.

Germen constituyente

En este sentido, la protesta del fin de semana anterior, conocida también como La marcha de los cuatro suyos, cambió el escenario del conflicto peruano. De una reclamación fuerte, pero localizada en regiones del sur, se pasó a una protesta generalizada, la reclamación de las comunidades indígenas sumó otros sectores de la población. Las élites comenzaron a sentir de cerca la radicalidad de la protesta.

El “estallido” del sur del país está estremeciendo al resto de la nación y llegó hasta las calles de Lima, ajena hasta ahora a los avatares del conflicto. Es un “estallido” similar al de Chile contra la constitución pinochetista, las alzas y la represión al movimiento estudiantil, y el de Colombia, ambos con una simiente constituyente.

Desde el momento en que el presidente Castillo fue defenestrado, la protesta social se mantenía de forma intermitente. Se disparó a partir del 10 de enero, cuando llegó a su máxima combatividad, debido al asesinato de 17 manifestantes en el departamento de Puno.

Para contener la protesta se dispuso del toque de queda en varias regiones y en varios momentos. El régimen de Boluarte se endureció aún más y optó por el camino de la represión para ahogar las reclamaciones de justicia y de cambio levantadas por los manifestantes. El descontento ha provocado una inestabilidad política, que no se sabe cuándo va a terminar.

Abren investigaciones

Hay episodios de extrema brutalidad, como la incursión de fuerzas de la policía y el ejército al campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, donde permanecía un nutrido grupo de manifestantes. Los estudiantes habían tomado la universidad varios días antes, pensando en alojar allí a los activistas de la protesta social.

Los militares irrumpieron brutalmente, utilizaron vehículos blindados para derribar muros y puertas y detuvieron a unas doscientas personas. La incursión provocó una encendida polémica y el rechazo de amplios sectores de la sociedad. Estos sectores reclamaron una investigación de los hechos y enjuiciamiento a los responsables, sobre la base de que fue una medida ilegal, no solo porque se mancilló la majestad de la ciudadela universitaria, sino porque se actuó sin una orden judicial.

El Ministerio Público se hizo eco de la reclamación y abrió investigación contra el ministro del Interior, Vicente Romero, y contra los mandos militares que dieron la orden. En esta línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, expresó su “preocupación por la incursión policial, el desalojo y las detenciones masivas” en la sede del principal claustro universitario de la capital peruana.

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