Una de las más duras acusaciones contra Pedro Castillo fue por intentar cerrar el Congreso. Califican el hecho como un frustrado golpe de Estado. Los trabajadores le recriminan por no haberlo cerrado antes
Alberto Acevedo
En un verdadero estallido social derivó la destitución del presidente constitucional de Perú, Pedro Castillo, en una maniobra que los sectores populares de este país no dudan en calificar como un golpe de Estado militar-parlamentario que desconoce de un plumazo el veredicto de las urnas, de un pueblo que anhela un cambio social profundo en una nación con una accidentada democracia.
A partir del momento en que corrió la noticia de que el presidente había sido destituido por el Congreso de la república, y puesto en prisión, comenzó la movilización social y la protesta, primero en las calles de Lima, la capital del país, y frente a las sedes políticas más importantes, y más tarde en prácticamente el resto del país.
En las últimas horas la protesta derivó en un paro nacional, que comenzó a las cero horas del martes de la presente semana, y ya arroja un saldo de enfrentamientos generalizados con la fuerza pública, la toma de al menos tres aeropuertos, entre ellos el de la segunda ciudad del país, el bloqueo de carreteras, incluida la Panamericana, vital cordón de transportes, y un elevado saldo de heridos y siete muertos, producto de la agresión policial.
Quiebre institucional
Los trabajadores peruanos, entre ellos el sector estatal, agrupados en la CITE, emitieron un comunicado a través de su central sindical, la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, en el que rechazan “categóricamente” el quiebre de la institucionalidad democrática, luego de los hechos acontecidos el 7 de diciembre.
“La Confederación General de Trabajadores del Perú rechaza categóricamente el quiebre de la institucionalidad democrática de nuestro país y la continuidad de una crisis que beneficia a las fuerzas de la derecha y los grupos de poder económico del Perú”, comienza diciendo el comunicado de la CGTP.
Tras la crisis desatada el miércoles de la semana pasada, que culminó con el presidente Pedro Castillo detenido y la posesión de Dina Boluarte como nueva mandataria, la central sindical explicó que “como clase trabajadora somos conscientes que el Congreso de la República merece ser disuelto por sus constantes ataques a la democracia y amenazas a los derechos y conquistas sociolaborales… también por haber atizado la crisis política, cuyo impacto económico afecta a millones de familias peruanas”.
Debieron cerrarlo antes
En su declaración, los trabajadores también se refieren a Castillo: “debió cerrar el Congreso tras la negativa de confianza a dos consejos de ministros, sin embargo, pese a contar con las oportunidades correspondientes se negó a hacerlo, otorgándole poder y oportunidad a la derecha golpista que hoy busca lavarse la cara tras una disolución fallida”.
Una de las más duras acusaciones contra Pedro Castillo fue por intentar cerrar el congreso. Califican el hecho como un frustrado golpe de Estado. Lo que vemos es que los trabajadores le recriminan por no haber cerrado el congreso antes y dejar la decisión para última hora, cuando resultó inoportuna.
De hecho, en las barricadas los trabajadores, campesinos, estudiantes y el pueblo en general, están reclamando cierre inmediato del Congreso, excarcelación de Pedro Castillo, renuncia de la exvicepresidenta Dina Boluarte, convocatoria de elecciones generales, y de una Asamblea Nacional Constituyente, que redacte una nueva carta magna, democrática y participativa para el Perú.
Declaración de cuatro países
Es decir, las masas en la calle están reclamando lo que Castillo intentó realizar, y que el congreso fujimorista se lo impidió. Por eso, ante la destitución del presidente titular, el pueblo reclama su liberación inmediata y se niegan a reconocer al gobierno de facto.
Ante las vías de hecho, aunque algunos gobiernos latinoamericanos se apresuraron a reconocer al régimen de Boluarte, la mayoría reclaman el respeto a la institucionalidad en el país suramericano. México además ha ofrecido asilo político a Castillo. El lunes de esta semana, los gobiernos de Argentina, México, Colombia y Bolivia, emitieron una declaración conjunta en este sentido.
“Los gobiernos de la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos, de la República Argentina y del Estado Plurinacional de Bolivia, expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República de Perú.
Los derechos de Pedro Castillo
“Para el mundo -continúa la declaración-, no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del art. 25 de la mencionada Convención.
“Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
“Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio. Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado.”
No se salvó
La crisis política en Perú estaba anunciada. Pedro Catillo trató de hacer un tipo de gobierno que no pudo lograr. Desde antes de asumir, la derecha fujimorista ya estaba tratando de impedir que quien asumiera pudiera gobernar en serio.
En esta experiencia hay que tomar en cuenta el grado de debilidad con que ciertos gobiernos progresistas asumen. Creer que el respaldo de los votos es suficiente resulta un craso error. Si no se movilizan los electores en las calles, se va disolviendo esa fuerza renovadora.
A esto se suma el tipo de gobierno que finalmente adelantó Castillo, que seguramente será objeto de análisis futuros. Renunció paulatinamente a su programa de gobierno, abandonó sus banderas de lucha, renunció a los hombres y mujeres más inteligentes y capaces del entorno político que lo rodeó. Comenzando por el canciller Béjar, por Guido Bellido. Cedió nuevas y nuevas posiciones para terminar hipotecado a las fuerzas de la reacción peruana. Y eso tampoco lo salvó.
