Las plataformas Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, presentaron su informe anual sobre el estado de los derechos humanos y la paz en Colombia
Alfonso Castillo
En el preámbulo del informe, el padre Javier Giraldo destaca las dificultades que tiene cualquier proceso de paz en Colombia. Afirma que “si no se enfrenta a erradicar las causas de la violencia, se protege a los firmantes de la persecución y el exterminio y se cierran las múltiples modalidades del conflicto, ningún esfuerzo logrará culminar felizmente”.
El padre Giraldo señala, asimismo, “que la política de paz total es un acierto en el sentido de abrir un proceso de diálogo, sin ninguna restricción, entendiendo que este se realiza con grupos armados transformados e impactados por múltiples fenómenos”.
Igualmente, anota la necesidad que tiene el Gobierno de avanzar en un proceso de negociación, a pesar de las adversidades, entre las que se destaca la reiterada actitud de sectores de las élites dominantes de promover la violencia como una forma de enriquecimiento y sustento del poder.
Gobierno, un compromiso real de cambio
El informe contiene varios capítulos como: la política social, el derecho a la vida, las regiones urgen en el cambio, y los poderes del Estado, los derechos humanos y el cambio y, al final, unas recomendaciones.
Las plataformas de paz y derechos humanos reconocen, en el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, un compromiso real de cambio en favor de la paz, los derechos humanos, la democracia y la garantía del acceso de las mayorías nacionales a los derechos sociales fundamentales, a la vez que enfrenta una férrea oposición política por sectores aliados de la corrupción y la violencia.
El informe reconoce que, efectivamente, hay un cambio de orientación en el diseño del desarrollo del país, centrado en la garantía del respeto a los derechos humanos, claramente expresado en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, que por primera vez aborda el crecimiento económico como propósito fundamental ligado a la garantía de los derechos sociales.
El informe destaca el esfuerzo que el Gobierno desarrolla para garantizar el derecho a la salud, en medio de la oposición férrea de sectores económicos poderosos frente a este importante derecho. En este capítulo, también se aborda la problemática de los derechos de las mujeres, constatando el aumento en las cifras de feminicidio, violencia contra las comunidades LGBTIQ+ y los derechos de los pueblos afrocolombianos y grupos étnicos.
Se visibiliza el esfuerzo que el Gobierno hace para garantizar el derecho de las comunidades al acceso del agua potable, teniendo que enfrentar problemas estructurales como la crisis climática, la transición energética y el extractivismo.
Derecho a la vida y Paz Total
En este capítulo, se analiza la política de Paz Total, las dificultades y desafíos que ella plantea, al mismo tiempo que advierte sobre la inquietante situación de personas defensoras de derechos humanos, cuyas cifras de violencia reportan un preocupante crecimiento.
Se reconoce en el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez los esfuerzos y compromisos para la protección de la vida, la integridad de las personas y las comunidades en los territorios. El informe señala que estas cifras son parte del escenario de disputa de los poderes tradicionales más interesados en mantener la violencia, que en buscar soluciones y alternativas para la transformación de los territorios vía diálogos.
Se subraya que muchas regiones del país continúan inmersas en un violento escenario disputa por el control territorial, beneficiando negocios y economías ilegales; esto ocurre por encima de los derechos de las comunidades a permanecer en el territorio y a la construcción de la paz con justicia social.
Regiones, poderes y necesidad del cambio
Este capítulo es sobre los derechos de los grupos poblacionales en distintas regiones como la costa del Pacífico, Putumayo, la zona del Caribe, Isla Gorgona, como patrimonio ambiental y étnico del país, así como los problemas migratorios en el tapón de El Darién.
Finalmente, un capítulo dedicado al análisis de los poderes del Estado, destacando los desafíos que tiene la Fiscalía para avanzar en las investigaciones contra la corrupción y a desentrañar la responsabilidad intelectual en los asesinatos de líderes y lideresas sociales.
El informe advierte una negligencia por parte del Congreso de la República en la discusión de las reformas sociales que ha propuesto el Gobierno, evidenciada en la baja cifra de debate y aprobación de iniciativas de ley.
El informe llama la atención sobre la problemática desatada por una fuerte politización de las Cortes, que impide una justicia efectiva, como en un derecho que debe aplicarse de manera imparcial. Se convoca a avanzar de manera más efectiva en la reparación integral a las víctimas y en la garantía del derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición, como gran desafío del gobierno del cambio.
Las principales recomendaciones se refieren a la formulación, por parte de las plataformas, de un cambio en la política de Paz Total para permitir que esta se convierta en una política de Estado de obligatorio cumplimiento.
El documento insiste en armonizar la implementación del Acuerdo final, con los procesos de diálogo, la implementación y el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo para garantizar la justicia económica, social y ambiental en los territorios.
