Para entender los números rojos en la economía

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Ante las elevadas tasas de interés, uno de los sectores más afectados es el de la construcción. Foto Revista En Obra

El último reporte trimestral dejó en evidencia un proceso de decrecimiento. Se hace indispensable una mayor actividad que plasme en acciones concretas la propuesta de agroindustrialización y la prometida reindustrialización

Carlos Fernández

En el tercer trimestre de 2023, el Producto Interno Bruto, PIB, fue inferior en 0,3 por ciento al resultado económico del mismo período de 2022. La economía, medida por el PIB, está desacelerada y, lo que es peor, decreció. ¿Culpa de Petro y su gobierno?

Hasta los analistas contrarios a este gobierno saben que un resultado de este tipo no puede ser atribuido directamente a la actuación del ejecutivo de turno, pues a tal situación se llega en un proceso que se conoce como ciclo económico, el cual abarca períodos que van más allá de los períodos presidenciales. Y ya estaba previsto que, luego del crecimiento pospandemia, la economía iría disminuyendo su ritmo de crecimiento durante cierto tiempo.

Por los carriles de la desaceleración

Lo que no calculó nadie es que, en el tercer trimestre del presente año, el resultado fuera negativo y que afectara, particularmente, desde el punto de vista de la producción, a la construcción (-7,7 por ciento), a la industria manufacturera (-6,5 por ciento) y al comercio al por mayor y al por menor (-3,3 por ciento). Por el lado del gasto, se destaca una disminución de la inversión del orden de 10,7 por ciento y de las importaciones de 21,7 por ciento y un aumento de las exportaciones de 4,1 por ciento.

Pero a los gobiernos sí hay que atribuirles el impacto que la política económica que ejecutan tiene sobre las distintas variables económicas y, en consecuencia, la manera como acentúan los procesos de crecimiento o contrarrestan los de decrecimiento y desaceleración. Claro que tales efectos se reflejan, incluso, cuando la administración ha cambiado y el nuevo gobierno debe lidiar con los efectos de la política económica del gobierno anterior.

El actual Gobierno nacional recibió una economía que ya andaba por los carriles de la desaceleración, a lo que hay que añadir una elevada inflación, altos niveles de desempleo, una política monetaria de alzas en las tasas de interés practicada por el Banco de la República y, en fin, todos los ingredientes necesarios para que el cumplimiento del programa de gobierno referente a la reindustrialización, al desarrollo de la agroindustria y a la transición energética se enfrentara no sólo a la fuerza opositora de los adversarios económicos y políticos sino, también, a una rígida estructura económica que no es fácil modificar.

Economía y política económica

Pero hay que matizar la enunciación de los resultados. El decrecimiento de la economía se presenta al comparar los resultados del tercer trimestre de 2023 con los del mismo trimestre de 2022. Al comparar el tercer trimestre con el segundo del presente año, se revela un leve crecimiento de 0,2 por ciento y, si la comparación se hace acumulando los resultados de los tres trimestres, se observa un crecimiento, igualmente modesto, de 1,0 por ciento entre ambos años que se espera se mantenga al finalizar el año.

El descenso en la tasa y el volumen de inversión proviene, esencialmente, del sector privado. La adquisición de maquinaria y equipo durante los tres trimestres de 2023 bajó en 12,6 por ciento respecto a lo gastado en ese rubro en el mismo período de 2022.

Los analistas proclives a la oposición señalan que este fenómeno, que alguno de ellos, como el director de Portafolio, denomina los “motores apagados de la economía”, tiene su origen en “la baja ejecución de las políticas públicas”, (en) “la incertidumbre que trae el paquete de reformas” (y en) “los mensajes ambiguos que espantan y confunden las inversiones”. O sea que los capitalistas apagaron los motores porque el Gobierno no hace las cosas como ellos quisieran. El mensaje es claro: independientemente del programa de gobierno, las cosas deben seguirse haciendo como se hacían hasta ahora.

