María Corina Machado desfalcó el erario al hacer parte de una trama de corrupción, que lideró el opositor Juan Guaidó, y orquestó las sanciones financieras, comerciales y diplomáticas impuestas por Estados Unidos
Alberto Acevedo
La imagen de María Corina Machado como la candidata presidencial de un sector ampliamente mayoritario de la oposición democrática en Venezuela, que finalmente interpreta el sentimiento de una amplia franja de la población, ansiosa de un cambio en la dirección del timón del Estado, sin lugar a dudas, es una fabricación de los grandes medios de comunicación corporativos, no solo al interior de ese país bolivariano, sino en el exterior
María Corina no es como la pintan. Tiene un amplio prontuario delictivo, por el cual fue inhabilitada para el ejercicio de la política por quince años por la Contraloría General de la República. Se trata de delitos comunes, de robo y saqueo de recursos de la nación, de traición a la patria. Los delitos necesarios para que a esta hora estuviera purgando una larga pena de prisión.
La opositora desfalcó el erario de Venezuela al hacer parte de una trama de corrupción que lideró el exdiputado opositor Juan Guaidó. Orquestó las sanciones financieras, comerciales y diplomáticas impuestas por Estados Unidos y otras potencias occidentales, propiciando un criminal bloqueo económico que, a su vez, originó una crisis de desabastecimiento sin antecedentes en la historia del país.
Agenda golpista
Agitó entre sus seguidores la idea de la intervención militar norteamericana en Venezuela, y no fue ajena al intento golpista mercenario que se organizó desde Cúcuta y La Guajira para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
La Contraloría General documentó y probó la participación de María Corina en el despojo de varias empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, destacándose casos como la entrega de la empresa petrolera Citgo “con un valor aproximado de treinta y cuatro mil millones de dólares a la empresa canadiense Crystallex, por mil quinientos millones de dólares americanos. Esta acción causó un daño al patrimonio de la nación por unos 32.500 millones de dólares”.
A la líder opositora se le formulan cargos también por la entrega de la empresa Monómeros, que fue llevada a la quiebra, así como el secuestro y robo de treinta y una toneladas de oro venezolano, que se encuentran depositados en el Banco de Inglaterra.
Planes de desestabilización
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, que ratificó la inhabilidad de María Corina Machado, confirmando la decisión de la Contraloría General, refiere que otra causa para la inhabilitación de Machado es que ella incumplió las disposiciones establecidas en el artículo 191 de la Constitución venezolana, el cual indica que “los diputados a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva”.
En 2023, una Comisión Especial de la Asamblea Nacional investigó el alcance y responsabilidad de las confesiones del expresidente estadounidense Donald Trump contra Venezuela, presentando un informe en el que se demostró la participación de algunos dirigentes opositores en planes de desestabilización y robo de recursos del país bolivariano.
De acuerdo con el diputado Pedro Infante, presidente de esa comisión, se evidencia el delito de traición a la patria, siendo una de las implicadas la opositora María Corina Machado, pues en el comunicado de una organización firmado por ella, se solicitó la invasión de fuerzas extranjeras contra Venezuela.
El Acuerdo de Barbados
El diputado Infante aportó en ese momento un listado de algunos de los responsables de acciones contra la nación, que incluye a Juan Guaidó, David Smolansky, María Corina Machado, Leopoldo López, Henrique Capriles, Henry Ramos Allup, Tomás Guanipa y Juan Pablo Guanipa, Antonio Ledesma, Alberto Federico Ravell y William Dávila, entre otros.
El gobierno de Nicolás Maduro ha precisado que el sector de María Corina Machado no representa a toda la oposición y que un sector de ella se atiene a los llamados Acuerdos de Barbados, que llaman a una agenda para garantizar un proceso electoral transparente. A pesar de las dificultades surgidas, Maduro dice que respetará esos acuerdos, y ya se trabaja en esa agenda electoral, probablemente para el segundo semestre de este año.
Las autoridades venezolanas han precisado que el Acuerdo de Barbados no establece de manera explícita la obligación gubernamental de levantar la inhabilitación de Machado y facilitar el camino a su postulación presidencial. Indica sí que examinará los casos de varios miembros de la oposición sancionados. En el caso de Machado, la sentencia del TSJ establece que “su solicitud no cumple con los requerimientos establecidos y exigidos en el Acuerdo de Barbados firmado el 17 de octubre de 2023”.
