“No hay paz total con montajes judiciales”

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Jóvenes movilizados en el reciente paro nacional. Foto Sophie Martínez

La plenaria del Senado de la República eliminó los dos artículos del proyecto de paz total que le otorgaban libertad e indulto a quienes hoy se encuentran detenidos, por su participación en la movilización social. Mientras las víctimas y familiares insisten en la inocencia de la juventud criminalizada, el Gobierno nacional y la bancada del Pacto Histórico buscan alternativas

Óscar Sotelo Ortiz
@oscarsopos

Juliana Higuera le agradece a la vida que su hija Salomé de cinco años no estuviera con ella ese lunes 22 de noviembre de 2021. Sobre las seis de la mañana y en medio de un fuerte operativo policial, la residencia de la joven estudiante universitaria y defensora de los derechos humanos fue allanada.

La orden de arresto fue emitida por la Fiscalía General de la Nación en contra de Higuera por ser la presunta líder de la organización ‘Escuderos Primera Línea Boyacá’. Además de Juliana también fueron capturados en sus domicilios Brigget Supelano, Paola Camargo, Sergio Forero, Julián Barón, Iván Ayala y Nicolás Romero.

El operativo se desplegó en Paipa y Sogamoso. Los nombres corresponden a jóvenes que participaron de la movilización social que estremeció las calles del país entre abril y junio de 2021. “Las capturas responden a criminales y terroristas de la Primera Línea”, dijo el ministro de Defensa de la época, Diego Molano.

Juliana Higuera

La narrativa de la Fiscalía

Lo que pasó después ha sido ampliamente denunciado por “Lxs Siete de Boyacá”. El traslado en autos particulares para legalizar la captura en Tunja, la irregular detención de tres semanas en una estación policial en el municipio de Soracá, las indignas condiciones en este sitio que no cumple con los estándares carcelarios, el aislamiento total para intercambiar con familiares y equipo jurídico, la prisión domiciliaria para Juliana y Brigget por ser madres cabeza de familia, el traslado de las personas restantes a prisiones de la región y finalmente la libertad restrictiva que otorgó el 28 de febrero de 2022 un juez de segunda instancia. En total fueron 99 días de un arresto que los y las siete jóvenes consideran violatorio de los derechos humanos. No obstante, el caso continúa.

“El 28 de septiembre, que justamente fue el Día de Acción Global por el Aborto Libre, tuvimos audiencia de formulación de acusación. Allí la Fiscalía reforzó su narrativa hacia nosotras y nosotros, por los mismos hechos y delitos que nos imputaron el año pasado. El proceso seguirá en mayo de 2023, lo cual evidencia la estrategia de dilatar el caso y así desgastar a las personas. Sin embargo, tenemos ocho meses para construir nuestra defensa y con la convicción intacta que va a vencer la verdad y la justicia”, señala con vehemencia Juliana.

En concreto la Fiscalía le imputa a “Lxs Siete de Boyacá” los delitos de concierto para delinquir, fabricación de objetos y sustancias peligrosas, lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas, y violencia contra servidor público. En el caso de Juliana Higuera, el ente acusador argumenta que la joven de 22 años es la determinadora principal de los delitos. En respuesta, ella contesta que todo hace parte de un montaje judicial.

Las “pruebas”

“Este caso tiene unos antecedentes. Desde 2018 soy defensora de los derechos humanos en Boyacá. En el marco de la protesta social hubo una serie de hostigamientos, señalamientos, persecuciones y amenazas para afectar mi labor. Denuncié en su momento a la alcaldía de Paipa, a la policía y a la personería municipal. Todo esto se decanta en la judicialización criminal en contra de nuestro proceso en el territorio”, dice Juliana.

Las pruebas de la Fiscalía responden a interceptaciones telefónicas y a un testimonio que se ha configurado como la “prueba reina”. No obstante, “Lxs Siete de Boyacá” se defienden. Al respecto de los audios, Higuera cuenta que responden a conversaciones que solo dejan en evidencia su papel como defensora de los derechos humanos.

“Como soy mamá, no podía asistir a todas las movilizaciones. Por eso tenía comunicación permanente con la gente. Paipa es un municipio muy pequeño. Todas las personas tenían mi número y viceversa. En estas grabaciones yo les preguntaba a mis compañeras y compañeros cómo estaban, qué pasaba, les pedía material para hacer denuncias sobre violencia policial. Pero la Fiscalía interpreta este intercambio como si los compañeros y compañeras me pasaran reporte, al mismo tiempo que yo les daba órdenes. Es absurdo”.

Finalmente, sobre la prueba reina, Juliana Higuera no duda en calificar el testimonio como falso: “Este relato responde a una persona que participó de la movilización. En este se inventan funciones para cada una de las siete personas, con una fuerte estigmatización sobre mi rol como defensora de derechos humanos por ser feminista, estudiar en universidad pública y hacer parte de diferentes organizaciones sociales”.

A pesar de ser un tortuoso capítulo en la vida de la joven Juliana, la fuerza de las circunstancias la han acercado a distintas iniciativas que luchan por la libertad y absolución de la juventud detenida por participar de la protesta social. En concreto, referencia las campañas ‘Ni un día más’ y ‘Objetivo libertad’ donde ha podido conocer de cerca otros procesos, acompañar a víctimas y familiares. Hoy se calculan que son cerca de 300 jóvenes detenidos.

Tensión con el Gobierno

Por eso existe indignación al conocer que la plenaria del Senado eliminó los artículos en la iniciativa de ley de Paz Total que buscaban la libertad de las personas detenidas y la amnistía de las personas condenadas. “La figura que se eliminó de promotores y gestores de paz responde a las solicitudes, exigencias y propuestas que hicimos desde las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos.

“Sobre el indulto, es importante destacar que muchos compañeros ya están condenados injustamente. Por consiguiente, creemos que no puede existir paz total con presos y presas políticas. No hay paz total con montajes judiciales”, comenta con molestia la joven defensora de los derechos humanos.

Alirio Uribe Muñoz

Al respecto, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alirio Uribe Muñoz, confiesa que fue el mismo Gobierno nacional quien decidió eliminar los dos artículos que concedían libertad e indulto para los jóvenes detenidos por no existir consenso al interior de las distintas fuerzas con representación en el Congreso.

Sin embargo, el también reconocido defensor de los derechos humanos, argumenta que ya se están construyendo alternativas. “Estamos trabajando en dos iniciativas. Lo primero es que hemos radicado un proyecto de ley que dicta disposiciones transitorias de indulto y amnistía en relación con la protesta social desde 2019 hasta 2021. Y en segunda medida, junto con el gobierno del cambio, estamos evaluando la instalación de una mesa de alternatividad penal donde buscaremos opciones legislativas y judiciales para lograr la libertad de la juventud injustamente detenida. El mensaje para las víctimas y sus familiares es que este gobierno y su bancada parlamentaria siguen comprometidos con su causa”.

Independientemente de lo que pase en el Congreso, Juliana Higuera dice que insistirá en la lucha por un horizonte libre y anticarcelario para la juventud colombiana: “Seguiremos nombrando cada caso. Seguiremos visibilizando cada proceso. Seguiremos enunciando que ninguna y que ninguno está olvidado. Detrás de cada una de estas judicializaciones, hay historias y personas que salieron a las calles por condiciones de vida digna. Estamos desde afuera luchando por la libertad y la absolución de todas, de todos, por acciones de reparación, por garantías de no repetición, por el derecho a la protesta social y el desmonte definitivo e inmediato del Esmad”.