Violencia contra las mujeres no para. Movimiento de mujeres reclama frenar el feminicidio y negligencia estatal frente a los victimarios. Instituciones revictimizan a denunciantes por violencia de género.
Carolina Tejada Sánchez
Tres años después del asesinato de Rosa Elvira Cely, organizaciones y redes de mujeres, junto a las secretarias distritales de la Mujer y de Educación, marcharon el pasado domingo en Bogotá con el objetivo de rechazar el feminicidio y todo tipo de violencia contra la mujer.
En Bogotá, estos casos se mantienen, y el movimiento feminista y de derechos humanos han querido acuñar el término feminicidio como un concepto político y social que, aunque en Colombia no está tipificado como delito, se refiere a los asesinatos de mujeres, los cuales se comprenden “como una forma de violencia extrema (…) vinculada con la discriminación, pobreza y contraataque hacia ellas”, dicen expertos.
Las cifras en Bogotá
En la ciudad capital son múltiples los hechos de violencia hacia la mujer. Según los casos atendidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se demuestra que en lo corrido del 2010 al 2012 Bogotá reportó 426 asesinatos y solo en el 2012, esta cifra ascendió a 142 mujeres asesinadas.
En casos de violencia sexual, entre 2010 y 2012, este mismo instituto practicó 12.309 dictámenes sexológicos, de los cuales 10.014 eran a niñas entre los 10 y 14 años, y 3.350 a mujeres víctimas, adolescentes, jóvenes y mujeres en edad adulta. Este mismo informe demuestra que la edad en la que más se produce esta violación es entre los 5 y 9 años. La mayoría de estas acciones, perpetradas por un familiar, padrastro o alguien cercano.
Otra de las violencias que está en auge es la intrafamiliar. Medicina Legal, durante el año 2012, registró 31.129 casos de violencia física de pareja. Las mujeres jóvenes representan el mayor índice de agresión. Quien más agrede en estos casos es el compañero permanente con un 46,6%, el esposo 26,2%, el ex compañero 13,9%, el novio 5,2% y el ex esposo 4,0%.
Estas cifras no discriminan otras violencias tales como el acoso sexual y laboral, las mujeres quemadas por agentes químicos o por violencia psicológica; esta violencia tiene un componente intencional, su objetivo es herir a otra persona, maltratar sutilmente y no dejar huellas visibles, por eso es más complejo evidenciarlas y en muchos casos no se determina como violencia, por lo tanto, no se denuncia.
En el caso de las mujeres víctimas del conflicto armado, el Sistema de Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), para cierre de noviembre de 2012, en Bogotá, reportó 401.281 personas víctimas, de las cuales 203.358 eran mujeres.
Las acciones del Distrito
La creación de las casas de igualdad de oportunidades, los instrumentos de denuncia o ayuda como la línea púrpura, les permite a las mujeres denunciar todo tipo de agresión. Además se han adelantado campañas en medios de comunicación y se abre espacios de sensibilización y campañas en las localidades de Bogotá donde se presentan altos niveles de violencia contra la mujer.
Pero a pesar de que el Distrito viene adelantando políticas públicas en el sentido de la prevención y la denuncia, estas se han mostrado como insuficientes frente a los altos niveles de intolerancia y la violación y protección de los derechos de las mismas.
El caso de Rosa Elvira Cely, que generó un gran repudio en el país, parecía, por la indignación y la solidaridad del caso, ser el inicio de la concientización y el cese de estos crímenes en que una mujer fuera atacada con tanta crueldad. Sin embargo, el pasado año la Secretaría de la Mujer de Bogotá, reportó 118 casos de feminicidio, y se presentaron 25.190 casos de violencia contra la mujer.
Tras lo corrido del año, han sido asesinadas 35 mujeres, y aunque no se tenga la certeza de que las muertes respondan en su totalidad a feminicidios, sí es una tendencia que preocupa. Dentro de las cifras, se encuentran dos casos de mujeres, cuyos cuerpos muestran señales de tortura, fueron asesinadas y abandonadas en bolsas plásticas. La primera de ellas, una joven de 20 años, su cuerpo fue encontrado en la localidad de Engativá, la segunda mujer entre los 20 y 25 años y cuyo cuerpo mostraba señales de heridas de arma blanca y torturas, también fue abandona en una bolsa de basura, en la localidad de Bosa.
Qué pasa con las instancias judiciales
Según la Relatoría sobre los Derechos Humanos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Las mujeres sólo tendrán igualdad de acceso a la Justicia, y la violencia contra la mujer sólo será eliminada, cuando se construya una mentalidad que las conciba como iguales y no como inferiores, pues esta es la causa estructural de la violencia contra las mujeres”.
El movimiento por los derechos de las mujeres en Bogotá ha expresado su descontento frente a la permisividad de los jueces y de las competencias del Establecimiento que tienen como fin velar por los derechos de las mujeres. En ese mismo orden de ideas, para el 2008, la Corte Constitucional, al referirse a la justicia frente a la violencia contra la mujer, expresó que “La cultura política de los operadores de justicia sigue permeada por patrones de discriminación contra la mujer, en tanto no investigan los casos de acoso sexual adecuadamente, y cuando abren las investigaciones exigen niveles de prueba que no se corresponden con las dificultades propias de los casos de violencia”.
El tratamiento que se da a las mujeres, víctimas de la violencia ejercida por un hombre, está atravesado por la subjetividad de los jueces, agentes de policía o comisarias de familia. Incluso, algunas madres que han denunciado violencia sexual de sus hijas, como es el caso de la madre de una de las niñas violada por militares norteamericanos en Tolemaida, denunció a VOZ que el psicólogo que atendió el caso señaló a la menor de provocar la violación por usar falda.
Estas situaciones se presentan como repetitivas en muchas oportunidades y expresan, entre otras, la naturalización de la violencia contra la mujer, la dejación por tratar un fenómeno en ascenso y por otro lado, y ante la poca diligencia estatal, la existencia de víctimas ocultas que se abstienen de denunciar por falta de garantías.
Así lo evidenció la Corte con la sentencia T-878 en el 2014, al mencionar que “las prácticas de los funcionarios encargados de atender y orientar las mujeres víctimas de la violencia están lejos de honrar tales compromisos. En este punto, la Corte estima que si lo que busca el feminismo es que hombres y mujeres sean iguales, es obligatorio, por los mandatos constitucionales, que todos los jueces, hombres y mujeres por igual, se conviertan en feministas y reivindiquen los derechos de las mujeres víctimas de la violencia”.
