La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenó al Estado por la desaparición forzada en el marco de la operación Orión desarrollada en la Comuna 13 de Medellín en 2002
Redacción DD.HH.
El 16 de octubre de 2002, bajo el mandato del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, se realizó la operación militar Orión en la Comuna 13 de Medellín. El operativo contó con la participación de 700 militares y policías de la IV Brigada de Ejército Nacional, la Policía Metropolitana de Medellín, del Departamento de Seguridad, DAS, del Gaula, del Comando Especial Antiterrorista, Ceat, y del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, CTI.
“Después de intensos combates entre el 16 y el 18 de octubre la fuerza pública tomó el control de la zona dejando como saldo 16 muertos, medio centenar de civiles heridos y 362 personas privadas de la libertad”, expone el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, Gidh.
En su momento, la fuerza pública dio espacio para que entraran a la Comuna 13 grupos paramilitares para un constante control. El 30 de noviembre de 2002, dos paramilitares entraron al restaurante Asados y preguntaron por Arles Edisson Guzmán, después de conversar unos minutos con él, se lo llevaron en un taxi con la excusa que debía responder unas preguntas al comandante y desde ese momento no hay respuesta del paradero de Guzmán, a pesar de la incansable lucha de su familia.
21 años después en sentencia del caso Guzmán Medina, la CIDH declaró que el Estado colombiano es responsable por la desaparición forzada del señor Arles Edisson Guzmán Medina y por “la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio del señor Arles Edisson Guzmán Medina y sus familiares. Además, la Corte declaró la violación del derecho a conocer la verdad, a la integridad personal y a la protección de la familia, en perjuicio de sus familiares”.
Nuevamente, el país es culpable por la violación de los derechos humanos de sus ciudadanos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y bajo la responsabilidad de la entonces ministra de Defensa Martha Lucía Ramírez, una vulneración constante que ahora está siendo condenada por la justicia internacional de derechos humanos.
La sentencia constituye por sí misma una forma de reparación, sin embargo, la CIDH ordenó al Estado continuar con las investigaciones del caso, seguir las acciones de búsqueda de Arles Edisson Guzmán, brindar atención psicológica a su familia y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
