Indignantes son las recientes capturas de jóvenes que se movilizaron en el paro nacional de 2021. Las organizaciones juveniles son víctimas de acoso por su protagonismo en la protesta social. El presidente electo Gustavo Petro exige la liberación de la muchachada injustamente en prisión
Yessica Arandia
Ha de insistirse que las y los jóvenes se han convertido en los protagonistas de la historia en tanto rebeldía, resistencia, revolución y justa lucha son palabras que recogen la perspectiva de transformación social que tanto aqueja al contexto de explotación y mezquindad en el que están inmersos. Lo que hoy está viviendo Colombia con la persecución contra la juventud de diversas regiones no es un accionar nuevo del establecimiento, más si es un accionar que por su magnitud debe llamar la atención de la comunidad internacional y de todo el pueblo colombiano. Puesto que no es un buen síntoma que, el país complete por lo menos veinte años (desde la doctrina de la “seguridad democrática”) de represión, judicialización y juvenicidio, cosa que se ha incrementado en los últimos años.
La cristalización de esta problemática tiene dos momentos: el asesinato y violencia contra jóvenes manifestantes, con situaciones de violación de derechos humanos, captura y judicialización contra otros que hicieron y hacen parte de las primeras líneas protagonistas del estallido social de 2021; así como la persecución a los liderazgos juveniles de diferentes partes del territorio nacional. Ante lo anterior, Redacción juvenil VOZ dialogó con integrantes de procesos territoriales y militantes de la Juventud Comunista Colombiana (organización de la que hacen parte algunos detenidos), de regiones como Cauca y Santander, así como con el abogado y defensor de DDHH Richard Piedrahita del Valle del Cauca.
Los datos de la persecución
El estallido social inició el 28 de abril de 2021, luego de que durante más de dos años se habían presentado protestas convocadas por los llamados Comités de paro contra el gobierno de Iván Duque, quien luego de la pandemia por el COVID-19 fue ponente de por lo menos tres proyectos de reformas que pensaban gravar la canasta familiar y modificar el régimen laboral y pensional, lo que ocasionó que un país con hambre reaccionara. El nivel de la protesta en muchas regiones no se había visto en años, las líneas que defendían la vida e integridad estuvieron llenas de voluntades juveniles que salieron a las calles a exigir educación, trabajo digno y salud.
Sin embargo, la respuesta del establecimiento fue la de siempre: violencia y represión. Solo que en esta ocasión los asesinatos de jóvenes, no tenían precedente desde el 70’. Sumaron 83, sobre todo de regiones como el Valle del Cauca, Cauca, Bogotá, Risaralda, Antioquia, Tolima y Huila. A esto, se le suman los por lo menos 40 procesos de detención, captura y judicialización contra integrantes de las Primeras líneas, líderes de procesos sociales y defensores de DDHH, casualmente en las mismas regiones sumándole Santander.
Efectivamente, a finales de 2021 se realizaron capturas arbitrarias y se llevaron a proceso judicial por lo menos 12 líderes juveniles: 7 defensores de DDHH de Boyacá y 5 de la Primera Línea de Bogotá, en su mayoría estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, dentro de los cuales dos eran madres cabezas de familia. Aunque organizaciones como la ONG Temblores, cuyo trabajo por documentar y denunciar la violencia estatal en el marco del estallido social es fundamental, indican que han sido detenidos por lo menos 1800 jóvenes, otros 1400 han sido golpeados incluyendo la violencia ocular (disparos contra ojos de manifestantes) que suman también 80 casos, y la violencia sexual donde se presentaron hasta 2021, 28 víctimas. Durante 2022, por lo menos 34 líderes y activistas juveniles de regiones como Santander, Cauca y Valle del Cauca han sido detenidos arbitrariamente.
Derecho a la protesta y judicialización
De todos los derechos que se vulneran en el país, seguramente uno de los más importantes es el derecho a la vivienda digna, el proceso Lxs Sin Techo sin embargo, se desenvuelve como colectivo que mediante la ocupación de baldíos protesta y exige un terreno donde poder conseguir establecer a muchas personas que por desplazamiento violento y otras causas no tienen un hogar. Este proceso se enfrenta directamente al establecimiento, y el establecimiento le criminaliza. Es así como, el día 17 de junio de 2022, fueron capturados en Popayán 4 compañeros, entre ellos Andrés Duque y Bremmen Hinestroza quienes además son militantes de la JUCO, sindicados de allanamiento a bien privado, violencia contra servidor público, entre otros cargos que hasta el momento no han podido demostrarse por parte de la Fiscalía.
Según Natalia Sandoval, integrante del colectivo caucano y de la JUCO, en el acompañamiento de DDHH que se les hace hasta el momento, las apreciaciones sobre la imputación son así: “La Fiscalía ha preparado material probatorio en algunos de los casos pero en otros no, tienen algunos videos en el lote donde se realizan actividades del colectivo y han interceptado teléfonos, hasta el sábado 18 de junio el juez legalizó las capturas por cuanto lo que queda, es preparar la defensa de nuestros compañeros, quienes son inocentes de lo que se les acusa”. Ahora bien, el nivel de persecución es tan fuerte, que Lxs Sin Techo y el proceso comunitario Periferia Crítica denuncian el día 20 de junio, un día después de la elección presidencial, hostigamiento en el lugar donde funciona su Escuela popular como proceso barrial, que se pudo evidenciar con un vídeo denuncia en redes sociales.
