Superada la discusión del incremento laboral, acordado en 14.62 por ciento para 2023 e IPC 2023 más 1.6 para 2024, se abordaron los temas de concursos para selección de cargos y formalización laboral. La negociación es para un millón 324 mil trabajadores del Estado
Redacción Laboral
Luego de que el 9 de mayo el presidente de la República Gustavo Petro anunciara vía Twitter el acuerdo salarial para un millón 324 mil trabajadores del Estado, han continuado las negociaciones entre las centrales obreras y las federaciones estatales con los representantes del Gobierno.
En aquella oportunidad, el jefe de Estado expresó: “Este es el acuerdo salarial al que se llegó para el sector público: 14.62% para el año 2023 retroactivo a 1 de enero y para el 2024 IPC 2023+1.6%. Es el aumento más grande en la historia de la negociación colectiva del sector público”.
Por su parte, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, expresó: “Del año 2019 al año 2022, en el gobierno de Duque, el incremento fue de 1.32 en promedio cada año. Del año 2013 al año 2018, en los 8 años del gobierno de Santos, hubo incremento del 1% por encima de la inflación. Del año 2004-2005 al 2012, no hubo incremento, el ajuste fue igual a la inflación y del año 2004 hacia atrás, hasta el año 68 no hubo incremento”.
A su vez, Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, anotó: “Este aumento beneficiará a más un millón 324 mil trabajadores de las entidades del Estado. Una vez más, se demuestra que en el Gobierno del cambio, todo es posible a través del diálogo social, herramienta eficaz que permite enriquecer el debate para conseguir acuerdos y agradezco el compromiso al equipo negociador conformado por 37 organizaciones sindicales para lograr este gran arreglo”.
Concursos para carrera
Una vez acordado ese primer ítem, se han discutido otros puntos relacionados con carrera administrativa, exactamente sobre los procedimientos de los concursos para plantas de entidades del Estado. Entre estos está la actualización de la Ley 909, que regula la carrera de empleados de la rama Ejecutiva de nivel nacional y sus entes descentralizados.
Según el presidente de la CUT, quien también es negociador: “Porque el desarrollo de los concursos como se viene dando ha conllevado a que la Comisión Nacional no tenga en cuenta los ejes temáticos de los cargos. Por ejemplo, a un cargo de inspector de policía agrario le preguntan lo que le corresponde a un inspector de policía que trabaja lo civil. Entonces, hemos dicho que hay que hacer una serie de adecuaciones para que haya una correspondencia entre los ejes temáticos y las preguntas”. Los cambios requieren de una ley ordinaria, ya que son varios puntos de carrera que necesitan modificaciones.
También se acordó que no haya pruebas eliminatorias en los concursos, sino que todas sean clasificatorias y tener en cuenta la experiencia específica de los cargos, porque afectar a quienes están trabajando en esos puestos, es particularmente grave en algunas entidades como las de impuestos.
Planta para funciones permanentes
Por otro lado, las organizaciones sindicales que negocian tienen como objetivo que todos los que cumplan funciones permanentes en la administración pública, como afirma el decreto 2400 de 1968, sean de planta. “Se trata de mirar un cronograma para la ampliación de las plantas y unos números o cantidades de trabajadores, de a cuántos se va a ir incrementando y en qué lapsos de tiempo. El único avance concreto que tenemos hoy es en la DIAN, donde hace unas semanas se amplió la planta en 10 mil cargos, y actualmente se discute con los sindicatos cómo hacerlo”, anota el negociador por los trabajadores.
En el mismo sentido, en la Superintendencia de Notariado y Registro hay una discusión de ampliar la planta en 1.500, y de manera unilateral en la Sociedad de Activos Especiales, SAE, el director Daniel Rojas vinculó a todas las personas de cafetería y aseo. Así lo dijo en Twitter: “Nos complace anunciarles a las y los trabajadores de servicios generales de la @activosSAE la eliminación de la tercerización de su trabajo. Ahora serán parte de la planta, con contrato a término indefinido, prestaciones garantizadas y mayor remuneración. El cambio es real. Aumentan salarios reales, se garantizan derechos laborales y no se pierde ningún puesto de trabajo”.
Para Maltés, eso es una muestra de dar cumplimiento al decreto 2400 porque esas funciones son permanentes.
Presupuesto
Aunque el Gobierno Petro comparte muchos de los propósitos de los trabajadores, el tema del presupuesto es un límite que desplaza la discusión a los tiempos para, en este caso, la ampliación de las plantas de personal. “La discusión es porcentajes y tiempos, y que cada entidad tiene una dinámica diferente”, indica Maltés.
Ante la necesidad de encontrar los recursos para estos procesos, el dirigente sindical señala que se calcula que cada trabajador de la DIAN, de las áreas de aduanas o impuestos, puede contribuir a incrementar el recaudo hasta en un billón de pesos al año, “por todos los temas de evasión y de ilusión. Hay que recordar que se habla de que hay una evasión y una elusión de cerca de 50 billones de pesos por año”. De esta manera, podría conseguirse el presupuesto para ampliar las plantas de todo el Estado.
Lo mismo sucede en Notariado y Registro, donde en áreas de atención al público, en áreas específicas, se calcula que poniendo más trabadores puede aumentar el recaudo.
En otras partes, es la función social de los trabajadores, por ejemplo, en el proyecto de ley de Reforma a la Salud hay dos artículos que dicen que el Gobierno Nacional apropiará los recursos necesarios para la formalización laboral y para el funcionamiento de las instituciones de servicios de salud. “Entonces, si uno mira lo de salud, que es concordante con el Plan Nacional de Desarrollo, ahí no hay cálculos de ingresos, hay es la función social que cumplen los trabajadores de la salud”.
Por ahora, con un ambiente de concertación por parte de los negociadores de ambas partes, las discusiones continúan. Desde el pasado martes, se iniciaron los debates relacionados con la formalización laboral, tema que los anteriores gobiernos han dilatado y del que en esta oportunidad se esperan concreciones que permitan dignidad laboral y mejores funcionarios públicos.
