El dictamen de la CPI convierte al primer ministro de Israel y a su exministro de Defensa en reos buscados internacionalmente, lo que los someterá a un mayor aislamiento. Esta medida, sin embargo, complicará los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego en Gaza y poner fin al conflicto de 13 meses
Redacción Internacional
El fallo de la Corte Penal Internacional, CPI, estremeció a la opinión pública en los cuatro puntos cardinales del planeta. El órgano internacional emitió, el jueves de la semana pasada, órdenes de captura contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.
El mismo día, la Corte entregó un comunicado de prensa en el que indicó que “La Sala (de juzgamientos preliminares) emitió órdenes de detención contra dos individuos, Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos desde el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024”. En este tiempo, los imputados ordenaron ataques y bombardeos sistemáticos e indiscriminados que han dejado al menos 150.000 muertos y heridos en la Franja de Gaza.
El dictamen de la CPI convierte a Netanyahu y a su exministro de Defensa en reos buscados internacionalmente, lo que los someterá a un mayor aislamiento. Esta medida, sin embargo, complicará los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego y poner fin al conflicto de 13 meses.
Un terremoto
De inmediato, la noticia corrió como reguero de pólvora. Varios medios destacaron que, por primera vez en la historia de la CPI, se emite una orden de arresto contra un primer ministro israelí, se incrimina a una prominente figura de la política occidental y se sindica a un aliado cercano de Estados Unidos y de las potencias aliadas.
El periódico británico The Guardian estimó que las órdenes de arresto emitidas por la CPI “representan un terremoto en el escenario del sistema jurídico mundial, ya que se trata de la primera vez que un organismo judicial global presenta cargos contra un aliado occidental por este tipo de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”.
“A largo plazo ─señala The Guardian─, las acusaciones contra Netanyahu y Gallant podrían empeorar con el tiempo, reduciendo el espacio que aún tienen abierto en el mundo. Es difícil librarse de la vergüenza que pesa sobre los acusados de cometer crímenes de guerra”.
Instrumento efectivo
El rotativo británico añade: “En el mundo visto desde La Haya, la aprobación de órdenes de arresto por parte de los jueces de la Corte Penal Internacional cambiará para siempre el estatus de la Corte”, señalando que “EE. UU. reacciona violentamente, pero en detrimento de su credibilidad internacional y de su pretensión restante de defender la justicia global”.
“Aunque el Consejo de Seguridad de la ONU ha hecho poco por aliviar la guerra en Gaza, la CPI será vista ampliamente, particularmente en el Sur Global, como un instrumento más efectivo de la Carta de las Naciones Unidas”, puntualiza The Guardian.
Por su parte, el diario británico The Financial Times indicó que “la decisión de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y Gallant significa que sus 124 Estados miembros estarán obligados a arrestar a Netanyahu y a Gallant si ingresan a su territorio”.
Empresa criminal
El periódico estadounidense The New York Times afirmó que las órdenes de arresto contra el primer ministro del gobierno de ocupación y su exministro de Defensa “corren el riesgo de exacerbar el declive de la legitimidad de Israel en el mundo, mientras se enfrenta a una condena cada vez más feroz” por su comportamiento en la guerra de Gaza.
En su escrito de acusación, “el Tribunal consideró que hay razones para creer que ambos individuos privaron intencional y conscientemente a la población civil en Gaza de objetos indispensables para su supervivencia, incluyendo alimentos, agua, medicinas y suministros médicos, así como combustible y electricidad”.
Reed Brody, abogado estadounidense especializado en derechos humanos ─con un desempeño importante en los juicios contra los dictadores de Chad o de Haití, Hisséne Habré y Jean-Claude Duvalier─, indicó al medio elDiario.es que “estas órdenes refuerzan el creciente consenso internacional en torno a la naturaleza criminal de la guerra de Israel contra el pueblo de Gaza”. “Suponen que el mundo de Netanyahu y Gallant se limita ahora a los países que no han ratificado el Tratado de la Corte Penal Internacional”, puntualizó.
Efecto limitado
El exdirector de Human Rights Watch, docente de Princeton, Keneth Roth, se refirió así sobre el tema: “Los países miembros de la CPI están obligados a detener a Netanyahu y a Gallant si se atreven a poner un pie en su territorio. De repente, el mundo se ha vuelto mucho más pequeño para estos dos altos mandatarios israelíes”.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, sus implicaciones prácticas podrían ser limitadas si se tiene en cuenta que Israel y su principal aliado, Estados Unidos, no son miembros de la CPI. Esta, por su parte, no tiene tampoco una fuerza policial para arrestar a sospechosos, aunque sus 125 miembros, entre los que están Reino Unido y los países de la Unión Europea, tienen la obligación de cooperar con la Corte.
Después de que el Tribunal de La Haya emitiera órdenes de detención internacionales en su contra, Netanyahu acusó a la CPI de ‘antisemita’ y calificó las acusaciones de “falsas y absurdas”. Una condena similar provino del presidente de Israel, Isaac Herzog, y de su ministro de Exteriores, Guideon Saar.
“La escandalosa desacertada decisión de la CPI ha convertido la justicia universal en un hazmerreír universal (…) De hecho, esta decisión se puso del lado de terror y del mal, en lugar de la democracia y la libertad”, escribió Herzog en su cuenta de X.
En cuanto a la Casa Blanca, esta mantuvo su posición de apoyo irrestricto al régimen sionista. “Estados Unidos rechaza fundamentalmente la decisión de la Corte de emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes”, dijo a la agencia EFE un portavoz de esta Casa. “Estados Unidos ha dejado claro que la CPI no tiene jurisdicción sobre este asunto”, puntualizó el vocero.
En contrate, la mayoría de los países miembros de la CPI indicaron su disposición de acatar el fallo condenatorio. A estas manifestaciones se sumó Colombia, cuyo Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano expresó “su reconocimiento y acatamiento a las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional” en contra de dos altos funcionarios de Israel, “ambos acusados por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Gaza y Cisjordania”.
