La política y los archivos

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Jefferson Corredor (Jepes)

Desde 1980 las organizaciones defensoras de los derechos humanos prestaron mayor atención a la funcionalidad de los archivos. Es así como se comenzó a configurar en el país su rol como piezas claves para posibilitar la reconstrucción histórica de los hechos de violencia, el reconocimiento del conflicto armado y la reparación de las víctimas. Pero solamente a partir del 2005 el Estado se preocupó por diseñar una política que incluyera estos elementos, siendo esté uno de los motivos por el cual actualmente la relación que existe entre los archivos, los derechos humanos y la memoria ocupa un lugar central en el ámbito público y académico.

Una de las perspectivas que tomó fuerza en Colombia es la que argumentó que los archivos son una herramienta para combatir la impunidad, por ende, se considera que estas instituciones se encuentran íntimamente ligadas al cumplimiento del derecho a la verdad, la justicia y la reparación, que se complementa con el deber de memoria por parte del Estado.

Pero también se ha planteado al archivo como una entidad funcional para reclamar justicia social y construir memoria. A ello se liga una serie de valores que se encuentran relacionados con la protección de los derechos de la ciudadanía, la promoción de la rendición de cuentas y el acceso abierto a la información. Es importante tener en cuenta estos planteamientos a la hora de abordar el debate sobre cuál debe ser la misión de los archivos en este contexto de transición política.

La importancia de fortalecer al Archivo General de la Nación, como a los diferentes archivos comunitarios y de derechos humanos que se encuentran a lo largo y ancho de Colombia reside en que por medio de ellos se puede construir un canal de comunicación entre el Estado y los diferentes actores sociales, que han plasmado en forma de producciones culturales y documentales su interpretación de los hechos de violencia, pero también sus propuestas para la construcción de una nueva sociedad.

La implementación efectiva de la Ley 975 de 2005 y la 1448 de 2011 y el “Protocolo de Gestión Documental de los Archivos Referidos a las Graves y Manifiestas Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, Ocurridas en Ocasión del Conflicto Armado Interno”, permitirían no solamente reglamentar el funcionamiento de archivos tanto públicos como privados, sino que sería uno de los primeros pasos para reconocer los diferentes sentidos históricos que se encuentran en la producción documental que se crea y se sistematiza en cada territorio.

Los archivos deben desempeñar un papel protagónico, puesto que a partir de ellos se pueden diseñar estrategias pedagógicas de formación ciudadana. Pero para alcanzar este objetivo se debe discutir de manera asidua la importancia de resignificar el pasado de manera democrática, con el fin de profundizar el proceso de unidad que se está consolidando en Colombia.

Estos planteamientos solamente son una forma de reconocer a los diferentes actores sociales como sujetos históricos tanto por su capacidad en la producción material, como por ser agentes colectivos e individuales en la transformación de la realidad colombiana y constructores de narrativas de paz. Pero también, es una reflexión sobre el potencial de los archivos, el cual podría ser aprovechado por el nuevo gobierno para robustecer el pacto social que pretende construir por un país más incluyente y democrático.