La instauración de una asamblea constituyente popular local de facto, como ejercicio soberano del pueblo, que ha llamado a los alcaldes y gabinetes a rendir cuentas públicas, es en esencia una propuesta de construcción de un modelo local de poder popular.
Zabier Hernández Buelvas
Las masas populares, con el liderazgo del Movimiento Étnico y Popular del Pacífico, están desarrollando de manera autónoma el ejercicio práctico y territorial de las constituyentes populares, democráticas y por la paz. Las comunidades de los municipios de la subregión Sanquianga en Nariño, que integra a los municipios de Mosquera, La Tola, Olaya Herrera, El Charco y Santa Bárbara Iscuandé en Nariño y Guapi y Timbiquí en el sur pacífico del Cauca, están liderando desde el domingo 10 de agosto un paro contra la corrupción.
Esta movilización y resistencia de las comunidades afrodescendientes de la región se produce en medio de un contexto caracterizado por el abandono histórico, el aislamiento geográfico y el impacto trágico del conflicto social, político y armado que han tenido que soportar. Esta vez, las comunidades afrodescendientes no se movilizan solo por las condiciones de injusticia social antes mencionadas sino, también, en contra de la corrupción desarrollada por las clientelas locales, mal que se ha entronizado como una enfermedad crónica en la vida institucional de estos municipios, sin que haya control ni investigaciones que arrojen responsables.
La motivación de movilizarse contra la malversación de los fondos públicos, el desgobierno y la falta de participación en las decisiones municipales, muestra un nivel de lucha de avance cualitativo, en el cual las reivindicaciones pasan de la exigencia por un proyecto específico (escuela, carreteras y hospitales) a una visión de construcción de gobernabilidad democrática, de participación y control ciudadano en la planeación, distribución y ejecución del presupuesto local.
No es de poca monta lo que nos están proponiendo los afrodescendientes con este paro contra la corrupción. La instauración de una asamblea constituyente popular local de facto, como ejercicio soberano del pueblo, que ha llamado a los alcaldes y gabinetes a rendir cuentas públicas y ha exigido a la institucionalidad nacional y departamental que hagan presencia con los instrumentos de control, evaluación e investigación, es en esencia una propuesta de construcción de un modelo local de poder popular.
La resistencia y despertar de las comunidades afrodescendientes, que han sido invisibilizadas por los grandes medios de información, no está alejada de la exigencia de paz con justicia social. El paro contra la corrupción en la costa pacífica nariñense y caucana es el iceberg de un vasto movimiento social, étnico y popular, que se está trazando la tarea de recuperar para el pueblo el gobierno local y territorial en clave de posdiálogo y construcción de paz con arraigo popular y soberano.
