Diana Carolina Alfonso
El viernes pasado el establishment peronista definió cerrar filas en torno al ministro de economía, el liberal Sergio Tomás Massa, como precandidato a la presidencia. La decisión política de apoyar al superministro había sido anunciada críticamente por algunos representantes de los movimientos populares desde el año pasado. El dirigente popular Juan Grabois buscó a toda costa contraponer la precandidatura de Wado de Pedro, actual ministro del interior, orgánico al movimiento nacional y popular, e hijo de militantes montoneros desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. En mayo Juan Grabois y Wado de Pedro firmaron un acuerdo público en torno al programa de tierra, techo y trabajo.
Los días previos a la confirmación de Massa estuvieron signados por la especulación. Sin embargo, Wado de Pedro el jueves inmediatamente anterior lanzó un spot de campaña confirmando su deseo de ser presidente. En respuesta positiva Juan Grabois declinó su precandidatura. Un día después, el viernes a la noche a puerta cerrada, casi sobre la hora del cierre de presentación de las precandidaturas y sin margen de maniobra para la militancia movilizada, la vicepresidenta acordó con el hegemónico Partido Justicialista, PJ, y algunos representantes del poder financiero, apoyar a Sergio Massa como candidato del bloque Unión por la Patria, nuevo slogan del antaño bloque de gobierno, Frente de Todos. El sábado a la noche, horas antes de que se cerraran las listas, un hombre en harapos, presidente de una cooperativa cartonera, apareció ante las imponentes puertas de la sede del PJ, cargando en su carro de residuos cientos de firmas recogidas con urgencia para avalar la candidatura de Juan Grabois.
Esta es la tercera vez que la vicepresidenta decide apoyar a un candidato liberal para enfrentar a la derecha, también liberal. En 2015 apoyó la candidatura del exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli; en 2019 triunfó con el alfonsinista Alberto Fernández.
Massa ha sido un destacado lobbista de los intereses norteamericanos según confirman algunos documentos desclasificados y publicados por wikileaks. Su reciente ascenso político está vinculado a los términos de negociación de la deuda adquirida con el FMI por el entonces presidente Mauricio Macri, misma que condiciona la soberanía nacional. Lo que se expresa, por ejemplo, con la reciente instalación de una base militar norteamericana en Neuquén. Como ministro de economía, Massa ha sabido negociar con el capital concentrado, responsable de la fuga de dólares y la especulación financiera. Sin la misma indulgencia, se ha convertido en la peor pesadilla de las cooperativas populares que dependen de los subsidios del estado para regularizar y formalizar el trabajo de la economía social y solidaria. De ahí el enfrentamiento público con el ya mencionado dirigente popular, marxista y peronista, Juan Grabois.
El origen de las tensiones entre el peronismo y el FMI son históricos. Durante el primer gobierno de Perón, Argentina fue el único país del hemisferio en declinar a incorporarse en el concierto del joven Fondo. En 1944, mientras se concretaba la fundación del ente imperialista, los Estados Unidos designaron como embajador a Spruille Braden en Argentina para sofocar al gobierno y procurar el golpe de estado contra Perón. La semilla que plantó el estadounidense dio sus frutos el 16 de junio de 1955 , cuando la armada nacional con el auspicio norteamericano bombardeó la Plaza de Mayo y expulsó al exilio a Perón, dando lugar a la dictadura precedida por el general Aramburu. Meses después de la masacre, la dictadura firmó el ingreso al FMI.
Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) serán el próximo 13 de agosto. Si Massa expresa los lineamientos del FMI conforme a la recomposición del nuevo Plan Cóndor – en una contienda que se parece más a “un paso adelante y dos pasos atrás” de Lenin que al “ya volvimos otra vez” de Cristina-, Grabois tiene el deber de movilizar a la comunidad organizada en torno a los principios básicos de la doctrina justicialista: soberanía política, independencia económica y justicia social.