miércoles, julio 24, 2024
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¡No somos botín de guerra!

Es necesario recordar la búsqueda de la justicia y los derechos que está dando la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, a las mujeres

Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe

Con la apertura del macro caso 11, se convierte en una realidad la investigación sobre los patrones de violencia sexual y otros crímenes de género en el marco del conflicto armado. Este es un paso para la consolidación de la defensa de los derechos humanos de las mujeres en el país.

El objetivo es saber cuáles fueron los fines para la creación de los patrones violentos en la lectura de los cuerpos femeninos en el marco del conflicto. Ahora bien, este análisis debe ser político y social; es el replanteamiento de la visión hacia las mujeres en el mundo.

La vulneración de todos los derechos humanos, entre ellos la dignidad de las mujeres y personas con orientación sexual diversa, se da como un arma de guerra para destruir, desmoralizar al enemigo. Así pues, se opera bajo un contexto de discriminación, donde los cuerpos de las mujeres han sido dispuestos para una sociedad patriarcal en medio de una lucha ideológica.

¡No son un botín de guerra!

Las mujeres víctimas en el conflicto armado manifiestan que su cuerpo ha sido utilizado como territorio de guerra, no sólo desde la insurgencia, sino también de todos los actores armados, como las fuerzas armadas y paramilitares.

Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, entre 1995 y 2020, se registraron 15.760 víctimas de violencias sexual en el país, donde el 61,8 por ciento corresponde a mujeres y el 30,8 por ciento de niñas y adolescentes, las cuales suman el 92,6 por ciento del total de personas vulneradas sexualmente en el conflicto.

De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, entre 1957 y 2016, hubo 35.178 víctimas de violencia reproductiva, sexual, de género o por prejuicio: “el análisis de este universo provisional de hechos también permitió establecer que el mayor número de hechos se atribuye a grupos paramilitares (33 por ciento), seguido por las extintas Farc-EP (5,82 por ciento) y agentes del Estado (3,14 por ciento). En el 30 por ciento de los registros no se identifica el presunto actor armado responsable”.

Las afectaciones que se han sufrido en el conflicto son diferenciadas hacia las mujeres por medio de la violencia reproductiva, crímenes de odio o discriminación de género. En una base de guerra interna, mayormente patriarcal, los cuerpos femeninos están en constante peligro de todos los actores armados.

Yaneth Motavita, firmante del Acuerdo de Paz, lideresa social y defensora del territorio en
Sumapaz. Foto cortesía

Yaneth Motavita, firmante del Acuerdo de Paz de 2016, lideresa social y defensora del territorio en Sumapaz, comenta que “en Colombia los actores armados, mayormente los paramilitares, utilizan a las mujeres como botín de guerra, como forma de plantar sus políticas”. Dice, además, que hay una doble victimización de las mujeres en el conflicto armado porque la violencia siempre tendrá su argumento patriarcal.

Dicho esto, la apertura del macro caso 11, por parte de la JEP, debe tener una comprensión integral de la sistematicidad en los casos de vulneración a los derechos humanos de mujeres y personas con orientación sexual diversa en el conflicto armado, para así desarrollar una reparación y una reconstrucción histórica que tenga como objetivo la no repetición de los crueles hechos.

“Es importante que se haya abierto el macro caso, porque muchas mujeres no pudimos estar junto a nuestros hijos por el contexto social cruel que enfrentábamos antes de entrar en la insurgencia. En las Farc no conocí una sistematicidad de violencia contra nosotras, porque siempre las políticas estuvieron enmarcadas en los derechos humanos”, argumenta Motavita, sobre las cifras de los casos de la violencia basada en género en el conflicto armado. “Cuando había casos presentados se actuaba dentro de la organización con el mayor rigor”, comenta.

Fue posible

La lucha de las mujeres hizo posible la apertura y la investigación en la JEP sobre las violencias de género. Los colectivos feministas eran los que ejercían presión política para la creación de un debate frente a la violencia reproductiva que estaban sufriendo las mujeres en el conflicto armado y así entender las lógicas machistas en torno al problema.

Al respecto, el CNMH, en su informe de violencia sexual en Colombia en el conflicto armado, llamado La Guerra Inscrita en el Cuerpo, menciona que “entendemos la violencia sexual como una modalidad de violencia de género, que se constituye en un ejercicio de dominación y poder ejercido violenta y arbitrariamente a través de la imposición de realizar o presenciar actos sexuales en contra de la voluntad de una persona. No se considera propia de instintos desenfrenados inherentes de la masculinidad, ni de una patología que obedece a la conducta individual, sino a una forma de violencia de género utilizada por los perpetradores para expresar control sobre un territorio-población”.

Se considera la violencia sexual como una patología que obedece a la conducta patriarcal que hay en el conflicto armado interno colombiano, por tal razón, se debe separar las luchas ideológicas de los cuerpos de las mujeres. Es decir, no somos territorio de guerra.

Sin embargo, no se puede dejar de decir que el capitalismo es el mayor causante de las narrativas y hechos machistas en la sociedad, donde se ejerce un control en los cuerpos de las mujeres y una vulneración a todos sus derechos, no solo reproductivos, sino también de clase.

Yaneth comenta que ha sentido más discriminación fuera de la insurgencia que adentro: “hay un latente prejuicio con las excombatientes. Somos víctimas de muchas violencias”.

Masculinidad guerrera

La violencia que sufrieron las mujeres en el conflicto armado no es la misma que sufrieron los demás colombianos, pero el necesitado macro caso no sólo se debe limitar a las investigaciones de determinados crímenes, sino que debe estar centrado en cuáles son las lógicas en la guerra para que haya una relación dominante de género.

Y es algo que se hace claridad en el macro caso de la JEP y en las luchas de las mujeres. Hay una guerra silenciosa contra los cuerpos de las mujeres en medio de otra guerra de poder político, donde se toman de manera injustificada el cuerpo de las mujeres.

Es esperanzador ver que la búsqueda de justicia de las víctimas está dando frutos después de una intensa espera, donde el orden patriarcal seguía ejerciendo poder en los cuerpos de las mujeres.

La JEP denomina como “masculinidad guerrera” a un orden de control, un ejercicio de poder basado en la jerarquía que lleva a las violencias basadas en género, VBG. A su vez, el CNMH explica que es necesario la reconstrucción de la memoria desde un enfoque de género: “significa dar cuenta en cada proceso de lasrelaciones y desigualdades entre hombres, mujeres y otras identidades de género-orientaciones sexuales para entender de qué forma han influido en los hechos y contextos examinados”.

La reparación a las víctimas de violencias basadas en género será fundamental para la reconstrucción de una sociedad en paz, donde saquen a nuestros cuerpos como territorio de guerra, y se comience a erradicar los patrones de violencia patriarcal no sólo en el conflicto armado, sino en todo el país.

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