#ParaQueNoSeRepita

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Foto Cajar

“Merecemos que nuestros derechos sean restablecidos, que los daños que nosotros y nuestras familias sufrimos sean reparados, que se adopten garantías de no repetición que nos permitan seguir desarrollando este proyecto de vida que elegimos, que es la defensa de derechos humanos”: Jomary Ortegón, presidenta del Cajar

Laura Doncel
@LauraDoncel1

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, es una organización no gubernamental defensora de derechos humanos, que cuenta con personería jurídica a partir del año 1980, siendo así una de las primeras en Colombia y cuenta con un estatus consultivo ante la OEA.

Lleva 42 años trabajando por defender y promover los derechos humanos y libertades, para contribuir a la lucha contra la impunidad, y a la construcción de una sociedad justa y equitativa, representando víctimas, que como ellos han padecido el hostigamiento del Estado, razón por la que han sido objeto de una constante persecución en su contra, con discursos estigmatizantes, amenazas, atentados, exilios, campañas de desprestigio y  torturas psicológicas, poniendo en riesgo la salud mental y vida de quienes hacen parte del colectivo y la de sus familias.

El caso Cajar contra el Estado colombiano llegó a la Corte IDH, como el primero en el que un Estado es juzgado por vigilancia e inteligencia ilegal hacia defensores y defensoras de derechos humanos. Esto, luego de 22 años en que se presentara la solicitud a la CIDH y que la misma decretara medidas cautelares en favor del colectivo. En 2019 la Comisión presenta su informe de fondo para que el caso fuese llevado a la Corte IDH y posterior a ello es citado el Estado el pasado 12 y 13 de mayo, a una audiencia en la San José de Costa Rica para ser juzgado por la vigilancia e inteligencia ilegal a sus integrantes.

El informe de fondo, cuenta con docenas de testimonios que relatan las múltiples agresiones en contra de los abogados y abogadas del Cajar, desde estrategias por parte del Ejército Nacional, el extinto DAS y otras instancias estatales de seguridad, donde existían informes en los que figuraba tanto el nombre del colectivo, como el de varios de sus integrantes, siendo hechos que responden a  la doctrina del enemigo interno, en la que se mantiene una lógica de exterminar todo aquello que se oponga y evidencie las políticas de violencia estatal.

Declaraciones de las víctimas

Dentro de los testimonios se señaló el abuso de la inteligencia estatal evidenciado en operaciones como Transmilenio, Intercambio, Imprenta, Europa, Arauca, Encuentro, entre otras, en las que se tenían listas con los nombres de algunos integrantes y sus familiares, rutinas de su cotidianidad y los sitios que frecuentaban dentro de las mismas, entre otras estrategias de perfilamiento y presidia que han sido usadas para afectar el trabajo del colectivo.

Del mismo modo, durante la audiencia que se celebró la semana pasada, dentro de las declaraciones de las víctimas y peritos interrogantes, se evidencia las afectaciones de estos hechos, como un ejemplo claro de lo que viven quienes ejercen una labor en defensa de los derechos humanos en Colombia.

Empezando por las declaraciones del abogado Alirio Uribe, quien mencionó a través de algunos hechos, lo que ha significado para su vida representar a víctimas en casos contra el Estado y sus instituciones; como el de vivir en constante zozobra y miedo al saber que su hogar era vigilado por personas extrañas, sus hijos perseguidos hasta las instituciones donde cursaban sus estudios, el hecho de enseñarles a ellos a muy temprana edad cómo huir de la casa en caso de que un día pudieran llegar a asesinarles, entre otros.

Soraya Gutiérrez, otra integrante del colectivo, por su parte también narró episodios similares, aclarando la diferenciación entre los riesgos que se corren siendo mujer defensora de derechos humanos, como amenazas que impactaron directamente a su núcleo familiar.

Jomary Ortegón, presidenta del colectivo, señaló que aquellos hechos hacen parte de una estrategia para ubicar como “enemigos del Estado” a quienes emprenden dicha labor, teniendo en cuenta las pruebas de que la falta de voluntad del gobierno nacional para investigar y esclarecer la verdad en estos, resulta una evidencia clara para establecer su responsabilidad en los mismos.

Lo que se espera de esta audiencia

Así mismo, que el caso del Cajar llegará a la Corte IDH resulta una oportunidad histórica para transformar el panorama actual, en el que las y los defensores de derechos humanos viven graves violaciones, siendo el primer caso en el que una organización defensora de derechos humanos y representante de víctimas ante el Sistema Interamericano llega en calidad de víctima.

Con lo anterior se espera que haya una investigación y sanción hasta los altos mandos responsables por estas vulneraciones, un reconocimiento público por esta responsabilidad y que se exalte la labor y el esfuerzo de esta organización en la construcción de un Estado social de derecho.

A su vez, que se generen las reformas estructurales pertinentes que den garantías de no repetición y de un ejercicio en plena libertad para quienes ejerzan una labor en defensa de los derechos humanos, entre las cuales deberá ser cambiada la ley de inteligencia y contrainteligencia que cuente con una veeduría civil y autónoma, todo ello con el fin de promover una democracia real.