La devolución aplazada

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Raúl Pacheco Granados
@PachecoGranados

El 13 de octubre el nuevo Superintendente de Servicios Públicos Dagoberto Quiroga declaró insubsistente a la interventora de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, ESSMAR, y nombró como interventor a EPM para continuar al frente de la empresa. Esta decisión aplaza una esperada devolución de la empresa al distrito de Santa Marta y pone interrogantes en la posición del presidente respecto a las decisiones de Duque en el Magdalena.

Hagamos contexto.

El distrito de Santa Marta tuvo una concesión que operó el servicio de acueducto y alcantarillado por 27 años, Metroagua, filial Canal de Isabel II de España. En ese periodo la ciudad creció casi al doble su población, el perímetro urbano se extendió, pero la concesión no amplió redes, porque el contrato asignó esa responsabilidad al distrito. De a poco la ciudad padeció crisis por falta del líquido, destacándose el 2014 como un año duro por protestas y bloqueos ante la escasez de agua.

En 2017 la concesión es finalizada y se crea ESSMAR una empresa pública con la misión de: operar y mejorar el servicio de acueducto (agua continua y de calidad); ejercer la interventoría a la concesión de aseo operada por Grupo Interaseo; y manejar el alumbrado público de la ciudad. ESSMAR contrata inicialmente la operación de acueducto y alcantarillado con la multinacional Veolia, y asume directamente la operación en 2019, terminado la transición.

Desde 2019 ESSMAR arrastra un déficit que incrementa cada mes porque la tarifa del servicio de acueducto y alcantarillado no cubre el total de los costos operativos. Los servicios de aseo y alumbrado público rentan positivamente a la empresa. El déficit originado por la tarifa de acueducto aprobada por la Comisión de Regulación de Agua Potable debía ser resuelto en 2020 con un ajuste tarifario, que estabilizaría las finanzas de la empresa.

Iniciado el confinamiento por el Covid – 19 el Gobierno nacional decretó medidas como la congelación de tarifas de servicios públicos, la prohibición de suspender el servicio y la obligación de reconectar usuarios sin servicios por mora. Estas medidas comenzaron a pesar en los balances de ESSMAR así como de otras empresas de acueducto y alcantarillado, llevándola a un escenario difícil pero manejable para operar. Aun así, los avances en el servicio se notaron: reposición de redes, avances en micromedición, actualización y avance en el catastro de usuarios, entre otras mejoras reconocidas por la Superintendencia de Servicios Públicos.

La ESSMAR fue intervenida en noviembre de 2021 por la Superintendente de Servicios Públicos, nombrando una agente interventora para administrar la empresa. La medida fue motivada en la supuesta situación insostenible para garantizar el servicio y pago a proveedores, pero lo único diferente era la exigencia de mejoras en la prestación del servicio de aseo, lo cual no agradó a la operadora Interaseo y su propietario William Vélez.

La intervención que fue rechazada por el gobernador Carlos Caicedo y la alcaldesa Virna Johnson, movilizó a trabajadores sectores sociales. El gobierno Duque sumó esta intervención a otras en el Magdalena: la ESE distrital de Santa Marta y el Hospital Julio Méndez Barreneche.

La agente interventora en acto de discutible legalidad permitió la cesión del contrato de concesión aseo por Interaseo a Atesa, empresa del mismo grupo empresarial, confirmando las sospechas sobre la intervención. En campaña Petro prometió devolver las empresas raponeadas a los gobiernos del Magdalena y Santa Marta. Seguimos esperando.