Aunque al final de la reunión se aprobó una resolución condenado la ‘invasión’ de Rusia a Ucrania, otras ‘condenas’ en las que Estados Unidos tenía interés, no prosperaron
Alberto Acevedo
La Organización de Estados Americanos, OEA, en alguna ocasión señalada por Fidel Castro y el Che Guevara como ‘el ministerio de colonias de los Estados Unidos’, concluyó el viernes de la semana pasada en Lima, Perú, su 52ª Asamblea General, en medio de signos contradictorios, marcados de una parte porque no sacó adelante en su totalidad la agenda convenida con Estados Unidos, su principal financiador, y de otra el anuncio de que su secretario general, el señor Luis Almagro, será formalmente investigado por un affaire amoroso, repitiendo la grotesca escena que días antes protagonizó el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, ambos fichas del anterior presidente norteamericano Donald Trump.
Puntos centrales de la agenda de discusiones del organismo regional fueron una eventual condena a la política de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, un espaldarazo al régimen de Volodimir Zelenski en Ucrania, y en un segundo plano la lucha regional contra el narcotráfico, la deforestación de la Amazonia y el cambio climático.
La figura central de la reunión fue la presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, que antes de ingresar al recinto de sesiones, visitó y entrevistó a los presidentes de Colombia, Chile y Perú en lo que se insinúa como nueva agenda de la Casa Blanca, frente a la presencia de gobiernos de izquierda en la región.
Otros interlocutores
Durante su gira por América Latina el Secretario de Estado habló de la lucha contra el narcotráfico, la defensa de la Amazonia, la colaboración de Washington hacia programas como la defensa de los derechos humanos, entre otros temas. Más o menos la misma agenda que Estados Unidos ha planteado para la región en los últimos años.
Solo que ahora lo hace frente a interlocutores distintos, los presidentes de gobiernos progresistas y de izquierda que tienen entre otros objetivos estratégicos, la idea de que América Latina no vuelva a ser nunca más “el patio trasero de los Estados Unidos”, y a cambio se plantee una relación entre iguales sobre la base del respeto a la soberanía nacional y la autodeterminación de las naciones.
Y aunque al final de la reunión se aprobó una resolución condenado la ‘invasión’ de Rusia a Ucrania, otras ‘condenas’ en las que Estados Unidos había fincado sus esperanzas, no prosperaron. Por ejemplo, en relación al cambio ‘democrático’ en Venezuela, la respuesta de los representantes de los países latinoamericanos fue fría. Sobre todo, después de que la delegación colombiana informó de los buenos oficios del gobierno de Maduro como garante de un nuevo proceso de paz con el ELN.
Legitimidad de Maduro
Al final la reunión instó al gobierno bolivariano de Venezuela a convocar elecciones a la mayor brevedad posible, tomando en cuenta las demandas de la oposición, justamente en momentos en que Caracas anuncia conversaciones al más alto nivel con estos sectores. La declaración, emanada de la OEA, de alguna manera es una forma de reconocer legitimidad al gobierno de Nicolás Maduro.
La misma suerte corrió una propuesta de condena a Nicaragua, y en una Declaración Final de la Asamblea General, en vez de condena, se compromete a ‘entender’ la situación que viven Nicaragua y Haití. Lejos quedaron las conspiraciones golpistas e injerencistas del dominado Grupo de Lima, hoy por fortuna desaparecido.
Se destaca, sin embargo, el apoyo unánime que la comunidad latinoamericana expresó a la propuesta de ‘paz total’, defendida por el presidente Gustavo Petro, que trasciende el proceso de negociación con el ELN, las llamadas disidencias y otras organizaciones armadas y afirma el postulado de que América Latina debe consolidar un proyecto de paz total en la región, lo que supondría la no intervención en los asuntos internos de otras naciones.
Al no prosperar la agenda inicial, la reunión optó por una Declaración Final centrada en la consigna que había propuesto el gobierno anfitrión de Pedro Castillo, centrada en el compromiso de los países miembros de fortalecer la gobernabilidad institucional y la democracia, como factores de cohesión social, así como promover y defender los derechos humanos.
Sin pena ni gloria
Por otro lado, la declaración también ratifica el compromiso de los países de reducir los obstáculos a la inclusión financiera y de continuar promoviendo, a través de acciones de cooperación y multilateralismo, el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la lucha contra la corrupción y la consolidación del Estado de derecho, entre otros. Afirmación que podría interpretarse, sin decirlo expresamente, como una alusión al criminal bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba socialista.
Una declaración final sosa, como esta, que no implica compromiso ninguno, que muestra a una OEA desconectada de la realidad y en una marcha vergonzosa, como su evidente participación en el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en Bolivia, y ahora los escándalos sexuales de su secretario general, Luis Almagro, llevan a muchos analistas a la conclusión de que se trató de una reunión más, sin pena ni gloria.
Es por ejemplo, la opinión del historiador peruano Norberto Barreto, quien asegura: “La situación de la región no va a cambiar nada después de la Asamblea. Esta es otra reunión más que no tiene trascendencia real. No tengo una opinión positiva de esta reunión, me parece que sirve solo para tomar café, pero deja muy poco concreto o para poner en práctica. Al final, los representantes se van a casa y los problemas siguen ahí.”
