Persecución sindical en Textilia SAS

0
270
María Helena Cortés en su área de trabajo. Foto archivo particular

El sindicato de una empresa de textiles denuncia que, sin autorización del Ministerio del Trabajo, a sus 76 miembros les suspendieron los contratos hace 10 meses

Redacción Laboral

Un incendio que afectó las máquinas de dos pisos en la empresa Textilia SAS, el pasado 17 de enero, fue el pretexto para que la administración suspendiera los contratos de los trabajadores y trabajadoras sindicalizadas.

La firma, productora y exportadora de telas, pidió permiso al Ministerio de Trabajo para este procedimiento con los contratos por 120 días, pero le fue negado. Incluso así, según los trabajadores, suspendió los de 366 que luego fue reintegrando paulatinamente, aunque dejó por fuera a los sindicalizados.

Textilia SAS tiene una historia de más de 50 años y actualmente cuenta con alrededor de 500 trabajadores. Sus formas de contratación siempre han sido cuestionadas por los operadores. María Helena Cortés, quien labora allí desde hace 23 años, explica que anteriormente estaban en un periodo de prueba y luego pasaban a la planta de personal: “También los tuvo vinculados a través de empresas temporales, y luego de 10 años los vinculaban directamente. Ahora, los mantiene con varios contratos a dos o tres meses y luego los vinculan”.

Bajos salarios

En esta fábrica, los trabajadores desempeñan cargos como intendencia, encargados del aseo. Van ascendiendo a carreta, tramista, descruzadora y tejedora, para las mujeres. Aunque también existen las responsabilidades de mecánicos, auxiliares de mecánica y auxiliares de salón.

“Así son los cargos y así mismo debería ser el sueldo, pero de un tiempo para acá, hace unos siete años ya no pagan bien, y lo nivelaban a uno, sino que pagan un poquito más del mínimo y lo ponen a uno a hacer de todo. Ahí empiezan las controversias…”, comenta María Helena, quien al ver tantos atropellos decidió sindicalizarse.

Sobre el incendio, la trabajadora explica que se dio por descuido, que era algo que se había podido evitar. “Nosotros que estamos adentro de la empresa sabemos que eso pasó porque no les hacen mantenimiento a las máquinas, a una de las ramas, estaba remendado con trapos porque estaba botando aceite. Debido a eso se quemaron dos pisos donde laboraban 20 personas”.

Con el reintegro de los trabajadores quedaron 95 con contrato suspendido, entre los cuales están los 76 sindicalizados, a quienes solo les pagan salud y pensión. Reestableció a 12 que estaban sindicalizados, no sin antes exigirles la renuncia a la organización sindical, lo cual fue aceptado por la necesidad de trabajar.

Ante el atropello, el sindicato se quejó: “Pusimos la queja en el Ministerio, en el territorial, allá aparentemente nos iban a ayudar, pero después no sé por qué fue cambiando todo. Lo que decíamos no era válido, nos hacían callar, y lo que decía la empresa sí era aceptado, aplaudido. No sentimos muy desamparados de que nos ayudaran. En octubre, decidimos ir al Ministerio a nivel nacional y allá nos atendió muy bien el viceministro y no se ha puesto ni del lado de uno ni del lado del otro”, dice María Helena Cortés.

Posible corrupción

Sin embargo, el regional sigue interviniendo y ha seguido visitando a la empresa con el argumento de que el viceministro les había devuelto el caso, pero “le han dado toda la razón a la empresa. No creemos que el viceministro haya hecho eso. Creemos que con esos funcionarios hay corrupción, con ellos nos ha ido muy mal”, comenta la dirigente sindical.

Ya son diez meses en los que los trabajadores suspendidos, muchos de ellos con enfermedades laborales, no reciben salario. No renuncian a sus trabajos por la antigüedad, “muchos llevamos más de 23 años, no podemos dejar tantos años de nuestras vidas tirados. Además, eso es lo que ellos quieren, que nos vayamos, que renunciemos y así salir sin un solo peso”, anota con desesperación María Helena.

La situación ha provocado una mayor crisis en las economías de sus hogares y muchos ya sufren depresión al no poder suplir las necesidades de sus hijos. “Algunos están a punto de perder sus casas porque llevan 10 meses que no pueden pagar y los bancos los están acosando”.

Les han negado tutelas y esperan una decisión de un tribunal de arbitramento. “El dueño de la empresa ha dicho que enfermos no quiere ver en la empresa, y nosotros somos enfermos laborales, la gran mayoría con afectaciones de hombros, columna, manos, manguito rotador, túnel carpiano y tendinitis”, anota María, quien no entiende cómo si la empresa ha tenido buenos contratos de venta para el Ejército y la Policía, mantiene alta producción y exportaciones, ¿por qué dice que están mal y que no tienen dinero?