Las migrantes son objetos y trofeos de guerra. A través de la violencia sexualizada los grupos delincuenciales utilizan los cuerpos femeninos como instrumento para reescribir un mensaje político sobre quién domina o tiene el poder del territorio
Nathaly Jaimes
La Asamblea General de las Unidas, ONU, declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, en homenaje a las hermanas Miramar.
Las “Mariposas” fueron brutalmente asesinadas, ejerciendo sobre sus cuerpos la más terrible violencia: la tortura y violación como mensaje de intimidación a quien se opusiera a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominica, durante la década de los sesenta.
Han pasado treinta y ocho años desde la declaración, buscando promover políticas para eliminar cualquier forma de violencia en contra de las mujeres en el mundo. Sin embargo, la realidad que vivimos las mujeres es otra.
El trofeo de guerra
En Colombia, las mujeres son vistas como una mercancía. La trata de mujeres, con fines de explotación sexual y laboral, va en aumento. Los feminicidios, violaciones, mutilaciones y desfiguraciones se registran a diario. En lo que va de este año, se han reportado 410 casos de feminicidios, de los cuales treinta y cuatro son mujeres venezolanas, según cifras del Observatorio Feminicidio Colombia 2023.
A esta cruda realidad se le suma el fenómeno de la migración venezolana, que ve en Colombia un destino poco deseado no solo por la falta de oportunidades laborales bien remuneradas, sino, principalmente, por el conflicto interno entre grupos armados, bandas delincuenciales, carteles de narcotráfico y redes de trata de personas que instrumentalizan a la mujer venezolana para sus negocios ilegales. Estos fenómenos se acrecientan en las fronteras colombo-venezolana.
Las mujeres, que transitan por la frontera sin documentación y atraviesan las trochas como pasos obligados, se exponen a los más diversos peligros. A la violencia física, psicológica y sexual, incluso, hasta la desaparición forzada, se le agrega la presencia de los grupos paramilitares (Los Rastrojos) y los grupos delincuenciales trasnacionales (Tren de Aragua) que, además, se encuentran en disputa constante por el control de los pasos irregulares y las cuantiosas ganancias que dejan.
En medio de estas disputas, el cuerpo de las mujeres se ha convertido en un trofeo de guerra. En el libro La violación sexual es política: las migrantes venezolanas en las fronteras colombo-venezolanas, la investigadora Liliana Mancilla Bautista caracteriza esta situación como “la violación tiene que ver más con una expresión del poder político por medio de un cuerpo–territorio que con el deseo sexual, a pesar de sexualizar el cuerpo a través de su profanación”.
Violencias en los pasos ilegales
Otra característica de estos grupos criminales es que se enfocan en mujeres de bajos recursos, con evidentes situaciones de necesidad y vulnerabilidad, las cuales llegaban a las trochas sin tener con qué pagar el paso, siendo estas advertidas por los sujetos a cargo, dirigiéndolas a lugares solitarios y alejados, abusándolas sexualmente para dejarlas pasar, en el mejor de los casos, con el riesgo de ser víctimas de desaparición forzada.
Según declaraciones adquiridas por el programa El Poder, la situación puede resumirse así: la instrumentalización de la mujer como mercancía de intercambio entre los grupos criminales, el cuerpo como moneda y medio de transacciones, intercambios y cierre de negocios entre las bandas criminales y grupos de tratas de personas transnacionales del crimen organizado, para posteriormente ser trasladadas a diferentes ciudades de Colombia, ofrecerlas en las zonas de tolerancia y en otras ocasiones son trasladadas a Ecuador u otros países.
Las mujeres son revictimizadas cuando poco o nada cuentan con el restablecimiento de los derechos por parte de las autoridades colombianas. Al acudir a estas, se les niega las posibilidades de acceder a la justicia, por el contrario, se enfrentan a la institucionalidad marcada por una postura racista, discriminatoria, xenofóbica y llena de trabas burocráticas, haciendo imposible la atención.
La situación se agrava para la mujer migrante venezolana cuando se evidencia la coordinación sistemática, entre funcionarios de Migración Colombia y los grupos que controlan las trochas del lado colombiano, como lo devela el programa El Poder, que ha entrevistado a mujeres víctimas de violaciones sexuales en estos pasos ilegales.
Las declaraciones coinciden en decir “las mujeres son deportadas por migración cuando se percatan del estatus irregular, pero son devueltas a las entradas de las trochas dejándolas abandonadas de forma asolapa en las manos y territorios de estos grupos criminales”.
La violencia ejercida sobre las mujeres extranjeras es un claro mensaje que demuestra la impunidad por parte de las instituciones estatales y el ejercicio del poder por parte de los grupos paraestatales, que funcionan libremente en las fronteras del lado colombiano, una expresión del patriarcado en el conflicto armado.
La mujer en la frontera colombo-venezolana es objeto y trofeo de guerra. Los grupos delincuenciales, a través de la violencia sexualizada, utilizan los cuerpos de las mujeres como instrumento para reescribir un mensaje político sobre quién domina o tiene el poder del territorio, tomando el control de las vidas para conducirlas a un camino oscuro, decretando la guerra contra las mujeres.
Así mismo, se evidencia cómo el poder del patriarcado actúa como un Estado paralelo, le asigna al cuerpo de la mujer un rol, utiliza la profanación sexual como el principal componente de esta guerra.
Se revive el pensamiento racista, el cual ubica a las mujeres negras con cuerpos voluptuosos como símbolo del deseo sexual, estereotipando el cuerpo femenino de la mujer venezolana, atacando toda una cultura caribeña, dominando la población desposeída por el capitalismo salvaje.
El femigenocidio
“Lo personal es político, indica el lema de la segunda ola del feminismo. La violencia sexualizada que viven las mujeres venezolanas en Colombia pasa de ser un problema doméstico de esfera privada como es tradición para el imaginario colectivo, para convertirse en una situación de orden político y público, por ser un fenómeno que se ejecuta sobre una clase social dominada desde el punto de vista económico y de género”, señala Segato (2016; 2018).
Así se nos presenta una nueva categoría de violencia ejercida sobre las mujeres: el femigenocidio. Esta expresa el genocidio de mujeres a través de fronteras donde las instituciones del Estado en complicidad con grupos paraestatales trafican con estas mujeres en condiciones de migrante y de bajos recursos.
Nos encontramos ante esta nueva forma de violencia contra la mujeres y es evidente que, a diferencia del feminicidio, el femigenocidio es una forma de violencia impersonal y estructural, es el mandato de la masculinidad el que tiene en este ámbito la suficiente fuerza para arremeter en contra de toda una población excluida y capaz de ejercer la intimidación hasta llevarla a desaparecer, capaces de dominar todo un grupo social, creando terrorismo por el conflicto interno y el posicionamiento del territorio.
Descrito este escenario, y ante estas nuevas formas de violencia, se alerta a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, organismos internacionales y al Gobierno del cambio a transformar esta realidad y proteger a las mujeres migrantes.