En el caso de Santander, “se presentó en Bucaramanga la captura de 12 jóvenes que se movilizaron en el Paro nacional de 2021 y estuvieron en la Primera línea, acusados de daños en bienes públicos, locales comerciales y participación en disturbios, sin embargo, el día 20 de junio el Equipo jurídico Pueblos anunció que el juzgado noveno penal de garantías de Bucaramanga ordenó medidas no privativas de la libertad para 4 de los 12 detenidos, entre ellos dos compañeras que estarán libres mientras sigue el proceso investigativo. La situación es compleja y políticamente enviamos la solidaridad del caso para que cese la persecución contra las y los compañeros”, afirma Ramón Abril responsable de DDHH de la JUCO.
Problemáticas sociales y criminalización
En el caso de los integrantes de la Primera Línea en Cali, donde se hicieron entre 9 y 12 allanamientos para dar captura a 9 de ellos en las últimas semanas, el abogado Richard Piedrahita nos comparte: “Hay procesos donde se ha judicializado, en los últimos dos he participado como defensa, se han hecho investigaciones y se han adelantado capturas, gente del punto Chimi-Resistencia (5 casos) y gente de punto de Puerto Resistencia (PR) donde el caso es más complejo, los cargos son más complicados pues se les acusa de homicidio, tortura, secuestro simple, daño en bien público, concierto para delinquir. Si bien, no se desconoce que hubo hechos violentos por fuera del marco de la protesta social, esto responde a las dinámicas propias de los territorios donde se adelantaban las mismas, entonces en medio de esto, hay hechos violentos que se atribuyen a los muchachos que estuvieron en Primera línea, uno de los hechos que hoy la Fiscalía le endilga a los muchachos de Puerto Resistencia se trata de un ajuste de cuentas entre pandillas del sector, donde se involucra a los muchachos pero es claro que ellos no llevaron a cabo estos actos, tiene que ver con la dinámica territorial donde es sabido que el oriente de Cali es una zona marginada con muchas problemáticas sociales”.
Y es que la problemática social y económica del país, profundizada en ciertos territorios nacionales como la capital del Valle del Cauca, es compleja, y a ocasiona que muchos jóvenes sean víctimas de la influencia socioeconómica de las llamadas “oficinas”, que funcionan en zonas de la ciudad donde la protesta social fue protagonista, y que en el marco de los conflictos territoriales que se desprenden de su accionar, sobre todo en los últimos momentos del estallido, configuraron episodios de violencia que estaban al margen del ejercicio de manifestación social que se presentaba en aquellos puntos.
El señor Piedrahita continúa: “A algunos jóvenes les hace presa fácil de lo que se ha denominado “Las Oficinas”, pero otra cosa es que la fiscalía quiera venir a vincular a los líderes de cada punto de resistencia con esto, y darle tratamiento de estructura criminal a estos puntos que es tal vez, la peor tesis o mensaje que se pueda emitir en este momento, y lo digo así porque con Chimi-Resistencia se hizo lo propio que fue decirle esto a al Fiscalía en el riesgo al que se exponen a gente común y corriente que además le apuesta a un trabajo social, cultural, artístico, con la comunidad. Sabemos que igual la Fiscalía no desistirá de darle este tratamiento a los puntos de resistencia, porque en últimas solo dependerá de los jueces de control de garantías que han conocido de los dos casos.”
El mensaje es claro, la Fiscalía no puede presentar a líderes y lideresas del Paro nacional y de las Primeras líneas como delincuentes, y con ello pretender legalizar capturas como “golpes” a la delincuencia común, puesto que el accionar juvenil no está ligado a los cargos que se les acusa. El manejo de la justicia hasta aquí viene siendo amañado e intencional para reprimir la protesta.
Libertad para la juventud
El abogado Piedrahita cuenta: “En este momento van dos audiencias de registro, allanamiento y captura contra los muchachos de PR, los legalizaron sin que importaran los reparos que teníamos los defensores, además no fue posible sacarlos para ejercer su derecho al voto sopesar que no han perdido sus derechos civiles pues no han sido condenados. La fiscalía pedirá medida privativa de seguridad, y pues ante la situación de condiciones paupérrimas en las cárceles esperamos solicitar una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, es decir domiciliaria, pues sabemos que este proceso de investigación y defensa sigue, pero podrían defenderse desde casa sin que su vida e integridad corran riesgo”.
Por su parte Natalia, también comparte que “Por supuesto al estar detenidos, no pudieron salir a votar, y esto además es un golpe fuerte para sus compañeros y compañeras quienes cargamos con el dolor de verles injustamente pasar por esto”. A la fecha, precisamente y de manera lamentable, se ha dictado medida privativa de la libertad para Andrés Duque y Bremmen Hineztroza en Popayán, situación que complejiza la continuidad de su proceso y, permite ver que, para la Fiscalía y la Policía nacional, ser joven líder con vocación de trabajo social y cultural en los territorios es un delito.
Se hace trascendental que luego de la contienda electoral y a propósito del triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez, acudir al propio discurso del presidente electo el cual es importante citar: “Cuantos jóvenes esposados, cuantos jóvenes tratados como bandoleros solamente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor… yo le pido al Fiscal General que libere a la juventud, liberen a los jóvenes«. Puesto que lo anterior, implica un llamado enorme al presidente electo, en el que puedan brindarse garantías para la libertad y el cese de la persecución contra líderes y lideresas sociales.
Aunque el Fiscal general ya dio una respuesta desafiante, afirmando que invita al presidente electo a “tramitar sus debates institucionalmente”, se confía en que con lo dicho, Gustavo Petro trabaje por la liberación y garantías del ejercicio político de las y los jóvenes del país.
