En las décadas de 1980 y 1990, políticos y lideresas de izquierda fueron asesinados; ahora, en su lugar, son aniquilados políticamente a través de montajes jurídicos y así evitan convertirlos en mártires
Pablo Oviedo A.
José Luis Bohórquez fue elegido por voto popular en Duitama, con las banderas de la coalición Pacto Histórico (Mais, Colombia Humana, Unión Patriótica y el Polo Democrático Alternativo), el 29 de octubre de 2023.
Es la primera vez que el pueblo de Duitama, una ciudad con una marcada tendencia tradicionalista en la política y conservadurista, elige a un representante con ideas alternativas y de izquierda. Se trata de un abogado boyacense de 31 años, defensor de los derechos humanos, la restitución de tierras y la reparación a las víctimas.
Sin embargo, a pesar de la decisión mayoritaria de los votantes, las fuerzas tradicionales del departamento, que lamentan haber perdido el control sobre el presupuesto de este municipio, decidieron no respetar la voluntad popular ni los derechos del joven alcalde alternativo, quien fue la gran sorpresa entre todos los 123 alcaldes electos de Boyacá.
La cruzada de intereses
Varios abogados presentaron, en una especie de cruzada, una demanda administrativa de nulidad electoral contra Bohórquez, mientras que falsos perfiles, improvisados influencers y páginas de dudoso origen comenzaron a cuestionar cada acción del burgomaestre. Además, las fuertes presiones por mantener importantes contratos de la ciudad se reflejaron en las constantes críticas al servicio de empresas favorecidas en anteriores administraciones. A su vez, el Concejo, en sectores de oposición, ejerció excesivos e incluso mal tramitados numerosos controles políticos a cada movimiento del alcalde.
Debido a la acción de nulidad interpuesta, el alcalde fue suspendido apenas inició su gobierno. La demanda se basó en una supuesta doble militancia, argumento que resulta absurdo, ya que se refería al apoyo de Bohórquez a los candidatos al Concejo de una lista del Polo Democrático Alternativo, partido que lo avaló e integró la coalición que lo llevó a la alcaldía. El Consejo Nacional Electoral validó la inscripción de sus candidaturas bajo esas condiciones.
Una corte contra el Pacto Histórico
La demanda fue admitida y, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá falló a favor del alcalde, tanto en lo relacionado con la medida cautelar de suspensión como en la sentencia que desestimó la nulidad electoral invocada. Sin embargo, la segunda instancia correspondió al Consejo de Estado, sección quinta, entidad que ya había anulado la elección de congresistas del Pacto Histórico, como César Pachón, senador de Boyacá, Alexander López Maya, senador del Valle del Cauca, Luz María Múnera, representante por Antioquia, y la del mismo Roy Barreras.
El Consejo de Estado es una alta corte que claramente no aprueba el modelo de coalición del Pacto Histórico, tanto a nivel nacional en cuanto al Congreso, como a nivel territorial. Esto quedó demostrado con su sentencia anulando la elección de José Luis Bohórquez, al revocar el fallo de primera instancia que interpretó de manera distinta la coalición.
Al revisar el contexto de la decisión judicial, se advierten numerosas irregularidades en el proceso, evidenciadas incluso en salvamentos de voto de magistrados de la sala que se apartaron de la decisión. Incluso, los abogados que defendieron a Bohórquez se encuentran ahora enfrentando persecuciones y presiones jurídicas.
Antidemocracia e ingobernabilidad
A Bohórquez se le impidió gobernar de acuerdo con la voluntad de los duitamenses, optando por hundir a la ciudad en la ingobernabilidad en lugar de permitir el gobierno de un joven con conciencia social e ideas innovadoras. Esto ocurrió a pesar de la enorme popularidad que aún conserva entre los ciudadanos, gracias a su trabajo honesto y comprometido.
La mayoría de la población lamenta haber perdido la oportunidad de seguir apoyando a Bohórquez, ya que ahora él enfrenta, de manera inexplicable, acciones penales temerarias que claramente buscan arrebatarle la posibilidad de volver a postularse en las elecciones y de destruir políticamente su liderazgo.
Los mecanismos de observación nacional e internacional deben poner atención para proteger los derechos de una corriente política que, como se ve, enfrenta poderosos enemigos que niegan a respetar su derecho a participar y gobernar.
El caso de José Luis Bohórquez representa una feroz persecución contra el proceso de liderazgo de jóvenes profesionales comprometidos con el desarrollo de la ciudad de Duitama, la Perla de Boyacá. Este caso demuestra que el pueblo sabe gobernarse, pues estos liderazgos surgen desde las bases sociales, con conciencia popular y pensamiento crítico. Son liderazgos que nos recuerdan a la Unión Patriótica, nacida de las clases populares y que se consolidaba como alternativa de poder, si no hubiese sido por su aterrador exterminio, recientemente reconocido por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No lo lograrán
Las acciones contra José Luis Bohórquez reflejan una determinación decidida de las derechas locales para destruir su figura política regional e impedir que se postule a futuros comicios. Sin embargo, no lo lograrán. Se enfrenta a un grupo unido, fuerte y un apoyo creciente hacia un líder que ha demostrado trabajar bien y que el cambio en la política boyacense sí es posible.
El caso es evaluado por organizaciones de derechos humanos que buscan evitar que se repita la historia de exclusión de la Unión Patriótica y de los sectores alternativos del país. Además, se analizan los mecanismos de administración de justicia con fines de exclusión política en este caso, dado el pasado sangriento.
Su paso firme y determinado será decisivo para el futuro no solo de Duitama, sino de todo el departamento, pues se consolida como una figura de enorme influencia en perspectiva de las elecciones a Congreso desde su departamento.
La juventud, coherencia y liderazgo de José Luis Bohórquez generan una esperanza renovadora para llenar el vacío de un liderazgo alternativo que pueda guiar al Pacto hacia su misión con las clases populares y movimientos sociales, que aún esperan ver consolidado el proceso en Boyacá.
