martes, octubre 15, 2024
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Paramilitarismo, Santiago Uribe y proceso de paz

Ojalá esta sea una señal promisoria de que tanta impunidad llega a su fin y que las cabezas ocultas y visibles del paramilitarismo por fin pagarán por sus crímenes.

Santiago Uribe, ganadero antioqueño capturado por paramilitarismo.
Santiago Uribe, ganadero antioqueño capturado por paramilitarismo.

Luis Jairo Ramírez H.

En julio del 2003, el entonces presidente Álvaro Uribe anunciaba la firma de los Acuerdos de Ralito, que suponían la desmovilización y desarme de 34 bloques paramilitares y la práctica de mecanismos de verdad, justicia y reparación a favor de las víctimas del paramilitarismo. Entonces Mancuso y otros jefes paramilitares eran recibidos con honores en un Congreso, el cual, según fue reconocido públicamente, tenía un 35% de presencia de parapolíticos. El propio Mancuso se reconoció como parte de un “paramilitarismo de Estado”. Tal desmovilización paramilitar al final resultó ser todo un fraude.

No pasó mucho tiempo para que el país advirtiera la aparición de estructuras armadas en áreas donde actuaban los paramilitares fuertemente vinculados al narcotráfico, a la ganadería, a las tierras despojadas, a los políticos regionales y a las brigadas militares y de policía. Si el régimen duró muchos años negando sus vínculos con el paramilitarismo, ahora su actitud es ocultar la persistencia del fenómeno, encubriéndolo y tratando de minimizar su impacto a través de unas supuestas bandas criminales (bacrim).

La permanencia de estas bandas paramilitares, demuestra cuánto le cuesta a las elites gobernantes renunciar a ese instrumento de terror, que ha sido funcional a su estrategia de control territorial, despojo de tierras y acumulación capitalista. En el gobierno de Santos algunas de esas estructuras paramilitares se han presentado como “ejército antirrestitución” para defender a sangre y fuego su dominio y el de terratenientes, ganaderos y políticos regionales; han asesinado a decenas de campesinos reclamantes de tierras que intentaron retornar para retomar la posesión sobre sus propiedades; además anunciaron su oposición abierta al proceso de paz. A pesar de esto, Santos sigue diciendo que son “bacrim”

Después de unos pocos años de permanecer con bajo perfil, ahora se reactivan con fuerza descomunal, como parte de la estrategia extremista de saboteo al proceso de diálogos entre gobierno y guerrillas; sus panfletos reproducen los discursos guerreristas del uribismo, el Procurador, Fedegán y ciertos ex generales de la Acore.

Un estudio de Indepaz arroja que los pobladores de 407 municipios del país son rehenes del paramilitarismo, que siembra el terror con “casas de pique” en áreas como Buenaventura; en Urabá, Córdoba y Sucre es parte del mobiliario político de las familias terratenientes tradicionales; en el Magdalena, Cesar y la Guajira hace parte de la estrategia de Cambio Radical, de Kiko Gómez y Vargas Lleras para el control corruptor que ha llenado de miseria y muerte por hambre y sed a la población wayú; en el Casanare y Cauca convive con la fuerza pública; en Antioquia y Chocó cierra vías, monta retenes y amenazas por doquier; en el Tolima agrede y extorsiona bajo la mirada condescendiente de las autoridades.

Los dirigentes de las FARC han dicho públicamente que el fenómeno paramilitar es una amenaza grave para el futuro del proceso de paz en los posacuerdos. El gobierno solo anuncia medidas cosméticas y formales, pero no hay voluntad política para el desmantelamiento real del paramilitarismo y su entramado de apoyo en los terratenientes, el empresariado, las castas políticas del Centro Democrático, la Unidad Nacional y los militares.

En este contexto se produce la detención de Santiago Uribe Vélez, hermano del ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe. Inmediatamente los eunucos mentales del Centro Democrático (Rangel, Paloma y la Cabal) salieron a calificar el hecho como “una persecución política de Santos”; el fanático religioso Alejandro Ordóñez anunció que apelará la medida de aseguramiento, pues según él “…se violaron los derechos y garantías fundamentales del procesado” y periodistas como Darío Arismendi cuestionaron la medida, como “inconveniente”, ¡como si hacer justicia fuera una cuestión de conveniencias…!

En realidad es la sociedad la que estaba esperando de la rama judicial que se hiciera justicia. Santiago Uribe es señalado de ser el jefe del grupo paramilitar “Los Doce Apóstoles” y está acusado de homicidio agravado y concierto para delinquir. Según la Fiscalía “este grupo sembró de muerte y terror el municipio de Yarumal, departamento de Antioquia, entre junio de 1993 y marzo de 1994”. Ojalá esta sea una señal promisoria, de que tanta impunidad llega a su fin, y que las cabezas ocultas y visibles del paramilitarismo por fin pagarán por sus crímenes.

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