La corrupción en la salud está provocando muerte y tragedia en las familias colombianas y nariñenses
Unidad Investigativa
“Así va la corrupción y así vamos en salud”
El índice de percepción de la corrupción 2023, elaborado por Transparencia Internacional y que salió publicado el 30 de enero pasado, ratifica dos situaciones: los niveles de corrupción no han variado en doce años consecutivos y los procesos de debilitamiento de los sistemas de justicia deja a la corrupción sin controles.
En la presentación del informe, Daniel Eriksson, director ejecutivo de Transparencia Internacional, manifestó: “La corrupción agrava la injusticia social y afecta en forma desproporcionada a los más vulnerables. En muchos países, persisten obstáculos para que las víctimas de corrupción puedan obtener justicia. Ha llegado el momento de eliminar las barreras y asegurar que las personas puedan tener acceso efectivo a la justicia. Todas las personas merecen que haya sistemas legales justos e inclusivos donde las voces de las víctimas se escuchen en cada instancia. Cualquier otra posibilidad es una afrenta a la justicia”. Una afirmación que coincide plenamente con la aspiración actual del pueblo colombiano, a propósito de la negativa de la Corte Suprema de Justicia a nombrar fiscal.
Transparencia por Colombia y el documento de recomendaciones al proyecto de ley 339/2023C, de reforma a la salud titulado “Así Vamos en Salud”, reconoce que “los sistemas de salud se enfrentan a riesgos de corrupción debido a los enormes presupuestos públicos que manejan, a la falta y asimetría de información entre los múltiples actores involucrados, y a la complejidad en la gobernanza y regulación de los sistemas” […] “La revisión de 67 casos de corrupción en el sector salud registrados entre 2016 y 2020, indica que las principales irregularidades en el actual sistema son de tipo administrativo, privado y político, con un costo estimado de 1,63 billones de pesos colombianos. Los servidores públicos fueron responsables del 46,2 por ciento de estos casos. Los actores privados también jugaron un papel importante en el 37,3 por ciento de los casos registrados. Los delitos más comunes asociados con la corrupción fueron la celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales y el prevaricato por omisión. Cerca del 25 por ciento de los casos de corrupción estaban relacionados con irregularidades en el suministro de medicamentos, como sobrecostos, beneficiarios ficticios, cobros por medicamentos no entregados, tráfico y falsificación de medicamentos”.
Corrupción en la salud en los territorios
Varias regiones del país afrontan las consecuencias del manejo corrupto de los recursos de la salud durante los últimos veinte años. Entre los casos más críticos se encuentran Atlántico, Bogotá, Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca y Nariño. Y de estos los más evidentes son Atlántico y Nariño.
La corrupción ha logrado escalar a todas las instancias, sectores e instituciones del Estado. Pero hay sectores donde esta se vuelve un freno que afecta no solo los aspectos económicos y presupuestales, sino que produce pérdida de la vida, amplía la brecha de injusticia social y genera impunidad y violencia. La corrupción en la salud es criminal y debe penalizarse severamente.
Más que los problemas en la atención, en cobertura y en infraestructura, la corrupción es la principal problemática en el sector salud en Colombia. La salud se financia con el 75 por ciento de los recursos públicos, por ello, es tan importante que el sistema judicial del Estado funcione y dé resultados contra la corrupción.
“La salud está quebrada en Nariño”
Con esta frase, el actual gobernador del departamento de Nariño, Luis Alfonso Escobar, resume la situación. Según sus declaraciones a Caracol Radio en Nariño, “La casa en orden empieza por tener un equipo con las capacidades apropiadas que aplaquen la crisis financiera que se presenta en el sector de la salud. Empezaremos a dialogar con los hospitales con el fin de poner orden en estas instituciones. (…). La salud en la región está quebrada, el primer, segundo y tercer nivel de salud enfrentan una situación financiera crítica. Hospitales como el Universitario Departamental de Nariño y el Civil de Ipiales pasaron de ser referentes a nivel nacional a soportar una crisis hasta para el pago de obligaciones a sus trabajadores. A esto se suma la situación de la EPS Emssanar que concentra más del 70 por ciento de afiliados al régimen subsidiado del departamento y que en caso de ser liquidada agravaría la situación financiera de entidades de salud a las que adeuda millonarios recursos”.
Esta crisis en los últimos veinte años en Nariño ha tenido nombres siempre ligados a ella. Como presuntos determinadores de estos desfalcos y pérdida de recursos de la salud en la EPS Emssanar, se mencionan algunos nombres como el del exsenador Berner Zambrano y el exgobernador Jhon Rojas, quienes a su vez mantienen amistad, negocios y acuerdos políticos con los presuntos responsables del desfalco en el Hospital Civil de Ipiales, como Lenin Hidalgo, Geovanny Fajardo, actual director del Hospital, y el concejal Miguel Huertas de Ipiales. Son nombres recurrentes al hablar de déficit, desfalcos y corrupción en la salud en Nariño, ¿y la justicia? Nada de nada.
La recién nombrada directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño, Ana Belén Arteaga Torres, expuso en cifras de miles de millones la grave crisis y el déficit que hoy tienen varios hospitales públicos de Nariño: “El Hospital Departamental tiene un déficit de 56 mil millones de pesos, más 30 mil millones en cartera mayor a 30 días y 50 mil millones de cartera superior a 180 días. El hospital Civil de Ipiales tiene un déficit de 22 mil millones. Hospital Eduardo Santos del municipio de la Unión, al norte del departamento, tiene un déficit de seis mil millones de pesos”.
En este déficit, tienen una responsabilidad central las EPS, que como Emssanar adeuda a los hospitales, Instituciones Prestadora de servicios de Salud en los cuatro departamentos donde hace presencia Valle, Cauca, Putumayo y Nariño la suma de $410.820 millones. Hace un año la Superintendencia de Salud intervino esta EPS, pero no ha pasado nada. El panorama es realmente crítico, y a esto se agrega los sobrecostos en los hospitales, los servicios cobrados y no prestados, el derroche y la falta de planeación.
Reforma contra la corrupción
La semana pasada, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en su paso por Nariño, planteó varias vías para atacar la corrupción y cuidar los recursos de la salud. “Es necesario eliminar la integración vertical; pagaremos directamente a hospitales y clínicas. Les pagamos anticipadamente a las EPS y no les pagan a las IPS, entonces vamos a pagarle directamente a los hospitales y las clínicas”, reafirmó.
La reforma a la salud presentada al Congreso contiene una visión integral que no solo busca mejorar el servicio, sino que ante todo busca cuidar y racionalizar los recursos públicos de la salud. La falta de pagos por parte de las EPS genera grandes problemas a las IPS ─clínicas y hospitales impidiendo la contratación de especialistas y dificultando el acceso a servicios de salud en los municipios más apartados de Nariño.
El estado actual de corrupción se expresa en la forma como los negociantes de la salud, atrincherados en las EPS, han desatado una guerra frontal contra la reforma a la salud, centrándose en el debate sobre quién va a manejar los recursos del sistema, que actualmente suman un total de $2,4 billones de pesos. Un gran botín que no quieren perder las mafias corruptas de la salud.