Hay que decir que, en este forcejeo, Gobierno y sector empresarial han estado de acuerdo en que, por ejemplo, el Banco de la República comience a bajar las tasas de interés para disminuir el costo del crédito y se dé, entonces, un impulso al consumo y a la inversión productiva. El Banco se resiste argumentando que la inflación es todavía elevada y que, aunque se ha desacelerado su crecimiento, la perspectiva de que siga bajando no es clara dadas la necesidad de eliminar los subsidios a la gasolina, diésel y la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de El Niño, en particular, en 2024, con su impacto negativo sobre los precios de los alimentos.

Manejo presupuestal y reactivación

La posibilidad de que el propio Gobierno incida en la reactivación mediante la aceleración de la ejecución presupuestal ha sufrido dos reveses que dificultan el gasto público. De un lado, la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el artículo de la reforma tributaria que eliminaba la deducibilidad de las regalías de la base impositiva, lo que significa un recorte de unos 3,6 billones de pesos en los ingresos del gobierno para el presente año y algo menos para el 2024. Por otro lado, la propuesta del jefe del Departamento Nacional de Planeación, DNP, y, luego, del presidente Petro de modificar la regla fiscal, de manera que el Gobierno pueda disponer de mayores recursos para invertir, ha sido duramente atacada por los analistas ortodoxos que consideran inamovibles dos elementos de la política económica: la supuesta independencia del Banco de la República y la regla fiscal.

Pero, además, al finalizar octubre, se observó una ejecución importante del presupuesto general de la nación. En efecto, en esa fecha, se había comprometido el 79,1 por ciento del presupuesto vigente; el Gobierno había adquirido obligaciones ineludibles de pagos equivalentes al 71,5 por ciento de la apropiación y había pagado, efectivamente, el 70,2 por ciento de lo apropiado. Quedan noviembre y diciembre para comprometer el 11 por ciento de los recursos presupuestales.

El presupuesto de inversión, en particular, se había comprometido en un 76,9 por ciento en la fecha señalada y el cumplimiento de las obligaciones por concepto de deuda interna y externa pesa enormemente sobre la disponibilidad presupuestal. No hay que olvidar que el presupuesto presenta unas rigideces ineludibles mientras no se cambien las normas presupuestales.

Las acciones gubernamentales, tendientes a convertir a las organizaciones sociales, como las Juntas de Acción Comunal, en sujetos de contratación para realizar obras y prestar servicios que favorezcan las comunidades, están apenas en su inicio y deberán masificarse mediante la modificación de la ley de contratación pública.

El Acuerdo nacional y la reanimación de la economía

Es indudable que el Ejecutivo debe contar con los distintos sectores económicos sociales y políticos que, algunos tímidamente, le han brindado determinados apoyos para introducir las reformas prometidas. La construcción del Acuerdo nacional es labor de todos los días y hay que decir que implica un proceso arduo de convencimiento y de movilización.

Respecto a lo primero, se hace cada vez más evidente la necesidad de una más intensa estrategia de comunicaciones y, sobre lo segundo, es necesario desarrollar procesos organizativos, empezando por el del propio Pacto Histórico, que garanticen los apoyos necesarios a la nueva política.

Pero se hace indispensable, también, una mayor actividad de elaboración de la propia política económica que plasme, en acciones concretas, la propuesta de agroindustrialización y la prometida reindustrialización.

Sobre la transición energética, el Gobierno ha hecho mayores avances conceptuales y tomado medidas, algunas echadas para atrás por otras instancias del Estado ─como la mencionada más arriba no deducibilidad de las regalías─.

Las conversaciones recientes con el gobierno de Venezuela, para lograr una alianza entre Ecopetrol y PDVSA en materia de suministro y explotación de gas, van en un sentido correcto. El Acuerdo nacional debe involucrar no sólo las discusiones sobre las reformas a la salud, a la educación, a las pensiones y laboral sino, también, las políticas públicas que apunten a la reactivación económica. De lo contrario, la ocupación de la fuerza de trabajo, que no ha recibido todo el impacto de la desaceleración económica, se verá afectada de manera importante y el desempleo alcanzará a nuevos sectores de trabajadores.