Editorial VOZ 3179
Crisis climática, territorios y gobernabilidad, triángulo temático que copa la agenda del cambio en Colombia y el mundo: Paris, La Guajira y la Casa de Nariño, puntos cardinales desde donde se definen las políticas y se toman las decisiones que promueven la inclusión y el rescate de la convivencia para todos.
No son ejes del mal, son triángulos virtuosos que reflejan esfuerzos dirigidos a resolver acuciantes problemas del país y contribuir a retardar el cambio climático que pone en peligro la vida en la tierra. Estos cambios están dirigidos a eliminar la exclusión y las carencias de la mayor parte de los colombianos. Se trata de acabar con la inequidad y con la avaricia de quienes han gobernado al país durante casi 200 años.
Mover la pesada maquinaria capitalista hacia un punto cercano a la disminución de los gases de invernadero, jalonar la inversión en la conservación de los ecosistemas biodiversos del mundo y el impulso de un plan concreto de liberación de deuda para financiar el “Plan Marshall contra la crisis climática”, expuesto en París, son metas de gran trascendencia ya que se empeñan en salvar la especie humana y todas las formas de vida del planeta.
Pero al mismo tiempo que el presidente intenta remover las conciencias y los bolsillos capitalistas, la gobernabilidad del país está amenazada por las fuerzas a las que no les conviene los cambios y las reformas, por eso orientaron a los políticos a quienes les financian sus campañas electorales para que con su ausencia del Congreso no permitieran la aprobación de la Reforma laboral.
Muchos logros y nuevas políticas benéficas al pueblo avanzaron, pero la reforma laboral cerraba una primera etapa de cambios que nos hacía ganar tiempo en la recuperación de derechos de los y las trabajadoras y generaba marcos regulatorios para otros sectores productivos informales y explotados.
Toda la arremetida de la derecha intenta generar desestabilización e ingobernabilidad. La situación está lejos de llegar a ese nivel, pero se necesitan decisiones, usar las atribuciones legales y constitucionales que tiene el gobierno para actuar y cumplir con los cambios contenidos en el Programa por el cual los colombianos lo eligieron.
La Guajira, que, según el juglar compositor Hernando Marín, en su poesía la dibujó como “una dama reclinada, bañada por las aguas del Caribe inmenso”, es el siguiente punto cardinal de este triángulo. Otro escenario de la acción política de Petro, uno de los departamentos donde la miseria habita en todos sus rincones, especialmente aquellos donde sobreviven los indígenas. En la más reciente declaración del Defensor del Pueblo denuncia que hasta el 17 de junio de 2023, ya habían muerto de hambre 141 niños guajiros menores de 5 años. Esta situación de extrema injusticia social es suficiente justificación para declarar la emergencia económica en la Guajira.
La bella y exótica Guajira esconde entre sus arenas y el calor ardiente de su sol, las injusticias que son inaceptables en una sociedad que se precia de ser democrática, sus habitantes carecen de agua potable, las mafias corruptas y negociantes se enriquecen vendiéndola embotellada, pero los pobres que no tienen para comer tampoco pueden comprarla. Cualquier ciudadano entiende que un gobierno debe recurrir a cualquier medida extrema amparada por la Constitución para evitar que la inanición y la sed siembre de cadáveres ese departamento.
Petro, para evitar que los niños sigan muriendo de hambre y sed, ha declarado la emergencia económica y social. Tan pronto expresó esa intención Enrique Gómez la criticó diciendo que Petro lo que deseaba era empezar a gobernar por decreto para no tener que presentar proyectos de Ley al Parlamento.
Pero Enrique Gómez es quien menos tiene autoridad moral y política para criticar esa decisión del presidente. Los colombianos no olvidamos que su partido inauguró la época del Estado de Sitio casi permanente. Su padre Laureano Gómez instauró una cruenta dictadura en los años 50 y que durante esa época a los políticos de oposición se los asesinaba lanzándolos desde aviones militares. El silencio sería una buena opción para quien lo rondan los 200 mil asesinados durante los gobiernos de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez. Quien no lo sepa que se entere leyendo el libro la Violencia en Colombia de Orlando Fals Borda, el padre Campo Guzmán y Eduardo Umaña Luna.
Con esta declaratoria, el presidente Petro tendrá facultades para establecer decretos con fuerza de ley, crear nuevos tributos o modificar los ya establecidos, facultades extraordinarias, como pocas veces, serán utilizadas en beneficio del pueblo y no de los poderosos. Despachar desde la Guajira, tomar decisiones, evaluar a sus ministerios y las instituciones frente a los compromisos adquiridos con la niñez y los adultos guajiros, es gobernar con el pueblo.
París, Bogotá y la Guajira, triángulo virtuoso del cambio social, económico y climático.
