¡No olvidemos a La Guajira!

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Niña indígena de la comunidad Wayamatumana. Foto Cristian Garavito, Presidencia de la República

Amarrado a un palo, como el primero de la estirpe de los Buendía, así está el departamento de La Guajira, sin la necesaria autonomía para afrontar una crisis histórica y a merced de la burocracia capitalina

Simón Trejos

El 2 de julio, por medio del Decreto 1085 de 2023, el Gobierno nacional determinó el Estado de Emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, con el fin de afrontar “una grave crisis humanitaria que se estructura –fundamentalmente– en la falta de acceso a servicios básicos vitales”, agravada por la inminente sequía del fenómeno El Niño en la región.

En su presupuesto fáctico, la sección del decreto donde se exponen los antecedentes que dieron lugar a la crisis humanitaria, hay referencias a la sentencia T-302 del 2017 de la Corte Constitucional y un informe realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en 2015.

Es decir que desde hace ocho años se están mencionando los términos “irreparabilidad” y “estado de cosas inconstitucional” para referirse a la situación de La Guajira, que no ha sido solucionada a través de los mecanismos ordinarios del Estado.

Gobierno con La Guajira

El 31 de julio pudieron conocerse los decretos legislativos expedidos por los ministerios del Gobierno nacional dirigidos para auxiliar a la población guajira. El Ministerio de Comercio estableció alivios tributarios a la industria del turismo y definió medidas para recuperar las salinas marítimas de Manaure. A su vez, el Ministerio de Educación orientó recursos hacia el presupuesto del Plan de Alimentación Escolar, PAE, y ordenó la creación de una universidad wayúu que proteja su cultura.

Por su parte, el Ministerio de Salud adoptó medidas transitorias para establecer un sistema de salud propio e intercultural de los pueblos wayúu, afrodescendientes y rrom, y un comité centrado en los niños y madres gestantes en riesgo de desnutrición. De igual forma, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC, decretó facultades para asignar obligaciones a proveedores de servicios de telecomunicaciones.

Además, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural estableció políticas de compra, financiamiento estatal y dotación de tierras y del recurso hídrico para los pequeños y medianos productores; el Ministerio de Minas y Energía estableció una política solidaria para disminuir el costo en la factura de energía eléctrica en las viviendas del departamento, apoyada por una contribución en la factura del resto del territorio; y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes ordenó reorientar los ingresos sobrantes del impuesto nacional al consumo hacia la apropiación social de la cultura y el arte wayúu.

Finalmente, desde el Departamento Nacional de Planeación, DNP, se garantizó que los recursos necesarios para enfrentar la crisis vinieran del sistema de regalías.

Inconstitucionalidad

El 11 de agosto, ante la Corte Constitucional, el presidente Petro recalcó que “se necesita institucionalidad más eficaz para atender los problemas en esa región”, argumentando el Estado de Emergencia para garantizar el acceso al agua potable, alimentación, energía eléctrica, atención en salud, la protección por las condiciones climáticas extremas y la cobertura del sistema educativo.

Sin embargo, el 2 de octubre la Corte declaró inexequible el Estado de Emergencia. En esa misma nota de prensa, exhortó al Gobierno nacional y al Congreso para que “en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ordinarias, adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural”, citándose a sí misma en su sentencia del 2017 donde determinaba las condiciones de dicha crisis humanitaria estructural. En esa sentencia se evaluaba una tutela que pedía la implementación de las medidas de la resolución del 2015 de la CIDH de manera urgente.

Hay dos razones principales para explicar el fallo. Una, que como se define en el artículo 215 de la Constitución, que reglamenta el Estado de Emergencia, las condiciones de la emergencia deben ser sobrevinientes. Y como La Guajira lleva décadas batallando por el derecho a la vida, su caso no podría ser considerado una emergencia sobreviniente.

No obstante, el decreto de la Presidencia rescató que el alto tribunal, en su sentencia C-135 de 2009, “ha precisado que es posible declarar un Estado de Emergencia cuando se trate de un fenómeno que existe previamente, pero cuya agravación repentina e imprevisible justifica la declaratoria del Estado de Emergencia”, como lo es la combinación de la temporada excepcionalmente seca que se ha vivido en el departamento y la llegada del fenómeno de El Niño.

La segunda razón es que la Corte concluyó que por medio de los mecanismos ordinarios del Estado puede solucionarse la crisis, a pesar de no haberse solucionado con las denuncias y programas de los últimos ocho años.

El objetivo de decretar un Estado de Emergencia era, justamente, establecer una legislación aterrizada a las condiciones actuales y, a la vez, asegurar que se cumpliera, que es el paso que falta por tomar desde la legislación ordinaria.

Zancadilla al Gobierno

A pesar de tumbar el Estado de Emergencia, la Corte falló en favor de mantener la vigencia de los decretos legislativos durante un año, hasta el 2 de julio del 2024. Desde los mecanismos ordinarios a los que apela en su fallo, el Congreso podría adoptar estos decretos y convertirlos en leyes ordinarias para garantizar su perpetuidad y cumplimiento.

Los medios masivos presentaron el fallo del alto tribunal como un “duro golpe” al Gobierno de Gustavo Petro y la oposición en el parlamento se dedicó a politizarlo, al asegurar que el gobierno utiliza la “supuesta emergencia en La Guajira” para obtener facultades extraordinarias y contratar directamente.

También celebraron la caída del impuesto a la luz que se le iba a colocar al resto de los colombianos. El impuesto mencionado, y controvertido por la oposición, es la contribución solidaria planteada en la factura de electricidad, que tiene un valor de mil pesos mensuales para los estratos cuatro, cinco y seis.

Así las cosas, se condenó al departamento de La Guajira a ver cómo a las medidas pensadas para afrontar una crisis climática sin precedentes se les ponía la fecha de vencimiento el 2 de julio del 2024. Y más aún, al ver que el resto del país salió a celebrarlo, porque lo vio como una zancadilla más que le pone la institución al Gobierno.

Coincide el comportamiento de la oposición con su reciente marcha por la conmemoración de la victoria del No en el plebiscito para la aprobación del Acuerdo de Paz hace siete años, cuando tampoco se estaba pensando en las necesidades de La Guajira.

Al Congreso de la República le quedan nueve meses para adoptar lo que pueda de estos decretos y así no perder el impulso de las estructuras ya formuladas para garantizar las necesidades insatisfechas de las mayorías sociales en La Guajira.

Mensaje de urgencia

El presidente Gustavo Petro ya anunció que se presentarán 11 proyectos de ley dedicados a la crisis de La Guajira, con mensaje de urgencia, implicando que el Senado y la Cámara trabajen en paralelo para agilizar la legislación y cumplir con la fecha límite del 2 de julio, además de hacerle un seguimiento efectivo a las medidas adoptadas para verificar su implementación. Lo anterior implicará, entonces, que La Guajira sea una prioridad al momento de definir el Presupuesto General de la Nación del 2024.

“La Guajira siempre ha sido vista desde el centralismo como una generadora de titulares que es olvidada, cuando de dar soluciones se trata”, así dice la carta al presidente que escribió el senador riohachero Alfredo Deluque en junio de este año para recibir el establecimiento del Estado de Emergencia en el departamento, y con los debates sobre los proyectos de ley que buscan amparar a La Guajira, se pondrá una vez más a prueba la intención del Congreso por proteger a la ciudadanía por medio de soluciones o por buscar el poder teniendo poco interés por el costo.