Pablo Arciniegas
Uno de los retos más importantes que Petro tendrá que afrontar en su administración es sacar adelante la reforma tributaria con la que espera captar 50 billones de pesos, que sí y solo sí podrá conseguir gravando a los sectores más privilegiados del mercado (hablando en términos de exenciones) y aquellos donde existe mayor riesgo de evasión fiscal. Cuando llegue ese momento quedará claro el panorama del Congreso porque sabremos cuáles son los políticos que cuidan los intereses de los clanes que concentran el poder económico de Colombia.
La negociación con ellos no es sencilla y el pánico económico será la primera reacción de quienes no están acostumbrados a sentarse en la mesa y discutir. Lo de la casa de cambio en el aeropuerto, que puso el dólar a cinco mil cuando salió la noticia de Petro presidente, y la acción de Ecopetrol a la baja al día siguiente, son los primeros embates de esta estrategia, por no decir que el primer dato es falso y fue desmentido por el Ministerio de Hacienda, y el segundo es sesgado porque no solo pasó con la acción de Ecopetrol sino con la de Exxon y la de varias petroleras alrededor del mundo.
Lo ideal es que esta discusión evolucione a un punto obvio: aceptar que los grandes capitales del país no hubieran llegado a enriquecerse tanto sin el trato preferencial y cómplice que han tenido por años; a veces con la excusa de que así se generarían empleos y disminuirían las importaciones.
Como ambas promesas aún no se han cumplido se puede decir que esta experiencia VIP no la podrían vivir los multimillonarios por fuera de Colombia, por ejemplo, en Estados Unidos donde tienen que pagar un salario integral y responder a un inflexible sistema de impuestos.
El hecho es que sentar en la mesa a los clanes que administran a Colombia como una finca es fundamental para equilibrar la carga tributaria. La financiación del gasto público no puede continuar saliendo en mayor porcentaje del bolsillo de los colombianos más pobres o de clase media. Gustavo Petro está impedido para hacerlo no solo por su discurso o porque carece del apoyo para escudarse detrás de la Policía y el Esmad como hizo Duque, sino porque sus electores están conformados mayoritariamente por personas que asimilaron la manifestación en las calles como un mecanismo de participación política.
Dentro del escenario de la reforma tributaria es importante que la administración del Pacto sea transparente con la creación de los fondos en los que van a parar los recaudos al consumo de bienes y servicios específicos.
El gobierno actual intentó gravar la gasolina (lo que aumentaría indiscriminadamente los precios de la canasta familiar), con la excusa de abrir un fondo para prevenir el cambio climático, pero nunca quedó claro en qué se iba a invertir el dinero captado, y además estaba el precedente negativo del fondo para enfrentar la pandemia al que no se le hizo mayor control (salvo el del observatorio económico de la Javeriana) y que no financió nada extraordinario.
Finalmente, la discusión alrededor de la reforma tributaria es indispensable no solo para cumplir los estímulos a la educación y al desarrollo que prometió el gobierno de Petro y Francia Márquez.
De la negociación con el poder económico colombiano, en especial con la banca, debe resultar: mayor facilidad de préstamos para los colombianos que no tienen historial crediticio, generación de empleos y de productos nacionales, como contraprestación a las exenciones y, por ende, un aumento del consumo y la circulación de capital entre pequeñas y medianas empresas. No serán medidas sencillas de implementar, pero son las necesarias.
