Al aumento desaforado de los precios de la canasta familiar y su absorción del ajuste salarial de 7%; se unen la reducción del crecimiento económico de 2015 al 3,5%, una nueva cascada de impuestos, entre ellos, el paso del IVA del 16% al 19% y su ampliación a nuevos productos.

Marcha primero de mayo-7

Nelson Fajardo

No nos asombremos por la venta, a precio de huevo, de Isagén, por el gobierno de Juan Manuel Santos; pues ésta venta hace parte de la tendencia, ya histórica, que acompaña una de las estrategias del modelo de acumulación neoliberal, transnacional y supraestatal. Lo novedoso de dicha estrategia consiste en que el Gobierno intenta reunir los recursos que requiere para echar adelante, dos aspectos fundamentales de su Plan de Desarrollo, la política de la construcción, que debe asegurar la presidencia 2018 a 2022 a Germán Vargas Lleras, y, parte de los recursos que va requerir impulsar y colocar en marcha el Proceso de Paz, al concluir la Asamblea Nacional Constituyente.

Sus mandatos, programas y proyectos, deben colocar a tono el país con un país democrático, civilizado y armónico con las exigencias de sacarnos de la barbarie estimulada por los grandes dueños del poder político y económico del país. A ello se une el llamado déficit fiscal, que será reducido, según la ortodoxia neoliberal, a través de más endeudamiento público.

Ahora bien, el aumento del salario mínimo legal (S.M.L.V.) en el 7 por ciento, es una burla recurrente al pueblo trabajador, que no tiene nada de aumento, por cuanto no pasa de un mero ajuste, que nivela temporalmente los precios de la canasta familiar con el ajuste por inflación, éste último que se viene saliendo de los cálculos hechos por los gurúes del Estado en economía.

Pero como el pueblo colombiano es víctima de una profunda amnesia histórica, es bueno recordarle que durante el Gobierno de Uribe Vélez, ocho años, vendió por 13 billones de pesos varias empresas públicas y el expresidente le apostó a la privatización de varias empresas públicas al igual que el gobierno Santos hizo con Isagén.

Igualmente, Bancafé, Telecom, Ecogás, Granahorrar, Centrales Eléctricas de Norte de Santander y las electrificadoras de Cundinamarca y Santander fueron empresas del Estado vendidas por el gobierno de Uribe. La privatización de estas empresas, le dejó a las arcas del Estado y a los corruptos cerca de 13 billones de pesos. De nuevo, por Bancafé, en el 2006, recibió 2.2 billones de pesos por el 99.9% de sus acciones. Compradas por Davivienda, Bancafé era el antiguo banco de los cafeteros y era el último banco estatal que tenía que privatizarse.

En el caso de Telecom, el 51% de sus acciones fueron vendidas en 875 mil millones de pesos en el 2006. En el mismo año recibió 3.25 billones por Ecogás, vendida a la Empresa de Energía de Bogotá. Por Granahorrar recibió 970 mil millones de pesos de parte del BBVA, el 98,7% de las acciones, y, por 764 mil millones vendieron en 2009, las electrificadoras de Santander, Norte de Santander y Cundinamarca.

Otros 5.7 billones de pesos se recibieron al vender el 10% de las acciones de Ecopetrol. A estas ventas se suman los cierres de varios hospitales y las empresas estatales Rafael Uribe Uribe, Policarpa Salavarrieta, Luis Carlos Galán Sarmiento, José Prudencio Padilla y la Caja Nacional de Previsión. Además se liquidaron las electrificadoras de Córdoba, Guajira, Sucre, Atlántico, César, Magdalena y Chocó.

A todas estas ventas se suman la modificación del personal en 93 organismos y entidades del Estado, entre las que se cuentan, Findeter, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional. En total, entre reestructuración, venta, liquidación y reforma, fueron cerca de 500 empresas estatales.

Y este proceso de privatización, que lleva veintiséis años continuos, no ha encontrado contradictores sólidos en el movimiento social popular, ni mucho menos en el movimiento sindical. A lo sumo, hemos contado con un movimiento campesino, indígena y afrodescendiente, que en 2013 se levantó contra el neoliberalismo y por la paz con justicia social, democracia y soberanía nacional.

Al aumento desaforado de los precios de la canasta familiar y su absorción del ajuste salarial de siete por ciento; se unen la reducción del crecimiento económico de 2015 al 3,5 por ciento, una nueva cascada de impuestos, entre ellos, el paso del IVA del 16 al 19 por ciento y su ampliación a nuevos productos. Igualmente, los bajos precios del petróleo, obligan a mayores volúmenes de venta, por los mismos dólares. La situación descrita obliga al Estado, a incrementar la represión, para proteger la buena gestión a favor de las tasas netas de ganancia del capital.

Invitamos al pueblo trabajador y al pueblo colombiano en general a organizarse, para defender la capacidad adquisitiva real de los salarios; pero además a prepararse para desatar un verdadero movilización nacional y popular, por paz con justicia social y contra el sistema capitalista neoliberal. Esa es una salida real a los veinticinco años de un modelo de acumulación que se levanta sobre un pasado reciente plagado de violencia, excluyente con seis millones de colombianos expulsados del circuito económico, elitista y concentrador de la riqueza, con cerca del 1 X ciento de la población que se apropia el 85 por ciento del valor agregado generado por 22 millones 500 mil colombianos que hacen la Población Económicamente Activa y dieciocho millones setecientos cincuenta mil empleados reales.