La revelación de que la Policía fue la autora de los “petrovideos” y de que espió al personal de las embajadas rusa y cubana es el más reciente capítulo de una historia de abusos de poder, violaciones a la intimidad y juego sucio
Federico García Naranjo
@garcianaranjo
Como si se tratara de una novela de espionaje, intriga y misterio por entregas, se han revelado dos episodios que se suman al entramado urdido por el gobierno anterior y algunos medios de comunicación durante la campaña presidencial de 2022.
El noticiero Noticias Uno y la revista Cambio han hecho público que varios oficiales de la Policía infiltraron la campaña de Gustavo Petro y filtraron los videos a la revista Semana para crear el escándalo de los “petrovideos”. Además, se reveló que agentes de inteligencia de esa misma institución adelantaron labores de espionaje contra el personal de las embajadas cubana y rusa durante los meses de la campaña electoral.
El presidente Petro, sin mucha creatividad, pero no sin razón, calificó el hecho como un “watergate” criollo.
El escándalo de Watergate
El 8 de agosto de 1974, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, tuvo que renunciar a su cargo, acorralado por el escándalo y el inminente juicio de destitución por parte del Congreso.
La historia había comenzado dos años atrás, en plena campaña electoral, cuando varios hombres fueron sorprendidos husmeando en la sede nacional del Partido Demócrata en el hotel Watergate de Washington. Se supo luego que dichos hombres formaban parte de una red de espionaje a gran escala donde estaban involucrados altos cargos del gobierno.
A lo anterior se sumó la revelación de horas de grabaciones que el propio Nixon hacía de sus reuniones privadas en la Casa Blanca, lo que puso en evidencia que el gobierno tenía espiado no solo al Partido Demócrata sino prácticamente a todos los estadounidenses. Es lo que hoy conocemos como el escándalo de Watergate.
Chuzadas
Las consecuencias de Watergate demostraron la importancia que los estadounidenses conferían a la intimidad y a la privacidad de las personas, al punto de que Nixon ha sido el único presidente de Estados Unidos en renunciar a su cargo. Por supuesto, esa importancia luego fue enviada al cuarto de San Alejo con la tristemente célebre Patriot Act, o “Ley Patriota”, aprobada justo después del 11 de septiembre de 2001 y que en la práctica otorgó permiso total al gobierno para espiar dentro y fuera de sus fronteras.
En Colombia, no obstante, aunque los organismos de seguridad del Estado siempre han espiado a los movimientos sociales y partidos de oposición, como bien lo sabe cualquier militante raso de izquierda, solo hasta el primer decenio del siglo XXI el fenómeno se convirtió en un problema cuando el gobierno de Álvaro Uribe se excedió en dicha práctica y terminó “chuzando” incluso a periodistas y magistrados.
Ello rebasó todos los límites. Una cosa era espiar a la oposición de izquierda, algo normal en la política colombiana, pero otra cosa era meterse con miembros del Establecimiento y aliarse con paramilitares para desprestigiar a altos cargos de la rama judicial, como se hizo contra el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, cuando era el magistrado instructor de la parapolítica.
El escándalo de las chuzadas del DAS, o como ingeniosamente lo llamó el periodista Julián Martínez, las “chuzaDAS”, si bien terminó con varios directores y altos cargos del organismo de inteligencia en la cárcel e incluso motivó su disolución en 2011, claramente no tuvo las consecuencias políticas que debió tener.
Ahora nos enteramos de que al episodio de las chuzadas por parte de la inteligencia militar a políticos y periodistas y al perfilamiento de formadores de opinión en redes sociales –los famosos “influenciadores”– que ya había revelado la revista Semana hace tres años (antes de convertirse en la “Fox News colombiana”, por supuesto), se suma la autoría de la inteligencia de la Policía en la fabricación del escándalo de los “petrovideos”.
Hoy, teniendo más perspectiva, se entiende perfectamente la intención del gobierno Duque con el fallido proyecto de Ley que facultaba al gobierno saliente a no entregar información de inteligencia y seguridad nacional al gobierno entrante. Querían obviamente esconder este asunto, pero, ¿quién sabe qué más tropelías pretendían ocultar?
Espionaje a Cuba y Rusia
La más reciente entrega de esta novela de intriga ha revelado que la inteligencia de la Policía adelantó labores de espionaje contra el personal de las embajadas de Rusia y Cuba en Bogotá durante la campaña presidencial. Esta operación no fue una casualidad. Tuvo como contexto una estrategia de propaganda dirigida desde el propio Ministerio de Defensa que dirigía Diego Molano, que incluyó los ya conocidos ataques cibernéticos de falsa bandera que permitieron encubrir una red de perfilamientos a periodistas y medios de comunicación durante el Paro Nacional de 2021.
Recordemos que el discurso de la incidencia –¿intervención? ¿intromisión? ¿influencia?– rusa es repetido desde el Paro Nacional de 2019 por voceros de la ultraderecha como una amenaza definitiva para la política colombiana y la seguridad nacional. Y no solo aquí, también en Estados Unidos.
En Colombia este discurso se ha seguido utilizando después de la campaña presidencial para promover la idea de que el gobierno de Petro es ilegítimo porque su triunfo se debió a la influencia de perfiles falsos rusos, cubanos y venezolanos que intoxicaron las redes sociales.
Solo semejante discurso tan delirante explica que la inteligencia de la policía haya considerado al personal de estas embajadas como una amenaza para la seguridad nacional. Pero lo más delirante –y arbitrario– fue que personas educadas en universidades rusas también fueron objeto de seguimientos, como el caso de dos profesores de prestigiosas universidades privadas de Bogotá, con formación superior en Rusia y especializados en el campo de las relaciones internacionales.
Es decir, no solo persiguieron al personal de las embajadas sino a cualquiera que pareciera tener un posible vínculo –incluso intelectual– con Rusia, algo que se parece de forma inquietante a las dictaduras fascistas del siglo XX.
Modus operandi
No es nueva esta práctica de espiar, intimidar y recopilar información privada para fabricar campañas de desprestigio contra rivales políticos. Al parecer, forma parte del ADN de la manera de hacer política del uribismo. Pero no hay que pecar de candidez.
Es cierto que el espionaje es connatural a cualquier confrontación, pacífica o violenta. La información sobre el enemigo o sobre el rival es crucial para cualquier decisión táctica que lleve al triunfo. No obstante, también es cierto que el Estado de derecho establece unos parámetros definidos por la intimidad personal, lo que a su vez fija unos límites para la práctica política. Es decir, en política no todo se vale.
Y si bien la campaña de Petro fue señalada de “correr las líneas éticas” en su estrategia de propaganda electoral –lo que sin duda nos llama a la reflexión–, lo cierto es que los ya olvidados “petrovideos” dejaron más en evidencia a quienes los divulgaron que a quienes se pretendía desprestigiar. Fue irónico que mientras en ellos Petro se veía como un líder serio y sereno, talante que sigue demostrando, hoy el gobierno Duque, la inteligencia policial y los medios que divulgaron los “petrovideos” se hunden cada vez más en el desprestigio.
Por ahora, es un tiro en el pie que se pega la ultraderecha. Más adelante, probablemente se transforme en algo más cuando sea elegido el próximo Fiscal General. Tal vez a partir de ese momento empiece el desenlace de esta novela de intriga, espionaje y misterio para saber por fin quién es el asesino.
Todos lo sabemos, claro, pero queremos leerlo. Queremos terminar el libro.
