Las sentencias alrededor de El Quimbo han sido tomadas en escritorios, tribunales y juzgados que no necesariamente son fuente de legitimidad y razón para la toma de buenas decisiones. Los daños ambientales, sociales y económicos son evidentes. Gobierno ha defendido el interés del capital privado
Xiomara Taborda
El Magdalena es el río más caudaloso del país. En sus partes altas tiene un caudal de entre 300 y 500 metros cúbicos por segundo, donde la hidroeléctrica El Quimbo se encuentra en funcionamiento. La construcción de esta hizo que el río se convirtiera en un embalse y que su ecosistema se transformase. Hoy es un lago sin vida, no un ecosistema sustentable.
Esta transformación y encierro de las aguas del río más importante del país se le deben agradecer al gobierno de Juan Manuel Santos, la corporación transnacional ENEL Endesa y a los accionistas privados (en ningún caso a los bogotanos) que en nombre de la Empresa de Energía de Bogotá adquirieron el 14,07% de las acciones de El Quimbo.
La resistencia de la comunidad en contra del desvío del río para la construcción de la hidroeléctrica no se hizo esperar y se manifestaron legal y cívicamente, recibiendo como respuesta del gobierno una represión sin precedentes y por parte de los medios de comunicación masiva el silencio y la estigmatización.
El desvío del río y la construcción de la hidroeléctrica provocaron la extinción de varias especies, de igual manera cambios en el clima del suroccidente del Huila que afectaron la vida de las comunidades que vivían cerca. En 2012 el gobierno de Juan Manuel Santos defendió su construcción y Emgesa se encargó de hacer ver a los colombianos el encierro del río para la construcción de la hidroeléctrica como un hecho poco devastador.
Las autoridades se han quedado rezagadas en el seguimiento y control a las acciones emprendidas por la corporación extranjera. Si bien en 2012 la Contraloría General de la Nación ordenó ‘la apertura de un proceso por responsabilidad fiscal ante un presunto daño patrimonial, estimado en poco más de 350.644 millones de pesos, comprometiendo a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) por supuestas irregularidades en el trámite de la licencia, así como en el grave impacto social, ambiental y económico que surgió durante la expedición de la misma’, no se ha encontrado avance sobre la orden de la contralora Sandra Morelli.
A mediados del año pasado y sin previo aviso a las autoridades locales, la corporación extranjera comenzó el llenado de la represa, con autorización de la ANLA, aun cuando no cumplía con los requisitos expuestos en la licencia. Para llenar el embalse, Emgesa debía retirar del mismo toda la biomasa (material vivo o vegetación) que se encontrara allí para evitar daños al medio ambiente y a las comunidades. La corporación transnacional no lo hizo y comenzó el llenado.
Por ese hecho fue apagada la hidroeléctrica el 18 de diciembre de 2015 gracias a las medidas cautelares interpuestas por el magistrado Ramiro Aponte Pino, y a la que el Tribunal Administrativo del Huila interpuso contra la multinacional, en la que advierte que la represa no puede generar energía hasta que no se haya retirado la totalidad de desechos forestales y la biomasa que dejó la tala en más de mil hectáreas inundadas.
No pasó ni siquiera un mes para que el gobierno de Juan Manuel Santos hiciera su reaparición en defensa de los grandes intereses transnacionales y en detrimento de lo público.
El presidente alegó su preocupación e interés en “evitar los daños ambientales, sociales y económicos que se ocasionan si no se permite la generación de la hidroeléctrica de El Quimbo”, interponiendo una tutela ante un juez de Neiva para el reinicio de operaciones, olvidando que cuando la Contraloría en 2012 alegaba los daños ambientales, sociales y económicos, el presidente se dedicó a guardar silencio y no hizo nada por defender lo que ahora sí sale a capa y espada a resguardar por intereses foráneos. Así, la hidroeléctrica comenzó su operación nuevamente, de manera irresponsable.
¿Cuáles son las afectaciones?
Tras consecuencias como las que sufre el municipio de Hobo en el Huila, que se quedó sin pesca artesanal y con órdenes de desalojo para la comunidad, hoy las aguas del río Magdalena son de muy mala calidad.
La cuenca alta del río Magdalena depende del funcionamiento de los embalses Betania y El Quimbo, que fueron construidos para la generación eléctrica. En el caso de Betania, años después fue considerado multipropósito con el fin de desarrollar la piscicultura.
Según el investigador Santiago Duque: “Es un hecho que las aguas que el día de hoy está liberando por descarga de fondo es agua de mala calidad. Eso implica que aguas abajo se está generando una problemática social y ambiental muy fuerte sobre pobladores y pescadores que viven en ese tramo de 14 kilómetros. También es cierto que los volúmenes de agua y las concentraciones de oxígeno que deberían estar llegando al embalse de Betania están disminuidas, pero también hicimos un estudio en Betania antes del cierre de compuertas y llenado del embalse de El Quimbo, y ya el embalse de Betania mostraba condiciones significativamente con mal manejo, es decir, deterioro significativo de las aguas”.
Lo anterior es el preámbulo de un panorama nada favorable aguas abajo, en especial para los siete municipios que colindan con el embalse, puesto que no se sabe a ciencia cierta cómo se encuentran sus plantas de tratamiento para el agua potable, que no debe ser muy buena y degeneraría en una crisis humanitaria aun más fuerte que terminaría sumándose a otra crisis ambiental, reforzada por los gases de efecto invernadero que generan tanto la represa de Betania como la de El Quimbo, en especial la segunda.
Las sentencias alrededor de El Quimbo han sido tomadas en escritorios, tribunales y juzgados que no necesariamente son fuente de legitimidad y razón para la toma de buenas decisiones.
Así lo deja entrever Angélica Gutiérrez-Magness, hidróloga de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos y miembro del Grupo de Observaciones de la Tierra: “En la apertura no se tuvieron en cuenta las recomendaciones técnicas que se hicieron en su momento. Y en el cierre, el Tribunal ordenó una suspensión provisional sin tener el conocimiento para decidir de forma acertada y con fundamento técnico. El Ideam ni siquiera fue consultado”.
En Colombia están dañando nuestros ecosistemas, se está mal administrando el recurso natural y al final las que terminan pagando las consecuencias son las comunidades.
