Redacción Económica
Como uno de los más importantes logros de este Gobierno fue calificada la aprobación, por parte del Congreso de la República, del proyecto que reforma el Sistema General de Participaciones, SGP, y permite autonomía regional. Es decir, se modificaron los artículos 356 y 357 de la Constitución para fortalecer la autonomía fiscal y administrativa de departamentos, distritos y municipios.
El ministro del Interior Juan Fernando Cristo al término de la sesión en Cámara de representantes, expresó: “Este es el punto de partida para un gran debate nacional sobre el funcionamiento del Estado colombiano, sobre la distribución de competencias y recursos entre el Estado central y los departamentos y municipios. Es una gran oportunidad que tenemos los colombianos, con la Ley de Competencias durante los próximos dos años, de buscar un acuerdo de cuál es el país y la sociedad que queremos para los próximos 50 años”.
De la misma manera, fue calificado el proyecto por parte del representante a la Cámara por el Putumayo, Carlos Ardila, quien además destacó que se trata de un paso clave para saldar deudas históricas con las regiones del país.
La reforma incrementará gradualmente, a partir de 2027, el porcentaje de ingresos corrientes de la Nación destinados a entidades territoriales, alcanzando un 39,5% en un plazo de 12 años.
Así mismo, el proyecto establece una redistribución de competencias entre los tres niveles de gobierno, asegurando que las funciones transferidas cuenten con los recursos necesarios. Según Ardila, este proceso será gradual y respetará los marcos de sostenibilidad fiscal del Estado, alineándose con el marco fiscal de mediano plazo y la regla fiscal.
Hay que recordar que el SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno nacional transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos necesarios para atender los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico (acueductos y alcantarillados). Se alimenta con Ingresos Corrientes de la Nación y su distribución tiene en cuenta criterios como la población, las necesidades básicas insatisfechas y los niveles de pobreza de cada entidad territorial.
Actualmente, la Nación transfiere a los entes territoriales un poco más del 20% de sus ingresos corrientes, y la reforma constitucional presentada por el Gobierno Nacional buscaba que en adelante los entes territoriales recibieran el 46,5% de estos. Luego de ocho debates en el Congreso de la República, se aprobó el 39,5.
Se espera la promulgación de una nueva ley de competencias en un plazo de dos años, que al cumplirse, las disposiciones del nuevo SGP entrarán en vigencia en 2027.
