Escabroso programa global de espionaje. No solo el derecho individual a la privacidad está en peligro. Hay toda una conspiración de tipo preventivo para aplastar la resistencia de los pueblos al modelo neoliberal y a los planes de guerra imperiales. Colombia también amplía agresivo programa de escuchas telefónicas
Alberto Acevedo
La noticia, conocida hace poco más de una semana, divulgada por dos prestigiosos rotativos, uno norteamericano y otro inglés, que menciona un gigantesco programa global de espionaje por parte de los Estados Unidos hacia el resto del mundo, sin distinguir si se trata de países aliados o no, ha prendido las alarmas y puesto sobre el tapete la discusión sobre el derecho a la privacidad de los individuos en sus comunicaciones personales.
La información, filtrada por un ex colaborador de la CIA, y divulgada por The Washington Post y The Guardian, confirma la existencia del programa ‘Prism’, de la Agencia Nacional de Seguridad (ANS) de los Estados Unidos, destinado al espionaje de líneas telefónicas y de textos en internet de millones de ciudadanos en otros países del mundo.
La versión original proporcionada por el técnico de la CIA Edward Snowden indica que, de manera irregular, amparadas en supuestas órdenes judiciales promulgadas por un tribunal secreto que nadie conoce, las autoridades norteamericanas habrían requerido a gigantes de la información como Google, Facebook, Apple, Yahoo, Microsoft, Ebay, Amazon y otros, para que entreguen a la ANS paquetes de datos de usuarios de la red de redes, para ser utilizados por los servicios de inteligencia norteamericanos.
Ante el impacto causado por la noticia en prácticamente toda la geografía del planeta, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, salió a justificar el programa, alegando que defiende el derecho a la seguridad de sus conciudadanos, bajo el argumento de que la máxima privacidad no siempre es compatible con la máxima seguridad.
Programa global
Defensores de derechos humanos en varios países se preguntan: “Bueno, ¿y quién autorizó al señor Obama y a las autoridades norteamericanas para arrogarse el derecho a espiar medio mundo? ¿A nombre de qué principios?
En realidad el programa ‘Prism’ se venía desarrollando desde los acontecimientos del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas de Nueva York. Se dijo entonces que para garantizar la seguridad de los norteamericanos se iría a monitorear las actividades de potenciales individuos o grupos terroristas. Fundamentar hoy un programa de espionaje de semejantes dimensiones bajo el pretexto de los hechos de las Torres Gemelas es un embeleco.
Lo nuevo de la versión es que el programa se amplió y extendió a nuevos países, nuevos grupos sociales. No nos digamos mentiras. No se está persiguiendo a potenciales terroristas que en la mayoría de los casos existen sólo en libretos fantasiosos de las agencias norteamericanas. Se trata de simple y llano espionaje político.
Lo respalda el hecho de que se espió a políticos y asesores internacionales participantes en las cumbres del G-20 en Londres en 2009, cuando Gordon Brown era primer ministro británico. En aquel momento, el Centro de Escuchas Británico, gemelo de la ANS, espió correos y llamadas telefónicas de los delegados oficiales, nada sospechosos de conspiraciones terroristas contra los Estados Unidos. Es decir, el gobierno de Londres ha repetido estas prácticas perversas y se ha involucrado en el espionaje político, de la mano de su aliado norteamericano.
Nada es seguro
Lo que nos queda a los ciudadanos comunes y corrientes es saber que interactuar en la red, solicitar información, hacer compras por internet, pagar servicios, pedir datos bancarios, son a partir de este momento actividades bajo sospecha, de acuerdo a la lente de las agencias norteamericanas de inteligencia.
Los gigantes de la información, tipo Google, ya reconocieron que parte de esa información fue entregada a los Estados Unidos. Por vergüenza alegan que ha sido parcial. ¿Y quién garantiza que esa colaboración fue limitada? ¿Y que hace referencia a sospechosos criminales y no a ciudadanos honestos calificados de ‘blanco estratégico’?
Queda en evidencia que los servicios gratuitos en la red no resultan tan gratuitos. Que los usuarios les damos mucha información sobre nosotros y esa información tiene precio. En algunos casos ya se cotiza en la bolsa, en lo que se califica como paquetes de metadatos. Pero está, además, el costo político.
¿Por qué ahora?
Snowden, el joven “soplón” de la CIA, reconoció que parte de su oficio era acceder ilegalmente a información militar y económica de países como China, así como de personalidades políticas de ese país.
En el supuesto de que se quisiera buscar información relacionada con potenciales enemigos de Estados Unidos, la cuestión es que no existe una delimitación exacta de qué es terrorismo. Y tampoco credibilidad en los políticos que manejan los sistemas de seguridad. Tampoco en la confiabilidad de un presunto tribunal secreto que emite autorizaciones para interceptar teléfonos y sistemas de internet, a espaldas de los jueces norteamericanos.
Podríamos hacernos una pregunta final: ¿Por qué, en épocas de recesión, de recorte del gasto social en un mundo en crisis, Estados Unidos y sus aliados destinan sumas millonarias para financiar programas globales de espionaje? ¿Para combatir qué tipo de enemigos? ¿Quién realmente está en capacidad de amenazar la seguridad nacional de los Estados Unidos?
Lo que se pone en juego no es solamente la privacidad de los individuos. Está en marcha el diseño de una agresiva política de penetración y control social, atentando contra la libertad de expresión de la ciudadanía.
Se trata de una aparato global de espionaje manejado por un Estado policial, guerrerista, que somete a los poderes públicos, que busca controlar el planeta, rediseñar un mundo unipolar, frente a la potencial resistencia social, no sólo en Turquía, o en Brasil, también en Estados Unidos a través de expresiones multitudinarias como “Ocupar Wall Street”.
Colombia en la onda
Lo que se quiere es identificar a quienes se oponen a los planes de guerra imperiales. Y se les responde con políticas globales de militarización, de neocoloniaje. Se quiere de manera preventiva contrarrestar la reacción popular frente a los programas de desmonte del gasto social, de asistencia social y se cataloga a los activistas sociales como “amenazas para la seguridad”. ¿No es acaso ese el calificativo que reciben hoy, en Colombia, los campesinos del Catatumbo que reclaman tierras y justicia?
Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, de Estados Unidos y otros países, no sólo levantan el dedo acusador contra estos planes. Se preguntan qué vendrá después. Si una persona es identificada como potencial terrorista, cuál va a ser la sanción, la represalia, y en nombre de qué normatividad jurídica. ¿Se le responderá con drones? ¿Con asesinatos selectivos?
Tristemente, para la sociedad colombiana, el gobierno de Juan Manuel Santos anuncia también millones de pesos para programas similares de espionaje a los ciudadanos. La versión criolla es la denominada Plataforma Única de Monitoreo y Análisis (PUMA), en la que se invertirán cien mil millones de pesos, aprobados en un Conpes del año 2011.
El programa tendrá 300 oficinas de espionaje en Bogotá y 400 más en el resto del país. Y esto, en una nación que aún no se repone de los escándalos de espionaje del DAS contra activistas políticos, magistrados, defensores de derechos humanos y luchadores sociales.
