La primera masacre cometida en el país luego del Acuerdo de Paz, entre las FARC-EP y el Gobierno nacional, fue ejecutada por la fuerza pública en la vereda El Tandil en zona rural de Tumaco, Nariño, el 5 de octubre de 2017. El crimen, como la mayoría de las masacres y asesinatos de líderes y lideresas sociales, sigue en la impunidad
Carolina Tejada
Estos hechos se dieron en el marco de una manifestación pacífica de 1.500 personas, entre quienes cultivan, raspan la hoja de coca, son propietarias de predios y la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje Asominuma en contra de la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en la vereda del Tandil y alrededores, en zona rural de Tumaco, pues meses atrás se había firmado un acuerdo entre 40 mil familias y el gobierno nacional para avanzar en la erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito a través de proyectos productivos pero, el gobierno solo le cumplió a 16 mil familias. A la manifestación no llegaron las autoridades pertinentes para el diálogo, solo llegaron la Fuerza Pública y el Ejército quienes, sin mediar con la población, abrieron fuego en contra de la humanidad de los y las civiles causando lo que hoy se conoce como la primera masacre en el país, luego del acuerdo de paz.
Las víctimas fatales fueron Jaime Gunga Pai, indígena del Resguardo Gran Rosario, Diego Escobar Dorado, líder campesino de la zona, Nelson Chacuendo Calambas, indígena Nasa, Alfonso Taicus Taicus, indígena Awá, junto con Aldemar Gil Guachetá, Janier Usperto Cortés Mairongo e Iván Darío Muñoz Echevarría, quien falleció el 21 de octubre como consecuencia de los impactos de fusil. Además, 20 personas resultaron heridas. La noticia que salió en los medios de comunicación fue la de un enfrentamiento entre grupos armados y fuerza pública, sin embargo, gracias a que el 8 de octubre se realizó una misión humanitaria a la zona para verificar los hechos, se pudo conocer la verdad. Sin embargo, la comisión también fue atacada por integrantes de la Fuerza Pública.
La lucha por la verdad
El pasado 5 de octubre del 2022, luego de un lustro de impunidad, se convocó al evento: “Los desafíos para la paz, la justicia y la no repetición, a cinco años de los hechos de El Tandil”. Zabier Hernández, quien había acompañado la comisión humanitaria como defensor de derechos humanos, reconstruyó parte de los hechos y narró cómo la misma comisión fue atacada a tiros por la fuerza pública. “Los campesinos, afrodescendientes e indígenas nos llevaron al lugar y reconstruyeron los hechos. Recuerdo que un líder indígena nos decía que había cuerpos que no se habían podido recuperar y que estaban en una zona más hacia el oriente del sitio en donde ocurrió la masacre. Las comunidades también decían que la policía antinarcóticos, había trasladado unos cuerpos hacia una zona en donde no dejaban acceder a los líderes comunitarios”.
Cuenta Zabier que, aprovechando que iban con acompañamiento de la Personería de Tumaco, la Defensoría del Pueblo, y la cooperación internacional, “hablamos con el Capitán Soto que estaba al mando, y se le informó que íbamos a ingresar al lugar para dar cuenta de los cuerpos y que se diera el levantamiento, el capitán estuvo de acuerdo y luego se retiró del lugar. Pero, a pesar de haber informado, y que delegados de la ONU iban gritando “aquí vamos los organismos internacionales, somos la Mapp OEA”, lo que escuchamos fueron tiros, nos tiramos al suelo, los voceros de las organizaciones internacionales insistieron que eran de la comunidad internacional, pero siguieron disparando”. Nunca se pudo verificar si había cuerpos para el levantamiento.
La misión humanitaria que previamente había informado a las autoridades, estaba conformada por defensores de Derechos Humanos y promotores de paz del CPDH, Justapaz, DiPaz, Conpaz, Corporación Jurídica Yira Castro, Minga, Somos Defensores, Parroquia Nuestra Señora del Carmen-Tumaco, y Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; y delegados de la Personería Municipal, Gobernación de Nariño, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacnudh), Misión II de Naciones Unidas y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAPP OEA.
Un paso para hallar la justicia
Este caso por órdenes de alto nivel del gobierno de Iván Duque, lo asumió la justicia penal militar. Sin embargo, recientemente la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante Auto 989 de 2022, decidió el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Tumaco y el Juzgado 182 de Instrucción Penal Militar de Pasto y, consideró que, la investigación y procedimiento para hallar la verdad, le corresponde a la justicia penal ordinaria, pues estos hechos no son asociados con el servicio militar del Ejército Nacional o de Policía Nacional.
En el evento, las familias de las víctimas le exigieron al nuevo gobierno de Gustavo Petro, trabajar por la verdad y la justicia. Ginna Guanga, hija de una de las víctimas, expreso: “Jaime Guanga era mi padre, era un hombre muy sencillo y le quitaron la vida. Ellos solo pedían un diálogo pasivo para que no fuera una erradicación forzada y pudieron avanzar en los puntos que ya tenían en el acuerdo, y lo único que recibieron fueron las agresiones y les quitaron la vida a los compañeros y a mi padre. Solo querían los proyectos para que los campesinos pudieran trabajar. Si el gobierno entregara proyectos para que los campesinos lleváramos una vida normal, pues nadie sembraría la coca. Este es un sector muy abandonado, no hay colegios o centros de salud. Ahora nos toca seguir luchando por eso como campesinos”.
Por su parte, Melitón Cortés, hermano de Janier Cortes, comentó que “ahora que el caso fue tomado por la justicia ordinaria, yo le pido que se haga justicia, no más impunidad, queremos justicia por nuestros compañeros que murieron por el derecho a defender el trabajo. Ustedes saben que en el territorio no hay trabajo, no hay educación, es duro el esfuerzo que hacemos porque hay confrontaciones que nos impiden mandar a nuestros hijos a la escuela. Esto que pasó que no vuelva a ocurrir. Le pedimos a la Fiscalía que investigue los casos y que se haga justicia, la Policía y el Ejército fueron los responsables”. Con la nueva definición de la Sala Plena de la Corte Constitucional, se espera que exista justicia y se conozca a fondo los ataques contra las poblaciones que subsisten con el cultivo de hoja de coca, han sufrido a causa de las políticas antidrogas y de erradicación forzada, bajo la violencia militar, la presión de grupos armados y la impunidad estatal.
