Perú, lo que pudo haber sido y no fue

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Nuevo gabinete ministerial del gobierno de Pedro Castillo

Los cambios muestran la inestabilidad y fragilidad en que se sumerge cada día el gobierno de Pedro Castillo. A tal extremo, que un comentario mordaz en algún medio peruano, insinuaba que los nuevos ministros no debieran hacer planes más allá de uno o dos meses de mandato

Ricardo Arenales

A seis meses de haber comenzado su gestión, sin haber logrado probar todavía su ‘luna de miel’ y cada vez más solo y alejado de la izquierda, el ‘izquierdista’ Pedro Castillo anunció el nombramiento de su nuevo gabinete ministerial, el tercero en lo corrido de su gobierno.

El gabinete está encabezado por Héctor Valer, un saltimbanqui que ha militado en casi todos los partidos políticos de derecha o de ultraderecha. En su juventud perteneció a la juventud del Apra (Alianza Popular Revolucionaria Americana), y unos meses antes de los pasados comicios presidenciales se vinculó al Partido Renovación Popular, de donde meses después fue expulsado por ‘desleal’.

Desde esta última posición, postuló como candidato a la presidencia al ultraconservador Rafael López Aliaga, que sueña con ser un Bolsonaro o un Trump. Y semejante personaje es el que acaba de designar el presidente Castillo como su ministro del Interior y jefe del Gabinete. Una vez confirmado en el cargo, la prensa local reveló que el funcionario está además investigado por violencia intrafamiliar, después de haber golpeado a su esposa y a su hija.

Giro a la derecha

En la imagen que proyecta el gobierno, el problema no es Valer, conocido de autos. Sino Pedro Castillo, que con el nuevo gabinete da un giro enorme hacia la extrema derecha. En la crisis de gabinete que acaba de superar, el presidente salió de los ministros de Economía y de la Mujer, Pedro Francke y Anhai Donald, ambos de un partido aliado, Nuevo País, para entregarle posiciones a la derecha golpista, señal de que el presidente paulatinamente se desmarca de la izquierda.

La anterior jefa de gabinete, Mirtha Vásquez, una vez Castillo anunció la renovación de sus cuadros dirigentes, presentó su renuncia. “Por desgracia, hemos llegado a un punto de no haber podido lograr al menos avanzar en consensos sobre el liderazgo de un sector tan importante como el de Interior, y tampoco por el respeto sobre las líneas institucionales del mismo; pongo entonces en duda la posibilidad de avanzar en otros cambios imprescindibles en otros ámbitos”, precisó en ese momento la hoy exministra.

Esto muestra la inestabilidad y fragilidad en que se sumerge cada día el gobierno de Castillo. A tal extremo, que un comentario mordaz en algún medio peruano, insinuaba que los nuevos ministros no debieran hacer planes más allá de uno o dos meses de mandato, pues como lo dijo el propio presidente, “como siempre he anunciado en mis intervenciones, el gabinete está en constante evolución”.

Con el pecado a cuestas

Más grave que esto, y que constituye un secreto a voces, es que las continuas peleas entre el director general de la policía y quienes han ocupado la cartera del Interior, sumado a las trapisondas de la burguesía peruana por derrocar al mandatario, han  llevado a que sectores comprometidos con  la conspiración hayan constituido un ‘gabinete a la sombra’, que al fin y al cabo logra paralizar el trabajo de los ministros que cada cierto tiempo nombra el presidente y que, una y otra vez, por cualquier razón, son  siempre cuestionados para que sus cabezas rueden en la picota pública.

Cada que el presidente Pedro Castillo hace una concesión a la derecha, ya sea removiendo un ministro, renunciando a algún punto de su programa de cambios, o a todo el programa, o aceptando alguna exigencia, lo hace pensando en que va a reconciliarse con esos sectores, que le van a perdonar el pecado de haberse postulado como un hombre de izquierda y van a dejarlo gobernar en paz.

De hecho, el Partido Morado radicó el primero de febrero un proyecto de ley que amplía las causales de destitución del presidente, agregando a las ya existentes otras nuevas como traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el congreso, corrupción de funcionarios, cohecho, tráfico de influencias, aprovechamiento indebido de cargo y hasta el muy difuso delito de organización criminal.

De momento, el presidente Castillo se la juega por ganar unos votos en el congreso que le permitan gobernabilidad, a costa de su programa. Una apuesta por la que se paga un alto precio y muy arriesgada.