La United Fruit Company mantenía, en todos los países de la región, una política de negativa absoluta a los vínculos contractuales directos para dificultar la sindicalización de los trabajadores. La posibilidad de que los 25.000 obreros bananeros se organizaran en sindicatos para defender sus derechos ponía en riesgo su patente de corso para explotarlos
Anuska J. Cárdenas
(Tomado de Rebelión)
Nos acercamos a la conmemoración del 6 de diciembre de 1928, cuando la épica huelga de los obreros de las bananeras terminaba en la matanza de un número indeterminado de ellos, que se estima entre 1.800 y 4.000.
A casi un siglo, la situación del proletariado del campo no ha cambiado mucho, por lo que repasar las condiciones de aquella lucha puede ayudarnos a clarificar las actuales. Esta reflexión puede ser especialmente importante en el marco de la Convención Nacional Campesina.
En ese momento se estaba, como ahora, a las puertas de una enorme recesión mundial, y el capital arreciaba en la intensificación de la explotación contra el proletariado. La alta inflación había reducido el mísero salario de los trabajadores que, sometidos a un régimen de trabajo a destajo, laboraban durante extenuantes jornadas antes de volver a los cuartos repletos de literas con chinches de la compañía bananera.
De su salario de hambre les descontaban el dos por ciento para una prestación de salud que no recibían y además debían pagar por dormir en esos ranchos insalubres que carecían de ventilación, agua potable, duchas o letrinas. El estado sanitario de la zona era aún peor que el del resto del país, lo que provocaba que abundara el paludismo, la anemia, la tuberculosis y todo tipo de enfermedades causadas por parásitos y deficiencias nutricionales.
Leyes para su conveniencia
Cuatro de los nueve puntos del pliego de reivindicaciones -seguro colectivo; indemnización por accidente de trabajo; lugares de alojamiento higiénicos y descanso dominical; y hospitales y medidas sanitarias en los campos- tenían que ver con mejoras en las condiciones higiénicas y sanitarias. De ellos tres estaban amparados por las leyes colombianas, pero había un pequeño problema, en el papel la United Fruit Company no tenía trabajadores y por lo tanto no tenía obligación alguna con la legislación laboral del país.
A pesar de que por esa fecha salían de Santa Marta 10,3 millones de racimos de bananos al año, la política de subcontratación que imponía la United Fruit Company-UFC hacía que, los más de 25.000 obreros que trabajaban en su cultivo, corte y carga no tuvieran ninguna relación laboral directa con ella. De esta forma se libraba de las leyes que no le convenían, aunque conservaba las que estaban hechas para favorecerla, como las que le otorgaban subsidios, concesiones de tierras o la exoneraban de impuestos y gravámenes a la exportación.
Así, mágicamente, una compañía que llevaba cuatro décadas dedicada al cultivo y exportación del banano en el país, que era dueña de más de la mitad de las tierras dedicadas al banano, que tenía el control absoluto sobre su exportación, con una flota de noventa barcos que controlaban el comercio mundial de banano y que había absorbido al resto de empresas competidoras dominando el mercado mundial de la fruta, aparecía como si no tuviera trabajadores a su cargo.
Inestabilidad laboral
Por esta razón, la principal reivindicación de ese enorme “ejército de trabajadores de nadie” era el reemplazo de la subcontratación por contratos directos con la compañía. La tercerización les impedía acceder a los derechos laborales recién conquistados y les dejaba en la más absoluta inestabilidad laboral, pues la mayoría no encontraba trabajo todos los días y nunca sabían con seguridad cuanto tiempo lo mantendrían.
Además, aumentaba considerablemente su explotación ya que a la parte de la plusvalía apropiada por la multinacional se sumaba la que se quedaban los contratistas. Pero, sobre todo, sentían que era una política de la empresa para mantenerlos fraccionados y así frenar su poder de presión y negociación.
Efectivamente, la United Fruit Company mantenía, en todos los países de la región, una política de negativa absoluta a los vínculos contractuales directos para dificultar la sindicalización de los trabajadores. La posibilidad de que los 25.000 obreros bananeros se organizaran en sindicatos para defender sus derechos ponía en riesgo su patente de corso para explotarlos.
Pequeñas parcelas baldías
Pero, además, aunque el peso del proletariado en el total de la población de la región era enorme -la población de Santa Marta apenas superaba por esos años los 20.000 habitantes-, el proceso de proletarización del campo iba mucho más allá de los obreros de las plantaciones, ya que las familias que habían ido ocupando pequeñas parcelas baldías distanciadas del tren o sin riego eran también, en gran medida, mano de obra de reserva para la compañía. Estas familias difícilmente alcanzaban a sobrevivir sin que algunos de sus miembros trabajaran cuando podían en las plantaciones de banano.
Al mismo tiempo, muchas de estas parcelas habían sido reclamadas por la United Fruit Company o por los dueños locales de plantaciones que, con la complicidad de las autoridades regionales, habían ido apropiándose de forma violenta e ilegal de una buena parte de las tierras baldías. Así, empujados de forma permanente por el desalojo o de forma ocasional por el hambre, los colonos pobres en la práctica eran más proletarios rurales que campesinos y por esa razón los colonos y sus familias se unieron a los proletarios en la organización de la gran huelga.
Por su parte, los dueños locales de plantaciones tenían una relación de amor-odio con la United Fruit Company. La compañía era dueña de la mitad de las tierras dedicadas al banano y adicionalmente arrendaba tierras a cultivadores que recibían préstamos para sembrar por contrato para cosechas futuras.
Hegemonía total
Además, había ido absorbiendo todas las compañías nacionales productoras de banano con fines de exportación, con lo que tenían una posición de monopolio privado que controlaba el riego, el crédito, el ferrocarril y la exportación. Desde esa posición imponía las reglas que le permitían mantener el dominio de todo el negocio de producción y comercialización. A pesar de esa hegemonía, los dueños locales de plantaciones se acomodaron a esta relación en la medida que les permitía obtener ganancias bastante sustanciosas.
Ahora, a casi cien años de esa lucha, la mayor parte del proletariado rural continúa en la misma situación. En el país hay entre 1.4 y 2.4 millones de obreros y obreras del campo y el 82% de ellos trabajan en condiciones de precariedad e informalidad, con salarios bajos, sin prestaciones, sin estabilidad laboral y con alta rotación en los sitios de trabajo. Esa legión de “proletarios de nadie” que laboran en los campos colombianos representan el 50% de Población Económicamente Activa que vive en el campo.
Unos trabajan, tercerizados y sin derechos, para terratenientes o para el gran capital agropecuario; otros, en la más absoluta informalidad e inestabilidad laboral, para finqueros medianos; algunos más en figuras de tercerización que se camuflan bajo la fachada de Cooperativas de Trabajo Asociado. Pero todos comparten las mismas condiciones: salarios bajos, jornadas de trabajo más largas, falta de medidas de prevención de riesgos laborales, carencia de garantías y prestaciones, grandes obstáculos para la organización sindical, alta rotación, temporalidad y falta de estabilidad, entre otras.
