Extracto del informe de la Confederación Sindical Internacional, CSI, 2023. Las cifras alarman, pero también exigen el fortalecimiento de las organizaciones de los trabajadores para defender los derechos de todos los ciudadanos
Juan Carlos Hurtado Fonseca
“Tanto en los países de renta alta como en los de renta baja, los trabajadores y las trabajadoras han acusado de lleno la crisis del coste de la vida, al tiempo que los Gobiernos han reprimido sus derechos a negociar colectivamente incrementos salariales y a emprender acciones de huelga contra la indiferencia de los empleadores y Gobiernos ante los efectos que la espiral inflacionista está suponiendo para los trabajadores.
“De Eswatini a Myanmar, de Perú a Francia y de Irán a Corea, las reivindicaciones de los trabajadores para que se respeten sus derechos laborales se han ignorado, y su disidencia se ha topado con respuestas cada vez más brutales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”.
Así lo expresa en su informe Índice Global de Derechos de la CSI, Los peores países del mundo para los trabajadores y las trabajadoras 2023, publicado hace tres semanas.
Cifras que alertan
El informe registra que en el 87% de los países se ha vulnerado el derecho de huelga, y que trabajadores de Canadá, Togo, Irán, Camboya, Bélgica y España fueron objeto de procesos penales y despidos por hacer huelga. “En Corea del Sur, la empresa Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) interpuso una demanda por daños y perjuicios por valor de 47 mil millones KRW (35,3 millones USD) contra los dirigentes del Korea Metal Workers’ Union (KMWU) por las supuestas pérdidas económicas ocasionadas por una huelga”.
Por otra parte, el documento expresa que en el 42% de los países se ha restringido el derecho a la libertad de expresión y reunión, y los trabajadores que protestaron tuvieron que enfrentarse a la brutalidad policial. “En Francia, los sindicatos de trabajadores celebraron manifestaciones masivas contra la controvertida y antidemocrática decisión de aumentar la edad de jubilación. La policía y las fuerzas de seguridad respondieron a sus legítimas protestas con brutales palizas, detenciones indiscriminadas y ataques con gases lacrimógenos”.
En el 79% de los países se ha vulnerado el derecho a la negociación colectiva. Las empresas se niegan a cumplir los convenios colectivos, rechazan a los sindicatos establecidos y, en muchos casos, entablan negociaciones con sindicatos creados por los empleadores. En los Países Bajos, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia los trabajadores han visto gravemente mermados sus derechos a la negociación colectiva.
En el 77% de los países se excluye a los trabajadores del derecho a establecer o afiliarse a un sindicato. En el 73% de los países se ha impedido el registro de sindicatos. Así pues, en Belarús, Myanmar, Hong Kong, República Centroafricana y Canadá, la legislación gubernamental obstaculizó, restringió o suprimió el derecho de los trabajadores a registrar sus órganos de representación.
Los diez peores
En 2023 se efectuaron arrestos y detenciones de trabajadores en 69 países. Destacados dirigentes sindicales de Myanmar, Hong Kong, República Dominicana, India y Turquía han sido arrestados, a menudo por acusaciones falsas.
“En el 65% de los países se ha negado a los trabajadores el acceso total o parcial a la justicia. En Zimbabwe, Colombia, China y Kazakstán se ha detenido y procesado en numerosas ocasiones a dirigentes sindicales y defensores de los derechos de los trabajadores alegando cargos falsos”.
Los 10 peores países para los trabajadores y trabajadoras en 2023 son: Bangladesh, Belarús, Ecuador, Egipto, Eswatini, Filipinas, Guatemala, Myanmar, Túnez y Turquía. En el país suramericano las protestas masivas en favor de la democracia y los derechos colectivos, convocadas por organizaciones de pueblos indígenas y sindicatos, fueron brutalmente reprimidas y produjeron detenciones, heridos y muertos.
El documento comenta que se han asesinado a sindicalistas y trabajadores en ocho países: Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Eswatini, Guatemala, Perú y Sierra Leona, siendo el nuestro el peor.
Los datos en América
La investigación develó que los trabajadores de este continente también han sufrido un deterioro de sus derechos, y la calificación de la región empeoró y pasó de 3,16 en 2014 a 3,52 en 2023. En todo el espectro de las violaciones, los asesinatos de sindicalistas en Colombia, Brasil, Perú y Guatemala constituyen el ejemplo más impactante de esta tendencia.
De la misma manera, los trabajadores y trabajadoras de Canadá, Guatemala, Perú y EE.UU. se han enfrentado a prácticas de represión sindical, al cierre patronal de sus centros de trabajo, a crecientes obstáculos para el registro de sindicatos y a actuaciones legislativas para impedirles la huelga.
El informe de este año es el décimo que presenta la CSI y muestra una tendencia de violación a elementos clave de una democracia, como los derechos a establecer un sindicato, a la negociación colectiva, a la huelga y a la libertad de expresión y de reunión.
Asimismo, las investigaciones han registrado un aumento de los ataques a la libertad de expresión y de reunión, pasando del 26% de los países en 2014 al 42% en 2023. Y, la clase trabajadora se encuentra presionada por la espiral de los precios y el estancamiento de los salarios. Las empresas privadas inflan de forma desproporcionada los precios, utilizando las crisis mundiales como cortina de humo para disimular su codicia por los beneficios. Mientras tanto, los empleadores y los Gobiernos siguen manteniendo los salarios bajos, argumentando que hay que evitar a toda costa una espiral salarios-precios.
Algunas conclusiones
Para la CSI, en 2023, en una crisis del coste de la vida que ha afectado a los trabajadores y las trabajadoras de todo el mundo, ha surgido una necesidad urgente de acción por parte de los sindicatos de trabajadores. Las crisis mundiales han influido, con las secuelas económicas de la pandemia, más la invasión rusa de Ucrania y la consiguiente crisis energética, que aprietan los presupuestos familiares.
“Sin embargo, los crecientes márgenes de beneficio de las empresas privadas revelan otra historia, en la que los costes se han trasladado al consumidor de forma desproporcionada y han generado una espiral inflacionista. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE) han reconocido que el aumento de la inflación se debe más a la subida de los precios que a la de los salarios. Pese a ello, los políticos han seguido manteniendo los salarios bajos, se han negado a respetar las negociaciones con los sindicatos, han restringido las huelgas y han intentado sofocar las protestas alegando que hay que evitar una espiral precios-salarios”.
La CSI argumenta que “sin empleos decentes que garanticen unos salarios justos, protección social, un trabajo seguro y protegido, la garantía de igualdad e inclusión y la garantía de los derechos fundamentales y el Estado de derecho, las democracias son frágiles”.
Lo preocupante es que al romperse la confianza en los Gobiernos los grupos populistas y de extrema derecha aprovechan la brecha para conseguir ventajas, sembrar divisiones y poner en peligro las libertades fundamentales.
Por lo anterior, la CSI asegura que solo un nuevo contrato social puede reconstruir la confianza y garantizar que las democracias sean aptas para responder a las exigencias de un futuro incierto, en el que la crisis climática, el futuro del trabajo, los retos que afronta la sanidad pública y la inestabilidad geopolítica van a seguir provocando convulsiones.
En tiempos turbulentos, los sindicatos de trabajadores son más imprescindibles que nunca.
